Exigen al gobierno del estado garantías para los hijos de la me’ phaa liberada tras estar presa por un aborto

Adriana Manzanares Cayetano estuvo siete años, nueve meses y tres días en prisión, sin culpa, por responsabilidad de las autoridades estatales, señala la presidenta de Camino con Alas, Eva García Estrada

Lourdes Chávez

Chilpancingo

La presidenta de Camino con Alas, Eva García Estrada, pidió garantías al gobierno del estado para los hijos de la indígena me’phaa, Adriana Manzanares Cayetano, liberada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el miércoles, porque están expuestos ante los medios de comunicación.
Aclaró que la joven no podrá acercarse a sus hijos mientras haya camarógrafos y fotógrafos rondando, y las autoridades deben asegurar la integridad física y emocional de los menores, pues ayer los niños se enteraron por reporteros de televisión de la liberación de su mamá. Consideró que presentar a los niños llorando en televisión implica un tratamiento morboso que puede dañarlos.
Recordó que Adriana salió de su comunidad en condiciones de mucha violencia, a unas 30 horas de haber tenido un aborto espontáneo el 18 de abril de 2006, y el 19 fue ingresada a la prisión de Ayutla, inculpada de homicidio calificado.
Añadió que en agosto de 2008 fue trasladada al penal de Chilpacingo, porque en Ayutla era la única mujer de la población penitenciaria, y esta fecha fue la que manejó el gobierno del estado en un boletín de prensa oficial, sobre su ingreso a prisión. La defensora de derechos humanos, cuestionó que este gobierno no se enteró de que Adriana estuvo dos años de reclusión en Ayutla
Precisó que la joven estuvo siete años, nueve meses y tres días en prisión, sin culpa, por responsabilidad de las autoridades estatales.
Por otro lado y en consulta telefónica, la directora del Centro Las Libres, Verónica Cruz Sánchez, adelantó que uno de los ministros de la SCJN, luego que se dictó la libertad inmediata por un amparo que la absuelve por completo de delito, va a emitir un voto particular.
Es decir, además del proyecto que se discutió por los cinco ministros, y del que aún esperan su publicación, otro ministro dijo que va a hacer un voto particular, en relación a la sentencia.
Explicó que la Suprema Corte públicamente sólo se pronunció por dos puntos del amparo, para determinar la libertad inmediata de la joven sentenciada a 32 años de prisión y luego a 22 en Guerrero, por homicidio calificado y luego en razón de parentesco.
Estos puntos son: violación al debido proceso y porque la indígena me’phaa no tuvo un traductor mientras era juzgada y sentenciada por homicidio calificado.
Señaló que en teoría, la SCJN tiene que pronunciarse por los 11 conceptos de violación a los derechos que se indicaron en el amparo: entre estos, la prueba de docimasia pulmonaria (para determinar circunstancia de la muerte) que se utilizó como prueba maestra para incriminar a Adriana, que no es científica y está carga da prejuicios morales.
Además, que no tuvo adecuada defensa, incluso se quedó en la indefensión, y nunca tuvo derecho a la presunción de inocencia.
En Chilpancingo, García Estrada señaló que en 2010 los organismo de derechos humanos conocieron del caso de Adriana, que desestimó la entonces secretaria de la Mujer, Rosa María Gómez Saavedra, aún sabiendo que Adriana era inocente.
Cuestionó que no existan políticas adecuadas para la atención de mujeres en situación de violencia e indefensión, salvo para las están metidas en política o las extranjeras, en alusión a la francesa Florence Cassez, acusada de secuestro, y que fue extraditada a su país para obtener su libertad.
Finalmente, García Estrada hizo responsable al gobierno estatal de los daños emocionales a los hijos de Adriana y a ella, ante la impotencia de ver expuestos a sus hijos ante la opinión pública.