Tlachinollan

Ante el vacío de poder: ¿crimen organizado o autodefensas?

*Centro de derechos humanos de la Montaña, Tlachinollan

 
La debilidad de las instituciones y su claudicación ante los negocios ilícitos de las mafias del poder; la proclividad de los cuerpos de seguridad de coludirse con los grupos del crimen organizado y el desvarío de las autoridades municipales y estatales, que con sus pésimas actuaciones ponen en evidencia su incapacidad y desfachatez para gobernar, han colocado a la ciudadanía en el umbral de la exasperación. Ante un panorama desolador donde proliferan  autoridades pusilánimes  que fácilmente sucumben ante el poder delincuencial, la población no tiene otra alternativa que encararlos con su propia fuerza para proteger su vida y su patrimonio.
En enero de 2013 los pueblos de Ayutla y Tecoanapa dieron la primera campanada a nivel estatal y demostraron de lo que son capaces cuando se organizan para salir a las calles a defender la vida y la seguridad de poblaciones secularmente abandonadas por los gobiernos caciquiles. La irrupción de las autodefensas en las cabeceras municipales y su contundencia para dar con los jefes de las bandas y sus casas de seguridad, fue una demostración del poder de convocatoria que tienen entre los habitantes  y el conocimiento profundo de la telaraña delincuencial que persiste con las fuerzas policiacas y militares. Las comunidades redescubrieron su poder para tomar el control de su territorio y para ejercer su derecho a la autoprotección. Saben ahora que la tranquilidad es un derecho que se pelea palmo a palmo contra las fuerzas que esquilman al pueblo. Por lo mismo, los policías ciudadanos, como suelen identificarse los grupos de autodefensa, son ahora actores sociales imprescindibles en la lucha contra el crimen organizado, que las autoridades no los pueden ignorar, descalificar, mucho menos perseguir o aniquilar.
Las autoridades, en lugar de asumir una postura crítica ante el fracaso de la estrategia nacional de seguridad y ante el crecimiento exponencial del crimen organizado en casi todas las regiones del estado, no han replanteado ni modificado la forma de operar y mucho menos de transformar y depurar los sistemas de seguridad pública y de procuración de justicia. En ningún momento el Ejecutivo estatal ha mostrado una postura firme para desmantelar todo el aparato delincuencial que se ha enquistado al interior de las instituciones gubernamentales. No hay voluntad para sanear a las instituciones ni para arruinar los negocios ilícitos de la delincuencia organizada que está sostenida y cobijada por los grupos políticos que se disputan parcelas de poder o que se preparan para pelear las próximas candidaturas.
Ante los riesgos de que las autodefensas logren extender su presencia y se acerquen a los centros del poder político y económico, las autoridades civiles y militares se preparan, pero no para combatir a las bandas criminales, sino para compeler a las policías ciudadanas para que desistan de su intención de entrar a la capital o al puerto. ¿Es en verdad el Estado de derecho que los pone recelosos y nerviosos o son más bien los intereses delincuenciales que están incrustados dentro del aparato gubernamental, y temen que si trastocan esta inmundicia,  los llevarán a la ruina? ¿Por qué el presidente de Acapulco se adelanta a decir, sin que se lo pidan, de que ojalá no entren las autodefensas al puerto? ¿En qué le afectaría, si van a coadyuvar para devolverle la seguridad que por años está ausente en las calles populosas de Acapulco? ¿Por qué las considera como fuerzas peligrosas y amenazantes, cuando son los grupos del crimen organizado los que han acabado con la tranquilidad, la vida y el patrimonio de las y los acapulqueños?
¿Por qué tanto afán del presidente de Chilpancingo de presionar a los comisarios del valle del Ocotito para que se deslinden públicamente de los grupos de autodefensa? ¿Por qué los policías federales y los militares no procedieron a detener a los cabecillas de las bandas criminales que pululan en la región? ¿Por qué tanto olvido y menosprecio a las comunidades rurales de Chilpancingo y Acapulco que no sólo están fuera del presupuesto, sino que no existen como sujetos de derecho?
Ahora resulta que los habitantes que han encontrado en los grupos de autodefensa una respuesta efectiva y contundente al arraigado problema de la inseguridad, se sienten intimidados y hasta amenazados por el presidente municipal de Chilpancingo, quien se resiste a reconocer a los policías ciudadanos como actores legítimos que están realizando la tarea que a él le corresponde, y  que de manera gratuita y a contrapelo de su voluntad están logrando lo que no ha podido hacer con presupuesto millonario.
Es en las comunidades rurales, en las periferias del estado, donde está emergiendo este movimiento de las autodefensas para enfrentar a las fuerzas poderosas del crimen organizado que en las regiones del Norte, Tierra Caliente, Acapulco, Costa Grande y zona Centro se han posicionado como fuerzas criminales que imponen su ley y que obligan a  la población a que trabaje para su causa.
Es en estas regiones donde las autoridades tienen que concentrar toda su fuerza para enfrentar la embestida del crimen organizado, sin embargo, lo que la gente siente y sufre es el vacío de poder, la ausencia de las autoridades, la complicidad y confabulación de las corporaciones policiacas y la renuncia a dar la batalla para que impere la ley y se respete la vida de decenas de familias desplazadas y amenazadas. Aquí no hay preocupación de que los grupos de la delincuencia organizada estén instalados en las cabeceras municipales y tengan en sus manos los hilos del poder y el control territorial. No representan una amenaza y un peligro para el sistema corrupto. Tampoco sus acciones violentas contra la población pobre del campo,  ponen en riesgo los grandes intereses políticos y económicos que se encuentran dentro de las agendas de los gobernantes y de los políticos trepadores. Más bien hay complementariedad de intereses y necesidades mutuas para seguir robusteciendo este aparato delincuencial que está supeditado a los intereses de las cúpulas partidistas.
Desde que la policía ciudadana se atrevió a desenmarañar toda la red de complicidades que existe entre la diversidad de actores políticos; miembros de corporaciones policiacas, elementos del Ejército y funcionarios municipales, con las bandas del crimen organizado, desde ese momento se volvieron disfuncionales al sistema y contrarios a los intereses delincuenciales que persisten dentro de las estructuras gubernamentales. Otra osadía fue la retención de decenas de militares en El Pericón por parte de la policía ciudadana, que vino a marcar la ruptura y una etapa de animadversión y confrontación con la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG),  que hasta la fecha sigue en la mirilla del Ejército de querer desarmarlos y  de detener a sus líderes más combativos. En su primer aniversario mostraron el arrastre y la fuerza que tienen: son las comunidades campesinas las que marcan este nuevo derrotero, para recuperar la seguridad en el campo y la ciudad. Los grupos de autodefensa son los que están llenando ese vacío de poder que de manera irresponsable dejaron en manos de la delincuencia organizada las autoridades de los tres niveles de gobierno. No solo han empobrecido a la población que vive y trabaja en el campo, sino que le han conculcado derechos y han desmantelado la economía campesina. El despojo y la devastación de la vida comunitaria se deshumaniza más con la ola criminal que ha suplantado a las autoridades municipales, para esquilmar a las familias depauperadas y segar su vida por no tener nada con qué negociar.
Las autoridades en lugar de actuar con severidad contra las fuerzas del orden que se han aliado con los grupos delincuenciales y comprometerse a desmantelar este sistema de corrupción, lanzan como siempre la piedra y la amenaza contra los policías ciudadanos, contra sus líderes y las autoridades comunitarias que los apoyan, para no permitir que continúen organizándose y multiplicándose. Preparan una ofensiva para contenerlos, para desarmarlos y para dejar en manos del crimen a la sociedad que se niega a ser rehén de los que han hecho del poder y la violencia el negocio más próspero de Guerrero.
Son bastantes las amenazas, las extorsiones, los secuestros y los asesinatos que provienen del crimen organizado, para que ahora las poblaciones rurales de Chilpancingo y de Acapulco que se han adherido a la Policía Ciudadana o que han anunciado la conformación de grupos de la Policía Comunitaria en La Parota, sean  intimidados y amenazados  por las autoridades estatales y municipales, a causa de su tenacidad y firme decisión para organizarse de manera libre e independiente con el fin supremo de defender colectivamente sus derechos y restablecer el orden, la paz y la justicia, tan negadas y ausentes en estas regiones, donde solo los rifles AR-15 con sus ráfagas nos aturden para recordarnos que no hay más ley que la que esparce la sangre y arranca la vida por unas monedas. Ante el vacío de poder y en medio de la violencia,  la gente pregunta ¿a quién asirse? ¿A las bandas del crimen organizado o a las autodefensas?