Entrará la autodefensa a la capital si las autoridades no ponen orden, advierten comerciantes y UPOEG

*En conferencia de prensa conjunta Damián Huato y Martínez Toledo acusan que las autoridades los criminalizan, hostigan y amenazan por buscar la auto protección. Del gobierno federal le advirtieron que “ya le baje y le pare”, informa Bruno Plácido. La Procuraduría de Justicia del estado reactivó 40 órdenes de aprehensión contra la Policía Ciudadana, denuncia. La delincuencia no es organizada sino “tolerada”, afirma. Agentes federales le dijeron a su hijo que lo investigan, denuncia Pioquinto

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Sin plazos, dirigentes de empresarios y comerciantes de esta capital y el coordinador del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadano (SSJC), Bruno Plácido Valerio, dieron ayer un “ultimátum” a los tres órdenes de gobierno para que “pongan orden” y resuelvan el problema de inseguridad y violencia en Chilpancingo, de lo contrario advirtieron que entrará a hacerlo la Policía Ciudadana.
Empresarios y comerciantes de la capital encabezados por Pioquinto Damián Huato y Víctor Manuel Martínez Toledo, ofrecieron una conferencia de prensa conjunta con el también dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido en la oficina de Damián Huato, en el centro de la ciudad.
Bruno Plácido aseguró que ya se reúnen en los pueblos de Acahuizotla y Mazatlán, esta población está ubicada a unos 10 kilómetros al sur de la capital, para que entren allí los policías ciudadanos, pues tienen información de que se han trasladado a estas poblaciones los delincuentes que fueron echados de los pueblos del valle del Ocotito, ocupados desde el jueves de la semana pasada por la autodefensa.
Los dirigentes empresariales y el de la UPOEG denunciaron que el gobierno en vez de actuar en contra de la delincuencia para erradicar la violencia y la inseguridad ha comenzado a criminalizar, hostigar, amenazar y a perseguir a los dirigentes para que cesen las acciones que han iniciado para la auto protección de los ciudadanos.
Plácido denunció que en respuesta al avance de la Policía Ciudadana, que el jueves llegó a ocho pueblos del valle del Ocotito, el gobierno federal envió a un emisario el domingo a decirle que “ya le baje y le pare”. No dio detalles al respecto pero dijo que la amenaza vino del gobierno federal y que no hubo ningún ofrecimiento de diálogo a cambio.
Denunció que tienen información de que la Procuraduría de Justicia del estado ha reactivado 40 órdenes de aprehensión en contra de promotores de la UPOEG, de coordinadores y comandantes del SSJC, por presuntos delitos que han cometido en las acciones contra la delincuencia en diversos municipios.
Agregó que cuentan con información de que desde la Procuraduría de Justicia estatal están asesorando a los familiares de los detenidos por el SSJC para que presenten las denuncias en contra de los dirigentes.
Dijo que el gobierno estatal y el municipal de Chilpancingo están presionando y amenazando a los comisarios de los pueblos en donde ha comenzado a operar la Policía Ciudadana para que no respalden el movimiento, por eso informó que de los 8 pueblos del valle del Ocotito, sólo el comisario de Mojoneras está respaldándolos.
El dirigente empresarial Damián Huato acusó que el gobierno estatal y federal quieren criminalizarlo y que a las 3:00 de la madrugada de ayer fueron a dejar afuera del auto lavado de su hijo, ubicado a orillas del encauzamiento Alejandro Cervantes Delgado de la colonia Benito Juárez, un vehículo desvalijado, con intenciones de inculparlo en el caso.
Agregó que las 3:00 de la tarde del domingo fueron agentes federales a decirle que su padre ha estado haciendo denuncias en contra de la delincuencia y que no sería irónico que fuera encontrado responsable también él de algún ilícito, “lo están investigando”, le habría advertido el agente al hijo del empresario.
Antes, Piquinto Damián dijo que los empresarios y comerciantes tienen un “absoluto respecto” al Estado de derecho “y esperamos que la autoridad también garantice ese Estado de derecho y que haya comprensión y respuesta de parte del gobierno enfocada a resolver el problema de la inseguridad que estamos reclamando”.
Recordó que la Constitución obliga al gobierno federal y de los estados a prevenir y perseguir los delitos, y a impartir justicia, pero que en el caso de Guerrero el gobierno está incumpliendo con ese mandato constitucional.
“Ustedes deben de darse cuenta que en el valle del Ocotito los ciudadanos estaban viviendo un infierno, las autoridades lo sabían y la respuesta del presidente municipal fue retirar los cuatro policías municipales que había ante la ola de secuestros, extorsiones y cobro de derecho de piso”, denunció.
Aseguró que en Chilpancingo la situación está igual y reiteró que sí fueron levantados los carniceros entre el viernes y el sábado pasado, información que negaron las autoridades municipales basados en reportes militares y de la Policía Estatal.
Dijo que tiene información de que son mayoristas e introductores de carne de puerco, pero que ya liberaron a algunos. Aseguró que él tiene los nombres de cuatro de los comerciantes que fueron levantados.
El domingo el secretario de Seguridad Pública Municipal, Antonio García Bello aseguró que ese delito era falso, pero ayer el dirigente empresarial volvió a reiterar que los comerciantes sí fueron levantados por delincuentes a pesar de la presencia del Ejército y policías en la zona.
“Por eso yo creo que es muy justo que como ciudadanos exijamos a los diferentes niveles de gobierno que cumplan con el Estado de derecho. Nosotros cumplimos con el Estado de derecho porque no pueden exigirnos lo que ellos no cumplen”, dijo Damián.
Dijo que no es posible y que no es justo que puedan estar por encima del Estado de derecho el gobierno y los delincuentes, “nosotros queremos que se respete el Estado de derecho para todos”.
Damián Huato denunció que las bandas de delincuentes están acudiendo a las colonias marginadas y pobres en donde reclutan a jóvenes con la promesa de pagarles 5 mil pesos a la quincena por unirse a sus filas, pero al final no les pagan y les retribuyen su trabajo con droga, sin embargo dijo que las autoridades no están haciendo nada para frenar esto, “no es muy complicado investigar, cuando quieren bien que detienen a quien les interesa”.
Insistió en que los empresarios de Chilpancingo lo único que quieren es paz, seguridad y tranquilidad, “pero no por pedirlo que nos traten de desprestigiar y criminalizar”.
Después, sin dar un plazo, advirtió que si las autoridades no frenan los secuestros, los levantones, las extorsiones y el cobro de derecho de piso, los ciudadanos y los comerciantes estarían en su derecho de buscar las formas de auto protegerse.
A la pregunta de un reportero, en el sentido de si aceptarían el ingreso de la Policía Ciudadana en la capital, el dirigente empresarial respondió que “contemplaríamos todas las posibilidades”.
Informó que la Asamblea Ciudadana del Anáhuac, integrada por organizaciones sociales, colonias, comerciantes y empresarios de Chilpancingo, respalda el trabajo de la autodefensa en otros municipios.
Al respecto, el coordinador del SSJC  dijo que si “el pueblo” se organiza y solicita el respaldo de la Policía Ciudadana entrará a Chilpancingo, y agregó que en Acahuizotla y Mazatlán ya se están organizando para conformar a su propia Policía Ciudadana, porque tienen información de que se han ido a esos pueblos los delincuentes que salieron del valle del Ocotito.
“Permitamos que los empresarios y los ciudadanos empiecen a decidir conjuntamente. Ya sabemos que están hartos pero que empiecen a decidir, si están de acuerdo en que entre la Policía Ciudadana o si le dan otra oportunidad al gobierno para que ponga orden en Chilpancingo, porque nosotros ya llegamos a Ocotito y vamos a llegar hasta Mazatlán, por eso nos mandaron a decir que le bajemos y que nos calmemos”, expresó Plácido Valerio.
Manifestó que la delincuencia que opera en estos pueblos no es organizada, sino “tolerada”, y que el gobierno a la hora que quiera puede poner orden “porque los delincuentes son visibles y conocidos, todo mundo los conoce por sus apodos. Otros incluso han sido detenidos, pero luego han sido liberados” y mencionó el caso del ex director de Seguridad Pública de Tierra Colorada, Oscar Ulises Valle García, quien fue detenido por la Policía Ciudadana y luego liberado por la Procuraduría, “y hoy se pasea en Chilpancingo impunemente”.
Ante la posibilidad de que el gobierno recurra al desarme de la Policía Ciudadana, Plácido Valerio dijo que no puede adelantar cual será su actitud o respuesta, “vamos a esperar el desarme y después veríamos cual será la reacción, un gobernante no puede someter a todo un pueblo sólo porque se organiza para defender sus intereses”.
El promotor del SSJC informó que ha pedido la observación de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ante la posibilidad de que se cometa un atropello en contra de la Policía Ciudadana. Informó que actualmente están en espera de la respuesta del organismo.