Aguirre, dispuesto a “avanzar en una ley de amnistía” para liberar a líderes sociales presos

*Acordó el gobernador con representantes del MPG crear una fiscalía especial para investigar los asesinatos de dirigentes

Jacob Morales Antonio

Chilpancingo

El Movimiento Popular Guerre-rense (MPG) solicitó al gobernador Ángel Aguirre Rivero la creación de una fiscalía especial para investigar los asesinatos de líderes sociales.
En una reunión realizada en la residencia oficial Casa Guerrero, los integrantes del MPG reiteraron a Aguirre Rivero el llamado al gobierno del estado para esclarecer los 15 asesinatos de líderes sociales ocurridos en el gobierno de Aguirre Rivero, que siguen impunes, y la liberación mediante una amnistía de los 13 policías comunitarios presos por el gobierno, acusados de secuestros, terrorismo y portación ilegal de armas de fuego.
Al encuentro asistieron el dirigente de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG), Ramos Reyes Guerrero; el dirigente del Frente de Organizaciones Democráticas del Estado de Guerrero (Fodeg),? Bertoldo Martínez Cruz, y familiares de los líderes asesinados.
Tras el encuentro, en declaraciones, la dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), Norma Mesino Mesino, señaló que el próximo miércoles se definirá quiénes integrarán esta fiscalía y como operará.
Expresó que la fiscalía tendrá la figura jurídica para investigar los casos de los asesinatos, “esperemos que con esto puedan dar resultados a la necesidad de la libertad de los presos y a la investigación de los crímenes”, donde se contempla el caso de su hermana Rocío, asesinada el 18 de octubre pasado.
Por su parte, el gobierno en un boletín expresó “su voluntad real y no demagógica para avanzar en una ley de amnistía en Guerrero, que fue uno de sus compromisos durante su campaña”, en referencia al gobernador Aguirre Rivero.
En la reunión también participó el secretario general de Gobierno, Jesús Martínez Garnelo, el de Finanzas y Administración, Jorge Salgado Leyva, y el procurador de justicia, Iñaki Blanco Cabrera.