Unos mil vecinos de El Ocotito cierran el paso a convoy del Ejército

*Pernoctan en la vía para cuidar a los policías ciudadanos

*Sobrevuela la zona un helicóptero artillado de la Marina

*Va Mario Moreno al lugar y comisarios del valle le piden que solicite la salida de los militares y que reconozca a la autodefensa

*Entrará ésta a Chilpancingo si las autoridades no ponen orden, advierten comerciantes y UPOEG

*En San Marcos soldados impiden el paso a refuerzos y los dejan ir ante la presión de vecinos

Paran mil vecinos en El Ocotito a militares para defender a la Policía Ciudadana

*Cierran la carretera e impiden que pase un convoy de 20 camionetas y un camión llenos de soldados. Pernoctan en la vía para cuidar a la autodefensa. Sobrevuela la zona un helicóptero artillado de la Marina. Impide el Ejército el paso de refuerzos de la UPOEG de Tecoanapa al valle

Lourdes Chávez

El Ocotito, Chilpancingo

Alrededor de las 6:20 de la noche unas mil personas de varias comunidades del valle del Ocotito impidieron el paso a un convoy de 20 camionetas y un camión de soldados de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), por la carretera México-Acapulco, luego de un día de mucha tensión por versiones de que lo militares irían a desarmar a los integrantes de la Policía Ciudadana.
A las 5 de la tarde trascendió que los soldados iban de Chilpancingo y en las localidades tocaron las campanas en señal de que se acercaban, como se acordó a medio día que se organizaron para la defensa de los integrantes del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana (SSJC) de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) que opera en la zona desde la mañana del jueves.
Los vecinos cerraron la vía entre la comunidad de El Ocotito y Mojoneras y cantaron el Himno Nacional, lo que hizo retroceder a los militares unos 300 metros.
A las 7:30 de la noche dos comisarios del valle, promotores de la autodefensa y algunos ciudadanos organizaron una asamblea sobre la vía federal, cerrando el paso vehicular, para informar los resultados de una reunión que sostuvieron momentos antes con el alcalde de Chilpancingo, Mario Moreno Arcos.
Informaron que en ese encuentro exigieron un diálogo abierto entre civiles, sin militares, y que se definiría el tipo policía de los pueblos que se va a organizar para su defensa, porque los gobiernos federal, estatal y municipal tuvieron la oportunidad de resolver el problema y no hicieron nada.
A las 8:20 se abrió el paso a los vehículos y pasaron tres camionetas militares entre los manifestantes, en tanto los promotores pedían a la población no caer en provocaciones; minutos después pasó el resto, lo que fue vitoreado por la población.
Desde el medio día comenzó a circular la versión de que soldados irían a desarmar a los policías ciudadanos que llegaron de varias comunidades de Costa Chica a realizar labores de seguridad y vigilancia en esta zona de la región Centro del estado.
Esto motivó la concentración de unas 500 personas en el cuartel improvisado que se instaló en una bodega de materiales para respaldarnos.
La manifestación se extendió del medio día a las 4:00 de la tarde, y fue vigilada por un helicóptero de la Marina que desde el aire les tomó fotografías, y se pudo constatar que los militares en el aire iban armados con metralletas de alto poder.
El conflicto surgió porque entre las 11 de la mañana soldados en cinco camionetas llegaron hasta a la gasolinería de Mojoneras, a unos metros de la bodega que materiales que la Policía Ciudadana utiliza como comandancia, ahí los militares tomaron fotografías a los activistas de la autodefensa.
A esto se sumó que en la colonia Lázaro Cárdenas, en la comunidad de El Limón, municipio de Tecoanapa, se instaló un nuevo retén de militares que impidió el paso a algunos grupos del SSJC que iban a reforzar las acciones en el valle de El Ocotito, denunció el promotor de la UPOEG, Gonzalo Torres; aunado a las declaraciones de las autoridades estatales que exigían el desarme de los civiles para continuar en las acciones de seguridad en el municipio de Chilpancingo.
El dirigente dijo que las autoridades institucionales han menospreciado los clamores del pueblo, y reprochó su indolencia a los reclamos de seguridad, “como no han podido dar solución a esto la gente está acudiendo a nosotros”.
Denunció que la presencia militar es una amenaza para la Policía Ciudadana, una medida de presión para los ciudadanos, pero insistió en que la UPOEG no tiene nada contra nadie, “lo único que queremos es tener paz”.
Cuestionó por qué, si el Ejército siempre ha tenido retenes en el valle del Ocotito nunca ubicó el plantío de amapola que encontró la autodefensa en tres días de operaciones, y tampoco vio o no quiso ver los secuestros, asesinatos, y extorsiones que padecía la población.
“Nosotros pedimos que pusieran orden, si no tendríamos que entrar nosotros y no nos creyeron o menospreciaron esta posibilidad, hasta que la gente explotó”, recordó.
Ayer trascendió que la entrada de la Policía Ciudadana a El Ocotito estaba prevista para el 8 agosto, pero todo cambió cuando la autodefensa cerró el paso en la comunidad de El Pericón, donde retuvieron por tres días a un centenar de soldados.
Aunque no lleguen o se releven los grupos de la Policía Ciudadana (que en El Ocotito llaman comunitaria) Gonzalo Torres indicó que tienen capacidad de respuesta en caso de alguna contingencia, “para nosotros la organización de los pueblos es lo más importante, nosotros sólo le estamos dando la asesoría”.
Ayer en el día se colocó una bocina frente a la base de la Policía Ciudadana y prácticamente se organizó una verbena popular entre los vecinos que se sumaban de uno y otro lado de la carretera federal, participando en la actividad política donde varios vecinos hicieron un reconocimiento de su labor mediante porras y aplausos.
En ese momento no hubo bloqueos en la carretera y se observó en varias ocasiones a la camioneta de los policías ciudadanos en los recorridos, así como de una camioneta de la Policía Ministerial que llegó a los pueblos, y se informó que se les iba a pedir que salieran del valle porque los antecedentes de esta corporación, antes Policía Judicial, es que trabajan con madrinas (como llaman a los ladrones que someten y a quienes luego tienen de informantes), y aseguraron que a éstos les prestan sus armas para que asalten y les paguen una cuota.
También pasó por el lugar una camioneta de observadores de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), y a las 2:40 de la tarde cruzó el aire el helicóptero de la Marina que sobrevoló por un momento la protesta.
Gonzalo Torres señaló que ha habido helicópteros militares durante los tres días, así como ha sucedido en otras cabeceras municipales, haciendo labores de reconocimiento, “pero no es otra cosa que una táctica de intimidación y que tristeza que eso ocurra (porque) queremos tener paz, armonía, un desarrollo común, pero ante el vacío de los tres niveles, no hay de otra que organizarse”.
Reiteró que la UPOEG no está para impartir justicia ni para perseguir delitos, “solamente estamos para poner el orden, pero habrá algunas personas a las que sí se les esté aplicando la reeducación”.
Recordó que en Ayutla tienen una Casa de Justicia en El Mesón,  porque no tienen otra alternativa, “ya que los tres niveles de gobierno no sabemos si están rebasados o no quieren ver su responsabilidad. No queremos hacernos justicia por nuestra propia mano, sino que es una imperiosa necesidad”.
En la noche durante la asamblea se acordó que los activistas de los pueblos se quedarían a dormir en la carretera, junto a la base de la Policía Ciudadana para resguardarlos. En este sentido, también aprobaron suspender las clases en algunas escuelas, por el desvelo de la población.
Asimismo se aprobó realizar la asamblea con el alcalde Mario Moreno Arcos hoy a las 4 de la tarde en la base de la Policía Ciudadana para definir el tipo de policía de los pueblos van a instituir en el valle del Ocotito.

Que reconozca a la autodefensa y pida la salida del Ejército, solicitan a Mario Moreno en El Ocotito

*Las autoridades rompieron el diálogo con el Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadano, recuerda Bruno Plácido. Los crímenes los han golpeado,  reconoce el alcalde de Chilpancingo, pero los llama a “ver hacia adelante” y actuar en el marco legal

Lourdes Chávez

El Ocotito, Chilpancingo

Comisarios y representantes de los pueblos del valle del Ocotito pidieron al presidente municipal Mario Moreno Arcos el reconocimiento de la Policía Ciudadana de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) para que se encargue de las acciones de seguridad en este territorio, en una reunión en la comisaría ejidal.
El alcalde reconoció que en el valle del Ocotito han ocurrido situaciones que los han  “lastimado”, sin mencionar los delitos de los que los ciudadanos han sido víctimas,  incluso, señaló que retiró a la Policía Municipal de estos pueblos sin precisar las razones, pero se sostuvo en que las autodefensas deben ajustarse al marco de la ley.
El encuentro se vio enrarecido por la presencia de seis camionetas de soldados que se estacionaron afuera de la comisaría municipal, y que se retiraron luego que los representantes de tres poblados del valle demandaron un diálogo entre civiles, sin militares.
Mientras, en la carretera, los uniformados fueron replegados durante dos horas por unos mil ciudadanos que se concentraron en la base de la Policía Ciudadana, para impedirles en paso, en la carretera, rumbo a Acapulco.
En el encuentro los representantes de Dos Caminos advirtieron a Moreno Arcos que no habría diálogo en tanto haya militares en los pueblos, porque estimaron que quiere a sacar a los integrantes de Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana (SSJC) que llegaron el jueves a encargarse de las acciones de seguridad, que en su momentono hicieron los soldados.
Luego de que el alcalde manifestó su intención de diálogo para buscar soluciones en el marco de la ley, los comisarios de Mojoneras y Buena Vista denunciaron que fueron amenazados de muerte, ellos y sus familias.
De la comunidad de Buena Vista de la Salud, Alberto Jiménez dijo que cuando aceptó el cargo honorífico de comisario no esperaba encontrarse en esta situación, sin embargo, “este problema ha llegado al límite, desgraciadamente se ha dejado avanzar bastante y en esta reunión esperamos más que palabras: un plan de acción”.
Añadió, “yo sólo esperaba obtener mejoras para mi pueblo, pero nunca piensas que vas a dar la cara y a arriesgar tu propia vida. Mi familia y su servidor fuimos amenazados de muerte y como representante de la comunidad no teníamos que pasar por esto”.
Afirmó que es mejor morir de pie que vivir de rodillas, “no hay que temer a 10 o 15 hombres armados que llegan a una casa a llevarse a su hija o a su esposa para violarla, o para llevarse los ahorros de toda tu vida, queremos platicar para llegar a acuerdos, que nos den una solución”.
El comisario de Mojoneras, Leonel Rodríguez, con la voz quebrada informó que además de las amenazas de muerte para él y su familia fue levantado, pero está decidido a emprender esta lucha y aclaró que no es por voluntad suya, “tenemos que respetar la decisión del pueblo, y en lo personal no hay marcha atrás”.
Añadió que siente tristeza porque  no es justo ser víctima de un levantón y de amenazas constantes, “te hacen titubear, pero ahora que estamos aquí tengo que apoyar a mi pueblo”.
En la reunión, el dirigente de la UPOEG, Bruno Plácido Valerio le recordó a Moreno Arcos que hace meses le habló de la inseguridad en el valle del Ocotito, y antes tuvo una mesa de diálogo con el secretario de Gobernación federal para pedirle un programa de prevención del delito en los municipios de Costa Chica que se habían levantado en armas como autodefensa.
Sin embargo, las autoridades rompieron el diálogo y en el Congreso local tampoco hicieron caso a las demandas de consulta ciudadana para atender el problema de la inseguridad, y en esta ocasión pidió al alcalde que otorgue el aval a la Policía Ciudadana en los pueblos de El Ocotito.
El alcalde coincidió en que le interesa la paz y tranquilidad, “lamentablemente  ha habido acciones que nos han golpeado, hoy hay que ver hacia adelante”.
También en emprender acciones coordinadas por una policía de los pueblos ya sea rural (como establece la nueva ley estatal que propuso el gobernador pero que no opera porque no existe un reglamento), ciudadana o comunitaria, “pero que sea de los pueblos, no quiero traer a los policías (del Ayuntamiento), saben que después de algunas acciones que se cometieron por policías preventivos yo instruí que los sacaran, y en acuerdo con el (gobierno del) estado se iba a buscar reemplazarlos con estatales”.
Coincidió con los métodos de la UPOEG para establecer la ruta de acción a través de asambleas, e incluso propuso dar un pago a los policías de los pueblos “porque la gente no come aire”.
Solicitó que no se incluya a gente que ha delinquido porque sería volver a lo mismo, es decir, a corporaciones coludidas con la delincuencia.
Destacó que el Congreso del estado aprobó la Ley para la creación de la Policía Rural y consideró que en un momento determinado el Ejército debe apoyar a los pueblos, “cuando ya tengamos puntos establecidos”.
Sin embargo los representantes de Dos Caminos que se sumaron a la reunión explicaron que el comisario renunció porque lo amenazaron, y recordaron que el Ejército tuvo su oportunidad y no aprovechó. Consideraron que si va a sus pueblos que vaya ya que hayan consolidado su organización.
Cuando el alcalde concluyó la reunión un joven de 21 años pidió que lo escuchara y lo exhortó a que cumpla con el papel que le corresponde, y que pida la salida del Ejército, de lo contrario habrá confrontación y división. Insistió en que los militares no han hecho nada por la seguridad en el valle de El Ocotito. Bruno Plácido coincidió en que la presencia de soldados “calienta las cosas”.
Moreno Arcos se dijo dispuesto a acudir cuantas veces fuera necesario y en una asamblea que se realizó sobre la carretera federal México-Acapulco se aprobó el encuentro para hoy a las 4:00 de la tarde, y por la noche cientos de personas se quedaron a dormir en la calle para resguardar a los policías ciudadanos, otros llevaron víveres y cobertores.

Entrará la autodefensa a la capital si las autoridades no ponen orden, advierten comerciantes y UPOEG

En conferencia de prensa conjunta Damián Huato y Martínez Toledo acusan que las autoridades los criminalizan, hostigan y amenazan por buscar la auto protección. Del gobierno federal le advirtieron que “ya le baje y le pare”, informa Bruno Plácido. La Procuraduría de Justicia del estado reactivó 40 órdenes de aprehensión contra la Policía Ciudadana, denuncia. La delincuencia no es organizada sino “tolerada”, afirma. Agentes federales le dijeron a su hijo que lo investigan, denuncia Pioquinto

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Sin plazos, dirigentes de empresarios y comerciantes de esta capital y el coordinador del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadano (SSJC), Bruno Plácido Valerio, dieron ayer un “ultimátum” a los tres órdenes de gobierno para que “pongan orden” y resuelvan el problema de inseguridad y violencia en Chilpancingo, de lo contrario advirtieron que entrará a hacerlo la Policía Ciudadana.
Empresarios y comerciantes de la capital encabezados por Pioquinto Damián Huato y Víctor Manuel Martínez Toledo, ofrecieron una conferencia de prensa conjunta con el también dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido en la oficina de Damián Huato, en el centro de la ciudad.
Bruno Plácido aseguró que ya se reúnen en los pueblos de Acahuizotla y Mazatlán, esta población está ubicada a unos 10 kilómetros al sur de la capital, para que entren allí los policías ciudadanos, pues tienen información de que se han trasladado a estas poblaciones los delincuentes que fueron echados de los pueblos del valle del Ocotito, ocupados desde el jueves de la semana pasada por la autodefensa.
Los dirigentes empresariales y el de la UPOEG denunciaron que el gobierno en vez de actuar en contra de la delincuencia para erradicar la violencia y la inseguridad ha comenzado a criminalizar, hostigar, amenazar y a perseguir a los dirigentes para que cesen las acciones que han iniciado para la auto protección de los ciudadanos.
Plácido denunció que en respuesta al avance de la Policía Ciudadana, que el jueves llegó a ocho pueblos del valle del Ocotito, el gobierno federal envió a un emisario el domingo a decirle que “ya le baje y le pare”. No dio detalles al respecto pero dijo que la amenaza vino del gobierno federal y que no hubo ningún ofrecimiento de diálogo a cambio.
Denunció que tienen información de que la Procuraduría de Justicia del estado ha reactivado 40 órdenes de aprehensión en contra de promotores de la UPOEG, de coordinadores y comandantes del SSJC, por presuntos delitos que han cometido en las acciones contra la delincuencia en diversos municipios.
Agregó que cuentan con información de que desde la Procuraduría de Justicia estatal están asesorando a los familiares de los detenidos por el SSJC para que presenten las denuncias en contra de los dirigentes.
Dijo que el gobierno estatal y el municipal de Chilpancingo están presionando y amenazando a los comisarios de los pueblos en donde ha comenzado a operar la Policía Ciudadana para que no respalden el movimiento, por eso informó que de los 8 pueblos del valle del Ocotito, sólo el comisario de Mojoneras está respaldándolos.
El dirigente empresarial Damián Huato acusó que el gobierno estatal y federal quieren criminalizarlo y que a las 3:00 de la madrugada de ayer fueron a dejar afuera del auto lavado de su hijo, ubicado a orillas del encauzamiento Alejandro Cervantes Delgado de la colonia Benito Juárez, un vehículo desvalijado, con intenciones de inculparlo en el caso.
Agregó que las 3:00 de la tarde del domingo fueron agentes federales a decirle que su padre ha estado haciendo denuncias en contra de la delincuencia y que no sería irónico que fuera encontrado responsable también él de algún ilícito, “lo están investigando”, le habría advertido el agente al hijo del empresario.
Antes, Piquinto Damián dijo que los empresarios y comerciantes tienen un “absoluto respecto” al Estado de derecho “y esperamos que la autoridad también garantice ese Estado de derecho y que haya comprensión y respuesta de parte del gobierno enfocada a resolver el problema de la inseguridad que estamos reclamando”.
Recordó que la Constitución obliga al gobierno federal y de los estados a prevenir y perseguir los delitos, y a impartir justicia, pero que en el caso de Guerrero el gobierno está incumpliendo con ese mandato constitucional.
“Ustedes deben de darse cuenta que en el valle del Ocotito los ciudadanos estaban viviendo un infierno, las autoridades lo sabían y la respuesta del presidente municipal fue retirar los cuatro policías municipales que había ante la ola de secuestros, extorsiones y cobro de derecho de piso”, denunció.
Aseguró que en Chilpancingo la situación está igual y reiteró que sí fueron levantados los carniceros entre el viernes y el sábado pasado, información que negaron las autoridades municipales basados en reportes militares y de la Policía Estatal.
Dijo que tiene información de que son mayoristas e introductores de carne de puerco, pero que ya liberaron a algunos. Aseguró que él tiene los nombres de cuatro de los comerciantes que fueron levantados.
El domingo el secretario de Seguridad Pública Municipal, Antonio García Bello aseguró que ese delito era falso, pero ayer el dirigente empresarial volvió a reiterar que los comerciantes sí fueron levantados por delincuentes a pesar de la presencia del Ejército y policías en la zona.
“Por eso yo creo que es muy justo que como ciudadanos exijamos a los diferentes niveles de gobierno que cumplan con el Estado de derecho. Nosotros cumplimos con el Estado de derecho porque no pueden exigirnos lo que ellos no cumplen”, dijo Damián.
Dijo que no es posible y que no es justo que puedan estar por encima del Estado de derecho el gobierno y los delincuentes, “nosotros queremos que se respete el Estado de derecho para todos”.
Damián Huato denunció que las bandas de delincuentes están acudiendo a las colonias marginadas y pobres en donde reclutan a jóvenes con la promesa de pagarles 5 mil pesos a la quincena por unirse a sus filas, pero al final no les pagan y les retribuyen su trabajo con droga, sin embargo dijo que las autoridades no están haciendo nada para frenar esto, “no es muy complicado investigar, cuando quieren bien que detienen a quien les interesa”.
Insistió en que los empresarios de Chilpancingo lo único que quieren es paz, seguridad y tranquilidad, “pero no por pedirlo que nos traten de desprestigiar y criminalizar”.
Después, sin dar un plazo, advirtió que si las autoridades no frenan los secuestros, los levantones, las extorsiones y el cobro de derecho de piso, los ciudadanos y los comerciantes estarían en su derecho de buscar las formas de auto protegerse.
A la pregunta de un reportero, en el sentido de si aceptarían el ingreso de la Policía Ciudadana en la capital, el dirigente empresarial respondió que “contemplaríamos todas las posibilidades”.
Informó que la Asamblea Ciudadana del Anáhuac, integrada por organizaciones sociales, colonias, comerciantes y empresarios de Chilpancingo, respalda el trabajo de la autodefensa en otros municipios.
Al respecto, el coordinador del SSJC  dijo que si “el pueblo” se organiza y solicita el respaldo de la Policía Ciudadana entrará a Chilpancingo, y agregó que en Acahuizotla y Mazatlán ya se están organizando para conformar a su propia Policía Ciudadana, porque tienen información de que se han ido a esos pueblos los delincuentes que salieron del valle del Ocotito.
“Permitamos que los empresarios y los ciudadanos empiecen a decidir conjuntamente. Ya sabemos que están hartos pero que empiecen a decidir, si están de acuerdo en que entre la Policía Ciudadana o si le dan otra oportunidad al gobierno para que ponga orden en Chilpancingo, porque nosotros ya llegamos a Ocotito y vamos a llegar hasta Mazatlán, por eso nos mandaron a decir que le bajemos y que nos calmemos”, expresó Plácido Valerio.
Manifestó que la delincuencia que opera en estos pueblos no es organizada, sino “tolerada”, y que el gobierno a la hora que quiera puede poner orden “porque los delincuentes son visibles y conocidos, todo mundo los conoce por sus apodos. Otros incluso han sido detenidos, pero luego han sido liberados” y mencionó el caso del ex director de Seguridad Pública de Tierra Colorada, Oscar Ulises Valle García, quien fue detenido por la Policía Ciudadana y luego liberado por la Procuraduría, “y hoy se pasea en Chilpancingo impunemente”.
Ante la posibilidad de que el gobierno recurra al desarme de la Policía Ciudadana, Plácido Valerio dijo que no puede adelantar cual será su actitud o respuesta, “vamos a esperar el desarme y después veríamos cual será la reacción, un gobernante no puede someter a todo un pueblo sólo porque se organiza para defender sus intereses”.
El promotor del SSJC informó que ha pedido la observación de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ante la posibilidad de que se cometa un atropello en contra de la Policía Ciudadana. Informó que actualmente están en espera de la respuesta del organismo.

Paran soldados a un convoy de la Policía Ciudadana que iba al Ocotito; pasa tras la presión de vecinos

De la corresponsalía

San Marcos

Alrededor de las 6:30 de la tarde de ayer unos 200 policías ciudadanos de los municipios de Tecoanapa, Ayutla y San Marcos se dirigían a la comunidad de El Ocotito, en Chilpancingo, para reforzar a los policías ciudadanos de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) que resguardan ocho poblaciones desde el jueves de la semana pasada.
El comandante regional de la autodefensa, Ernesto Gallardo Grande dijo vía telefónica que unos 60 militares les impidieron el paso en el crucero de Las Cruces, en San Marcos, que conecta a esa población con el municipio de Juan R. Escudero (Tierra Colorada), y los vecinos se organizaron para presionar a los soldados del Ejército y que dejaran transitar a los policías ciudadanos del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadano (SSJC).
Agregó que en menos de una hora se reunieron alrededor de 800 ciudadanos para solicitar el libre paso a los policías ciudadanos y para las 7:30 de la noche, al ver a toda la gente de las localidades de El Pericón, El Limón y Las Ánimas, del municipio de Tecoanapa, los soldados se replegaron a un costado de la carretera dejando libre el paso vehicular y los civiles se retiraron.
Informó que para las 10:00 de la noche en el crucero de la comunidad El Llano, San Marcos, otro de los puntos para introducirse a la cabecera de Tierra Colorada, otro grupo de 50 uniformados pero ahora de la marina les impidieron el paso a los casi 20 vehículos que llevaban a los policías ciudadanos y la gente de los pueblos volvió a organizarse para trasladarse al lugar de los hechos.
“Solo están dejando circular a los policías ciudadano pero sin armas, esa es la condición que hicieron llegar los marinos, por lo que esperamos que nos permitan pasar o bien que ellos sean los que vayan capturar a los delincuentes y nosotros nos replegamos, de nada sirve que pongan retenes si no hacen nada por capturar a los cabecillas de la delincuencia organizada”, enfatizó.