Tomás Tenorio Galindo

OTRO PAÍS

*Un atentado muy comprometedor

Es demasiado alto e injusto el costo que se le ha hecho pagar a la familia de Pioquinto Damián Huato por las exigencias de seguridad que el empresario y político ha encabezado con notable activismo. A pesar de que no es diferente del sacrificio al que la violencia ha sometido a la población del estado, el ataque a balazos en el que murió la nuera de Damián Huato muestra características que es preciso subrayar ante la interpretación que apresuradamente han querido divulgar el gobernador Ángel Aguirre Rivero y el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, en el sentido de que el atentado fue obra de un grupo de la delincuencia organizada.
Es evidente que el interés de Aguirre y Zambrano al aventurar esa hipótesis es desplazar el foco de atención de un posible móvil político en el que pudieran resultar involucrados no solamente el alcalde de Chilpancingo, Mario Moreno Arcos, como sostiene el propio Pioquinto Damián, sino corporaciones policiacas del estado. La preocupación de fondo parece estar originada en el hecho de que, de confirmarse la vertiente política, este episodio pudiera mostrar por consecuencia la vinculación orgánica, activa, entre las policías y el crimen organizado. Y no es lo mismo investigar un acto criminal previamente clasificado como producto de la delincuencia, que uno en el que una indagación profesional y honesta halle conexiones inexplicables con el mundo de la política, el gobierno y la policía.
Y sin embargo, el fallido atentado contra Pioquinto Damián suscita muchas preguntas incómodas para el gobierno pero de alto interés público. Por principio de cuentas, es imposible que en estas circunstancias las autoridades desestimen las acusaciones formuladas por el empresario contra el presidente municipal de Chilpancingo por sus presuntos nexos con el narcotráfico y los grupos criminales que durante su gestión se han apoderado de la capital. Aun si carece de pruebas para sostener sus señalamientos, las presunciones externadas por Damián Huato adquieren seriedad y deben ser asumidas como indicios. Moreno Arcos, por su parte, necesita algo más que decirse ofendido e indignado por ser el destinatario de las conjeturas del líder empresarial. Porque las denuncias que planteó Damián Huato, y sus presunciones, están sustentadas en el clima de terror y la sucesión de hechos violentos que vive Chilpancingo, y sin duda en casos específicos de los que podría dar mayor testimonio como ya lo ha hecho junto a sus colegas de la Canaco y de la Coparmex de Chilpancingo, que fueron desoídos y desatendidos por todas las autoridades, incluido en primer término el gobernador.
Es indudable que el crimen organizado tuvo participación en el ataque, pero el punto a esclarecer es si la autoría es sólo suya. Los motivos del narcotráfico para atentar contra Pioquinto Damián se encontrarían en la actividad desarrollada por el empresario para llevar a Chilpancingo a la Policía Ciudadana de la UPOEG, lo que hasta antes de ser baleado parecía inminente. La presencia de la autodefensa en las comunidades del valle de Ocotito y más tarde en Mazatlán descompuso el orden (el orden corrompido) en el que fructificaban los negocios del crimen organizado ahí y también en Chilpancingo, y  representaba una amenaza para el control que en los hechos ejercen las bandas delincuenciales en las calles de la capital. ¿Es la autodefensa una amenaza solamente para los narcotraficantes establecidos en Chilpancingo, o también para grupos gubernamentales coludidos con los criminales? Y un poco más allá: ¿no estaban en riesgo también las aspiraciones políticas del alcalde de Chilpancingo en busca de la candidatura del PRI a gobernador?
Las circunstancias mismas en que se produjo el atentado plantean dudas e indicios interesantes. Ocurrió en un tramo de la autopista que se supondría extremadamente vigilado, con efectivos y con cámaras de video, pero hasta el momento se ignora si existe algún video; y si existe y está en manos de la Procuraduría General de Justicia del estado, se desconoce su contenido. Ese hipotético video permitiría atisbar a la identidad de los atacantes, si no es que identificarlos plenamente, y en el peor caso a identificar los vehículos. Es ya sospechoso que no se sepa si hay tal video, y más sospechoso resultará saber que ni siquiera había cámara en ese tramo, o que fue desactivada. De ocurrir esto último, es inevitable pensar que los pistoleros sabían que ahí tenían esa clase de protección. Las sospechas se avivarían si se toma en cuenta que muy cerca de ahí está la sede de la Procuraduría del estado.
Que pasen cosas terribles en Chilpancingo, una ciudad pequeña, sin que las diversas autoridades se den cuenta es una versión inverosímil, imposible de admitir. Precisamente en el anterior trienio de Mario Moreno prosperó ese fenómeno, cuando el que fue bautizado como “Comando Negro” salía a las calles de Chilpancingo a secuestrar, asesinar y aterrorizar en una absoluta impunidad, sin que nadie supiera jamás quiénes formaban ese grupo, y sin que nadie fuera detenido, aunque todos sospechaban que eran policías. Eso fue no hace mucho, y su modus operandi (alcances y cerrones con vehículos, por ejemplo) se parece bastante al empleado por los atacantes de Pioquinto Damián.
Y está el punto básico de que el atentado ocurrió inmediatamente después de que el empresario se retiró de una asamblea popular realizada en El Ocotito, donde expuso nuevamente y en presencia del mismo alcalde Mario Moreno, todas las acusaciones contra el funcionario por la cesión de la ciudad a las bandas del narcotráfico y las relaciones que presuntamente mantiene con los capos. ¿Por obvio debe descartarse que el alcalde priísta tenga participación en los hechos, o esa obviedad debe ser parte de la investigación?
Sin que el hecho haya sido investigado, la versión de Ángel Aguirre y Jesús Zambrano de que el atentado fue ejecutado por el narcotráfico hace a un lado todo lo anterior. La sola manifestación de esa hipótesis exhibe a ambos como políticos frívolos a los que les interesa más su imagen y la imagen de que en Guerrero hay gobernabilidad –como dijeron–, que la verdad por simple o por comprometedora que resulte. En ese razonamiento absurdo se basa el discurso que dijeron el miércoles en Acapulco, según el cual Guerrero vive momentos de placidez solamente opacados por la felonía del gobierno federal de no entregar ya los 30 mil millones de pesos que prometió para la reconstrucción. En esas condiciones, y quien quiera que haya ordenado el ataque contra Pioquinto Damián, es previsible que vuelva a atacarlo, por lo que la protección de su vida y la de su familia es responsabilidad del gobierno.

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