La estrategia federal para Chilpancingo, un “mejoral” que no resolverá la inseguridad: Bruno Plácido

*El anuncio de Mondragón y Kalb tiene el fin de justificar la omisión de las autoridades frente a la violencia, asegura el dirigente de la UPOEG. Lo mismo prometió en Acapulco y “me pregunto si ya cumplió con ese acuerdo que ahora quieren implementarlo en Chilpancingo”

Lourdes Chávez

Chilpancingo

El dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido Valerio, consideró que el anuncio del comisionado nacional de Seguridad Pública, Manuel Mondragón y Kalb, para aplicar  nuevas acciones para garantizar la seguridad en Chilpancingo, es sólo un “mejoral” que no resuelve los problemas de fondo.
Consideró que el anuncio de que se tomarán “acciones drásticas” en la capital, luego del atentado contra el empresario Pioquinto Damián Huato, donde asesinaron a su nuera, es mediático, sólo para justificar la omisión de las autoridades.
Señaló que debe ser un delito esta práctica de engañar a los ciudadanos con tanta promesa que no cumplen, pues recordó que el mismo funcionario ofreció en noviembre implementar un sistema de “cuadrantes” en Acapulco para resolver este mismo problema.
“Me pregunto si ya cumplió con ese acuerdo que ahora quieren implementarlo en Chilpancingo”, a propósito de los eventos de violencia que se siguen reportando en el puerto y a las denuncias que han hecho comerciantes en la capital.
Subrayó que las autoridades no deben reaccionar ante la presión, si es su obligación, “si ellos cumplieran con su papel no obligarían a la población a un desgaste”, dijo en relación con la organización de los pueblos que se integraron al Sistema de Seguridad y Justicia de la UPOEG, por el hartazgo de la violencia y la inseguridad en sus comunidades.
Insistió en que con puros policías en la calle no se va a resolver el problema, pues si la delincuencia permea en la sociedad, se debe a la protección que les dan algunos funcionarios de la seguridad pública y en el sistema de impartición de justicia.
Por ejemplo señaló el caso difundido en la prensa nacional, del líder de una organización criminal, Leonor Nava Romero, alias El Tigre, puesto en libertad en noviembre por un juez de Tamaulipas, con el pago de una fianza de 13 mil pesos.
Reiteró que los problemas se tienen que atacar desde la raíz, porque los policías toleran o son omisos ante los delincuentes y los agentes de los Ministerios Público integran mal las averiguaciones previas, y si lo hacen bien,  los jueces encuentran elementos para liberar a los delincuentes.
Señaló que hay vicios en cada institución y mientras éstos no se corrijan, los resultados serán los mismos, por ello pide revisar las estructuras con los ciudadanos para encontrar un acuerdo colectivo.
Pidió al gobierno federal que deje de dar palos de ciego y se siente con los pueblos a resolver el problema de la inseguridad, evaluando a cada institución para ver de qué forma se puede  cambiar al sistema de seguridad y procuración de justicia.
Lamentó que la Procuraduría General de Justicia del Estado, en un intento de desacreditar el trabajo de la Policía Ciudadana de la UPOEG en el valle del Ocotito, dijera que los restos que encontraron en una caverna —junto a chalecos tácticos y antibalas con hoyos de balazos— eran de perro.
Aceptó que los ciudadanos no son especialistas, pero en El Ocotito fueron asesinados policías federales haciendo su trabajo, y decir que aquí no pasa nada es seguir negando que existe un problema.
Como los ciudadanos deben revisar sus estructuras desde la familia, insistió en que los gobernantes también deben cambiar y abrirse al escrutinio de la sociedad, “porque el que actúa de mala fe, el que no quiere que la ciudadanía participe, algo esconde”.

Seguridad en 17 municipios

El dirigente calculó que la UOPEG tiene presencia en 39 municipios de Guerrero, y aunque todos tienen problemas de inseguridad, sólo en unos 17 se integraron al sistema de Seguridad y Justicia en Costa Chica, Xaltianguis (Acapulco), y el Valle del Ocotito (Chipancingo) en la zona Centro.
En este sentido, informó que se reunió con el presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), Ramón Navarrete Magdaleno, para pedir la instalación de mesas en las comunidades para recoger los testimonios de las víctimas de secuestros y extorsiones, que permita hacer un análisis profundo y definir el origen de la inseguridad y la violencia. Acordaron comenzar la próxima semana.
Asimismo, insistió en la instalación de medidas cautelares para comandantes y promotores del SSC, de los que no dio el número pero señaló que son muchos, considerando que el sistema tiene más de 5 mil policías ciudadanos.
Aclaró que las medidas de seguridad serán en el momento de que salgan de sus localidades, a Acapulco o Chilpancingo, porque en sus pueblos se sienten seguros.
Dijo que también acordaron un programa de capacitación sobre derechos humanos para que los activistas conduzcan el movimiento de seguridad en el marco del derecho.
Además, hablaron de la agenda de la mesa con el gobernador Ángel Aguirre Rivero, que se prevé para esta semana, principalmente para integrar una comisión de la armonía con representantes de los tres poderes de gobierno.
Consideró ilegal que la federación envíe a un comisionado nacional, como hicieron en Michoacán para atender el problema de inseguridad, luego de la conformación de grupos autodefensa.
“Creo que tenemos que hacer que las autoridades que existen (en Guerrero) sean las que funcionen, por eso no vamos por la conformación de una comisión con representación de todos los poderes para revisar las leyes, la creación de nuevos municipios, así como el funcionamiento del sistema judicial y de la PGJE”, planteó.
Para garantizar una amplia participación de la ciudadanía, indicó que van a pedir que se incorporen todos los representantes de las localidades, y poco a poco los dirigentes de la UPOEG se vayan haciendo a un lado.
Sobre la militarización de la carretera federal México-Acapulco, en los territorios donde tienen presencia, insistió en que el gobierno utiliza una estrategia errónea porque cree que este  movimiento es una guerrilla.
“Ya dijimos que no tenemos nada contra el gobierno, los gobernantes deben entender que es resultado de un hartazgo social y en vez de militarizar el territorio comunitario, los soldados deberían acercarse a la sociedad, para garantizar su integridad, para recuperar la credibilidad que están perdiendo, porque obstaculizan las acciones de los ciudadanos”, señaló.

“No somos autodefensa”

En la carretera federal México-Acapulco, la base provisional de la SSC, se observa la presencia constante de los vecinos del valle de Ocotito que llevan agua, alimentos, aportaciones económicas para la compra de gasolina, pues muchos de los conocidos en la localidad como policías comunitarios, son originarios de municipios de Costa Chica.
Aprovechando la afluencia vehicular en la vía por el puente del 5 de febrero, colocaron nuevos letreros para pedir la reducción de velocidad frente a un puesto de control; y con una manta aclararon que “no somos autodefensas, somos pueblos organizados que exigimos seguridad, respeto, justicia y desarrollo”.
La carretera federal estuvo muy concurrida por turistas, debido a las obras de reconstrucción en la Autopista del Sol, que provocaba largas filas en el tráfico.