Sitia el Ejército 407 comunidades que crearon autodefensas, denuncian organizaciones sociales

*Pueblos de Juan R. Escudero, Tecoanapa, Ayutla, Florencio Villarreal y San Marcos están rodeados por militares, advierten en un pronunciamiento. Demandan al gobierno federal respeto a los derechos humanos en las comunidades indígenas, afromexicanas y mestizas de esos municipios. Difunde el Centro Nacional de Comunicación Social el comunicado colectivo

Lourdes Chávez

Chilpancingo

Organizaciones civiles y de derechos humanos denunciaron la militarización en comunidades de cinco municipios de Costa Chica y la zona Centro del estado, que se sumaron al movimiento de autodefensa de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG).
Demandaron al gobierno federal respeto a los derechos humanos en las comunidades indígenas, afromexicanas y mestizas de los municipios de Juan R. Escudero, Tecoanapa, Ayutla, Florencio Villarreal y San Marcos, con grupos de seguridad y justicia ciudadana que están rodeadas por el Ejército.
A través de un comunicado difundido en la página web del Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), recordaron que hace un año comunidades de la Costa Chica y Centro del estado se organizaron para restablecer la seguridad y la paz en sus pueblos, y desde la semana pasada se enfrentan al hostigamiento, intimidación y abuso de autoridad por parte del Ejército y la Policía Federal y Estatal.
Subrayaron que la función de las fuerzas de seguridad pública no debe ser la de hostigar y violentar a las comunidades suscritas al Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana de la UPOEG, y con su actuación el Ejército no está cumpliendo con su función de defender la integridad, la independencia y la soberanía de la nación como lo cita el artículo primero de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.
Consideraron que con intimidación, la institución pierde legitimidad ante la población porque el artículo segundo de la Ley de Disciplina y Fuerza Aérea Mexicana indica que “el militar debe observar buen comportamiento, para que el pueblo deposite su confianza”.
Aclararon que el proceso de organización para garantizar la seguridad de sus pueblos y comunidades en 14 municipios, se sustentó en asambleas comunitarias, donde aprobaron integrarse al Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana, eligiendo sus policías comunitarias en el marco de la ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura Indígena del Estado Libre y Soberano de Guerrero.
Es decir, los pueblos se organizaron con la finalidad de frenar a la delincuencia organizada que secuestraba, extorsionaba, violaba a las mujeres, cobraba piso y cuotas, y una serie de delitos que mantenían en temor a las y los ciudadanos de toda la zona.
Sin embargo, la presencia de la fuerza militar, pública y policial en la zona, se incrementó en los pueblos luego que el 24 de enero policías comunitarias y población en general de Tecoanapa, Ayutla de los Libres y Juan R. Escudero, acudieron en solidaridad a la localidad de  Ocotito, municipio de Chilpancingo, para garantizar la seguridad de este pueblo y siete localidades cercanas.
A tres días de que el sistema de seguridad de la UPOEG entró al municipio de Chilpancingo, denunciaron que 407 comunidades, de las cuales 205 son indígenas y el resto afromexicanas y mestizas de Juan R. Escudero, Tecoanapa, Ayutla, Florencio Villarreal y San Marcos, están rodeadas por el Ejército.
Señalaron que las comunidades denunciaron que solamente el jueves de la semana pasada se instalaron siete retenes militares más, al ya establecido en el tramo sobre la carretera costera entre el municipio de Florencio Villarreal y el municipio de San Marcos; en tramos intermedios del municipio de San Marcos a Juan R. Escudero, en el crucero de la Cruces, se instalaron 20 vehículos militares y a la altura de Llano Grande seis vehículos más, y ocho camionetas de la policía Federal y Estatal.
Insistieron en que los retenes militares no estaban permitiendo el paso de civiles ni por coche ni a pie de una comunidad a otra, y vehículos y tanquetas militares amedrentan a la población apuntándoles directamente.
Las organizaciones exigieron el respeto a los derechos humanos e integridad de los pueblos como lo sustenta el artículo primero de la Constitución federal, el derecho a la libre autodeterminación de los pueblos, establecido en el artículo segundo de la Constitución y el primero del pacto internacional de los Derechos Económicos Sociales y Culturales.
Asimismo, demandaron el derecho al libre tránsito, el derecho de manifestación y la puntual y cabal atención a la séptima recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de diciembre de 2013.
Esta dice que “se considera de fundamental importancia establecer mecanismos adecuados de solución pacífica de conflictos para canalizar y resolver los problemas que imperan en estas comunidades de Guerrero, a través de un diálogo constante con la sociedad, y en particular con las comunidades indígenas, en donde se garantice una participación en la transformación de su propia realidad, evitando que se resuelvan ejerciendo violencia contra ellos o ejerciendo medios de presión”.
Además del restablecimiento del diálogo con los gobiernos estatal y federal con la mediación que los pueblos han solicitado y la observación ciudadana, y evitar que se cometan crímenes contra civiles y reforzar la protección a defensores y periodistas, por las fuerzas de seguridad.
Firman el pronunciamiento comunidades parroquiales de Malinaltepec, Iliatenco, Pascala del Oro, Santa Cruz del Rincón, Atlamajacingo del Monte 2, el Centro de Estudios Ecuménicos, el Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio Montesinos, ENLACE, Comunicación y Capacitación, Observatorio Eclesial, Comunidades Campesinas y Urbanas con Alternativas, Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario AC (IMDEC), Secretariado Social Mexicano AC (SICSAL), Centro Nacional de Comunicación Social AC (CENCOS), Iglesias por la Paz y el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad.