Exigen que se libere a los trece policías comunitarios detenidos por el gobierno

*Son gente de bien que decidieron dejar su seguridad a un lado”, asegura el ex asesor de la CRAC Valentín Hernández

Misael Damián

San Luis Acatlán

El ex asesor de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) volvió a exigir la liberación de los trece comunitarios detenidos por el gobierno, como lo hizo en diciembre, en el aniversario de la organización.
En el acto de homenaje por los 42 aniversarios de la muerte del comandante de la guerrilla, Genaro Vázquez Rojas, en su participación en el panteón municipal, luego de la colocación de las flores, Valentín Hernández Chapa, ex asesor de la CRAC e integrante de la Unión Cívica de los Pueblos de La Montaña y Costa Chica, exigió la liberación de sus compañeros de organización que en total son trece.
Los mencionó por sus nombres: Nestora Salgado García, Arturo Campos Herrera, Gonzalo Molina González, Bernardino García Francisco, Ángel García García, Eleuterio García Carmen, Abad Francisco Antonio, Florentino García Castro, Benito Morales Bustos, Rafael García Guadalupe, José Leobardo Maximino, Antonio Cano Morales y Samuel Ramírez Galvez; y agregó: “Exigimos su libertad inmediata”.
Expuso que la detención fue sólo porque le dan seguridad a los pueblos, “son gente de bien que decidieron dejar su seguridad a un lado, asumiendo tareas de organización del pueblo. No cejaremos en nuestra exigencia, hasta que estén de vuelta nuestros compañeros”.
Dentro de las exigencias, también está que salgan los militares de las comunidades de La Montaña y Costa Chica, el respeto para las autoridades comunitarias y, a diferencia de las declaraciones de uno de los coordinadores de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, Eliseo Villar Castillo, quien ha señalado diferencias concretas con la Policía Ciudadana de la UPOEG, Valentín Hernández puntualizó: “Enviamos nuestra solidaridad a los pueblos y comunidades de la Policía Ciudadana que están siendo hostigados por el Ejército y los policías federales y estatales por atreverse a darse seguridad con sus propios medios. No están solos compañeros”.
También exigió al gobierno federal la cancelación de las concesiones otorgadas a las empresas trasnacionales, porque es un agravio a los pueblos a quienes no se les consultó ni se le informó a cerca de las afectaciones que implican el establecimiento de la explotación de las minas, “lo cual es un despojo, un saqueo”.
Hizo un llamado a los pueblos a unirse y “a discutir en las asambleas comunitarias y regionales el camino que hemos de seguir para mantener el proyecto de vida que se ha venido construyendo desde la CRAC”; también a las organizaciones sociales, para fortalecer los procesos de articulación y así enfrentar de manera conjunta la represión gubernamental y “las reformas estructurales promovidas por la clase política que nos desgobierna y que hoy se ha hecho una mafia que incluye a todos los partidos, sin distinción alguna”, concluyó.