Alerta el arzobispo ante la expansión de las policías ciudadanas a otras regiones

*Es necesario que las autoridades encuentren una “fórmula” que incluya a los grupos de autodefensa de manera legal, y satisfaga las necesidades de las comunidades a las que pertenecen, plantea Carlos Garfias

Carlos Moreno A.

El arzobispo de Acapulco, Carlos Garfias Merlos, alertó que existe la posibilidad de una expansión en las policías ciudadanas, principalmente en comunidades y regiones que padecen extrema inseguridad, por lo que ésto debe ser atendido por las autoridades “por las implicaciones políticas, sociales y jurídicas” que representa.
Garfias Merlos justificó la presencia del Ejército, como una medida de seguridad y vigilancia en comunidades de Costa Chica, donde hay presencia de grupos de autodefensa, luego de que organizaciones civiles y de derechos humanos denunciaron la militarización en comunidades de esta región y de la zona Centro.
En su conferencia dominical, Garfias Merlos dijo que se ha dado una expansión de policías ciudadanas de la Unión de Pueblo y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), principalmente en la región Centro del estado, “y es posible que está expresión cunda en otras comunidades y regiones que padecen situaciones extremas de inseguridad”.
Alertó que es probable “que está clase de movilizaciones ciudadanas tengan un crecimiento significativo, que necesita ser atendido por las implicaciones políticas, sociales y jurídicas”, por ende, dijo el arzobispo, es un asunto que requiere atención por parte de las autoridades.
Indicó que este tipo de movimientos tiene mucha simpatía social, en cuanto a que abre expectativas “reales de seguridad y de tranquilidad para las comunidades que han sido afectadas por la violencia”.
Garfias Merlos dijo que a pesar de que las autoridades han insistido en que este tipo de grupos de autodefensas están fuera de a ley y que no cuentan con un marco jurídico que las ampare, esto puede tener repercusiones negativas para los policías ciudadanos, para la sociedad y para el Estado de Derecho.
Urgió que es necesario que las autoridades encuentren una “fórmula” que incluya a los grupos de autodefensa de manera legal, así como una regulación que satisfaga no sólo la coherencia con las leyes, sino también las necesidades de las comunidades a las que pertenecen.
Reiteró que este marco legal debe satisfacer las necesidades de los pueblos, para “evitar en el futuro la proliferación anárquica de grupos civiles armados, y para que la policía ciudadana tengan plena seguridad jurídica”.
Sobre las organizaciones civiles y de derechos humanos que denunciaron la militarización en comunidades de cinco municipio de Costa Chica y la zona Centro del estado, que se sumaron al movimiento de autodefensa, el arzobispo justificó la presencia del Ejército, como una medida de seguridad en estas zonas.
Reiteró que no se puede considerar hostigamiento por parte del Ejército, sino una presencia para dar seguridad en está zona, “ayer estuve en Costa Chica, yo caminé, yo anduve allá por Costa Chica, me detuvieron por parte del Ejército, en los retenes, me preguntaron a dónde iba, de qué se trataba mi presencia ahí, pero es un estado válido este tipo de retenes que hay por parte del Ejército, para dar seguridad en los lugares donde experimentan una mayor alteración del orden”, contó el arzobispo.
Insistió que las autoridades tienen que hacer algo directamente en estas comunidades, donde hay mayor inseguridad, “porque la organización que nace con la mejor disposición de colaborar con la autoridad y las organizaciones, busca la seguridad de los pueblos”.
Un reportero le preguntó sobre el despido del ex subsecretario de Protección Civil, Constantino González Vargas, luego de que trabajadores de esa dependencia hicieran  pública la existencia de cientos de despensas y apoyos que no fueron entregados a los damnificados de la tormenta Manuel, a lo que Garfias Merlos recriminó el hecho, y dijo: “El caso es que alguien retuvo algo de lo que se envió o donaron en beneficio, es muy recriminable, si hay evidencia”.
Sobre el atentado que sufrió el empresario Pioquinto Damián Huato, el pasado martes, y que después culpó al alcalde de Chilpancingo, Mario Moreno Arcos, el arzobispo lamentó el crimen.
Opinó que este tipo de acontecimientos, que se dan en estos momentos de tensión, “desgraciadamente se dan interpretaciones públicas muy rápidas, desde luego es muy lamentable que sucedan este tipo de hechos, pero es muy importante que se tenga la investigación y los datos, no se pueden dar interpretaciones tan inmediatas”.