Mediará la Iglesia en el diálogo entre la UPOEG y el gobierno estatal, acuerdan

*Acompañará al movimiento para alcanzar sus objetivos de paz, unidad, progreso y desarrollo, dice Garfias Merlos.  Que revisen las estructuras del Estado para determinar en qué están fallando en lugar de perder el tiempo en confrontaciones con los pueblos organizados, pide Bruno Plácido. Ofrecen 5 mil pesos a vecinos de comunidades con autodefensa para que se unan a la Policía Rural,denuncia

Lourdes Chávez

Ocotito, Chilpancingo

Autoridades comunitarias que participan en la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) revisaron en asamblea la agenda que presentarán hoy al gobierno del estado, y ahí el arzobispo de Acapulco, Carlos Garfias Merlos y el arzobispo de Tlapa, Dagoberto Sosa Arriaga se comprometieron a ser mediadores entre las autoridades estatales y federales y esa organización.
El líder de la UPOEG, Bruno Plácido Valerio informó que el obispo de Chilpancingo, Alejo Zavala Castro fue invitado a la reunión pero no asistió “por cuestiones de agenda”.
El diálogo entre esa organización, el gobierno federal y el del estado se rompió a principios de agosto del año pasado, cuando la autodefensa retuvo a un centenar de militares que habían desarmado a dos policías ciudadanos en El Pericón, municipio de Tecoanapa.
Durante la sesión de ayer los promotores de la UPOEG denunciaron que a través de los alcaldes el gobierno del estado promueve la integración de la Policía Rural en comunidades donde opera el Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadano (SSJC), y ofrecen 5 mil pesos de compensación.
En declaraciones, Plácido Valerio consideró que esa es una campaña para dividir a los pueblos organizados sin resolver a fondo los problemas de seguridad e impartición de justicia que obligaron a los ciudadanos a armarse contra la delincuencia. Recordó que la autodefensa nació en enero del 2013, en Tecoanapa.
Insistió en que los funcionarios se niegan a reconocer el trabajo de los ciudadanos y siguen tomando decisiones autoritarias, “pero estos tiempos son de consensos y la sociedad quiere ser tomada en cuenta, tenemos una sociedad exigente de los derechos ciudadanos y no piden otra cosa más que lo que les pertenece”.
Dijo que la aprobación de la Ley de la Policía Rural sin consultar a los pueblos fue para meter a la legalidad a los grupos de ciudadanos que surgieron como autodefensas, pero el movimiento no es ilegal, está sustentado en las asambleas de las comunidades, convocadas por los comisarios municipales que son auxiliares del Ministerio Público y del Tribunal Superior de Justicia.
Demandó a los actores políticos que antes de llamar a los ciudadanos a integrarse al marco de Derecho se revisen las estructuras legalmente constituidas para determinar en qué están fallando, en lugar de perder el tiempo en confrontaciones con los pueblos organizados.
Recalcó que el problema de inseguridad no tiene que ser solamente policiaco y los ciudadanos no pretenden crear nuevas estructuras, “porque al final de cuenta la paga el pueblo con sus impuestos”.

Acuden 300 comisarios a la asamblea

A la asamblea asistieron unos 300 comisarios de distintas localidades de Costa Chica y La Montaña, comenzó alrededor de las 12 del día con la elaboración de tarjetas donde expresaron su apoyo al movimiento de seguridad que se instaló hace dos semanas en el valle de Ocotito.
Una decía, “compañeros, somos del municipio de Ayutla. Ahí ya no se podía salir ni de día, mucho menos de noche. Allí en Ayutla la delincuencia ya parecía lo que es la seguridad pública… pero nada más es el puro nombre, porque de seguridad nada. Ahí en Ayutla te golpeaban, te robaban, te estafaban y hasta te mataban. Todo mundo tenía su cuota de pago con la mafia y el supuesto gobierno de los tres niveles no desquitaba su sueldo contra la delincuencia, tal parece que, o mejor dicho, que están de acuerdo con ellos”.
Otra, “los pueblos han decidido, aunque sea con miedo, levantarse en armas en contra de la delincuencia organizada ya que estamos cansados de tantos atropellos, asesinatos, levantones… le pedimos al gobierno que ya basta de hostigamiento del ejército, que ellos no han podido hacer lo que hoy los pueblos están haciendo y por eso estamos reunidos hoy en el Ocotito, para seguir luchando por la seguridad y la paz social”.
Antes de la intervención de los clérigos, la representante del Centro de Estudios Ecuménicos, Luisa Guzmán leyó la declaración sobre el derecho al desarrollo que se aprobó en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1986, para que la gente salga de la pobreza y para subrayar que los pueblos “no son revoltosos ni están pidiendo cosas nuevas”.
El arzobispo Garfias Merlos reconoció que Plácido Valerio le insistió en que estuvieran en la reunión de hoy “con el secretario de gobierno”, pero tenían una actividad en Lázaro Cárdenas, Michoacán.
No obstante, señaló que darán acompañamiento como Iglesia al movimiento para alcanzar sus objetivos, respetando el credo de los activistas. En la medida que les corresponde van a facilitar la interlocución con las autoridades civiles federales, estatales y municipales, para que puedan comprenderse mejor las partes.
“Queremos ayudar y apoyar en todo lo que sea posible para facilitar y favorecer el diálogo para alcanzar los objetivos de paz, unidad, progreso y desarrollo, mejores condiciones de vida para todos nuestros pueblos y todos los seres humanos que viven en Guerrero, en México, en nuestra tierra”, dijo Garfias Merlos.
Al finalizar se le preguntó si formará parte de la comisión de armonía que propone Plácido Valerio con el gobierno, pero aclaró que  sólo acudiría como testigo, “porque sería lo más adecuado”.
En tanto, el obispo de Tlapa recordó que llegó hace poco a Guerrero y apenas se está involucrando con los movimientos sociales, pero se solidarizó con las causas que defiendan los derechos humanos.
Plácido Valerio destacó que pidieron a la Iglesia que sea parte de la mediación entre sociedad y gobierno para entablar el diálogo sin perder tiempo, para evitar más muertos por la violencia.
De la reunión mencionó que aún les iban a confirmar el lugar y la hora, pero se preveía que fuera por la mañana a través del presidente de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), Ramón Navarrete Magdaleno.
Aclaró que ellos pidieron la presencia del gobernador Ángel Aguirre Rivero y esperan que asista al encuentro, donde el primer tema será el de respeto entre gobierno y sociedad, luego el de la seguridad.
Una vez acordados estos puntos, van a plantear a los tres niveles de gobierno más inversión en desarrollo porque en parte la delincuencia tiene que ver con la pobreza.