Mediará la Iglesia en el diálogo entre la UPOEG y el gobierno estatal, acuerdan

*Acompañará al movimiento para alcanzar sus objetivos de paz, unidad, progreso y desarrollo, dice Garfias Merlos.  Que revisen las estructuras del Estado para determinar en qué están fallando en lugar de perder el tiempo en confrontaciones con los pueblos organizados, pide Bruno Plácido. Ofrecen 5 mil pesos a vecinos de comunidades con autodefensa para que se unan a la Policía Rural,denuncia

Lourdes Chávez

Ocotito, Chilpancingo

Autoridades comunitarias que participan en la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) revisaron en asamblea la agenda que presentarán hoy al gobierno del estado, y ahí el arzobispo de Acapulco, Carlos Garfias Merlos y el arzobispo de Tlapa, Dagoberto Sosa Arriaga se comprometieron a ser mediadores entre las autoridades estatales y federales y esa organización.
El líder de la UPOEG, Bruno Plácido Valerio informó que el obispo de Chilpancingo, Alejo Zavala Castro fue invitado a la reunión pero no asistió “por cuestiones de agenda”.
El diálogo entre esa organización, el gobierno federal y el del estado se rompió a principios de agosto del año pasado, cuando la autodefensa retuvo a un centenar de militares que habían desarmado a dos policías ciudadanos en El Pericón, municipio de Tecoanapa.
Durante la sesión de ayer los promotores de la UPOEG denunciaron que a través de los alcaldes el gobierno del estado promueve la integración de la Policía Rural en comunidades donde opera el Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadano (SSJC), y ofrecen 5 mil pesos de compensación.
En declaraciones, Plácido Valerio consideró que esa es una campaña para dividir a los pueblos organizados sin resolver a fondo los problemas de seguridad e impartición de justicia que obligaron a los ciudadanos a armarse contra la delincuencia. Recordó que la autodefensa nació en enero del 2013, en Tecoanapa.
Insistió en que los funcionarios se niegan a reconocer el trabajo de los ciudadanos y siguen tomando decisiones autoritarias, “pero estos tiempos son de consensos y la sociedad quiere ser tomada en cuenta, tenemos una sociedad exigente de los derechos ciudadanos y no piden otra cosa más que lo que les pertenece”.
Dijo que la aprobación de la Ley de la Policía Rural sin consultar a los pueblos fue para meter a la legalidad a los grupos de ciudadanos que surgieron como autodefensas, pero el movimiento no es ilegal, está sustentado en las asambleas de las comunidades, convocadas por los comisarios municipales que son auxiliares del Ministerio Público y del Tribunal Superior de Justicia.
Demandó a los actores políticos que antes de llamar a los ciudadanos a integrarse al marco de Derecho se revisen las estructuras legalmente constituidas para determinar en qué están fallando, en lugar de perder el tiempo en confrontaciones con los pueblos organizados.
Recalcó que el problema de inseguridad no tiene que ser solamente policiaco y los ciudadanos no pretenden crear nuevas estructuras, “porque al final de cuenta la paga el pueblo con sus impuestos”.

Acuden 300 comisarios a la asamblea

A la asamblea asistieron unos 300 comisarios de distintas localidades de Costa Chica y La Montaña, comenzó alrededor de las 12 del día con la elaboración de tarjetas donde expresaron su apoyo al movimiento de seguridad que se instaló hace dos semanas en el valle de Ocotito.
Una decía, “compañeros, somos del municipio de Ayutla. Ahí ya no se podía salir ni de día, mucho menos de noche. Allí en Ayutla la delincuencia ya parecía lo que es la seguridad pública… pero nada más es el puro nombre, porque de seguridad nada. Ahí en Ayutla te golpeaban, te robaban, te estafaban y hasta te mataban. Todo mundo tenía su cuota de pago con la mafia y el supuesto gobierno de los tres niveles no desquitaba su sueldo contra la delincuencia, tal parece que, o mejor dicho, que están de acuerdo con ellos”.
Otra, “los pueblos han decidido, aunque sea con miedo, levantarse en armas en contra de la delincuencia organizada ya que estamos cansados de tantos atropellos, asesinatos, levantones… le pedimos al gobierno que ya basta de hostigamiento del ejército, que ellos no han podido hacer lo que hoy los pueblos están haciendo y por eso estamos reunidos hoy en el Ocotito, para seguir luchando por la seguridad y la paz social”.
Antes de la intervención de los clérigos, la representante del Centro de Estudios Ecuménicos, Luisa Guzmán leyó la declaración sobre el derecho al desarrollo que se aprobó en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1986, para que la gente salga de la pobreza y para subrayar que los pueblos “no son revoltosos ni están pidiendo cosas nuevas”.
El arzobispo Garfias Merlos reconoció que Plácido Valerio le insistió en que estuvieran en la reunión de hoy “con el secretario de gobierno”, pero tenían una actividad en Lázaro Cárdenas, Michoacán.
No obstante, señaló que darán acompañamiento como Iglesia al movimiento para alcanzar sus objetivos, respetando el credo de los activistas. En la medida que les corresponde van a facilitar la interlocución con las autoridades civiles federales, estatales y municipales, para que puedan comprenderse mejor las partes.
“Queremos ayudar y apoyar en todo lo que sea posible para facilitar y favorecer el diálogo para alcanzar los objetivos de paz, unidad, progreso y desarrollo, mejores condiciones de vida para todos nuestros pueblos y todos los seres humanos que viven en Guerrero, en México, en nuestra tierra”, dijo Garfias Merlos.
Al finalizar se le preguntó si formará parte de la comisión de armonía que propone Plácido Valerio con el gobierno, pero aclaró que  sólo acudiría como testigo, “porque sería lo más adecuado”.
En tanto, el obispo de Tlapa recordó que llegó hace poco a Guerrero y apenas se está involucrando con los movimientos sociales, pero se solidarizó con las causas que defiendan los derechos humanos.
Plácido Valerio destacó que pidieron a la Iglesia que sea parte de la mediación entre sociedad y gobierno para entablar el diálogo sin perder tiempo, para evitar más muertos por la violencia.
De la reunión mencionó que aún les iban a confirmar el lugar y la hora, pero se preveía que fuera por la mañana a través del presidente de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), Ramón Navarrete Magdaleno.
Aclaró que ellos pidieron la presencia del gobernador Ángel Aguirre Rivero y esperan que asista al encuentro, donde el primer tema será el de respeto entre gobierno y sociedad, luego el de la seguridad.
Una vez acordados estos puntos, van a plantear a los tres niveles de gobierno más inversión en desarrollo porque en parte la delincuencia tiene que ver con la pobreza.

Encuentra la autodefensa otra osamenta en Cajeles, Chilpancingo; es la tercera en dos días

*A la base de operación en Ocotito han llegado vecinos a denunciar casos de desapariciones, entre estos algunos por los que pidieron rescate y se pagaron pero no les regresaron a sus familiares, informan policías ciudadanos

Lourdes Chávez

Ocotito, Chilpancingo

El Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadano (SSJC) de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) encontró otra osamenta humana, la tercera en dos días, que expuso afuera de su base de operación luego de que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) desacreditó el primer hallazgo de restos óseos diciendo que se trataba de  un animal.
El descubrimiento atrajo la atención de al menos dos familias del valle que tienen hijos desaparecidos, José Luis Solano Hernández, a quien no ven desde el 27 de marzo de hace cuatro años cuando tenía 22 años y Misael Castro Navarrete, de 20 años, que el 20 de noviembre de 2013 fue levantado en el centro de Ocotito.
La tía de Misael relató que el joven ayudaba a su papá en su trabajo en el campo y justo cuando acababan de cosechar su maíz bajó al centro de la población y ahí lo agarraron.
Los policías ciudadanos en la base de operación dijeron que han llegado vecinos a denunciar casos de desapariciones, entre estos algunos por los que pidieron rescate y se pagaron pero no les regresaron a sus familiares.
Del descubrimiento, la autodefensa informó que muy temprano encontró el cuerpo que al parecer fue quebrado y quemado, estaba enterrado a unos 500 metros de la última casa de la localidad de Cajeles, una de las ocho poblaciones del valle de Ocotito.
Policías ciudadanos mostraron el cráneo aplastado del que se distingue la mandíbula, y entre los huesos se ve un pedazo de tela. Precisaron que todo estaba junto.
Exhibieron los cráneos que ubicaron este lunes por el rumbo de Cajeles, pero mucho más lejos de la población, rumbo al cerro de la antena y en un costal estaban los huesos y botas que se presumen son de los cuerpos, pero se estimó que uno está incompleto.
Del hallazgo el dirigente de la UPOEG, Bruno Plácido Valerio dijo que la ciudadanía está enterada de los trabajos de la Policía Ciudadana y aunque la PGJE se burló de su labor los seguirán tomando en cuenta porque son autoridades.
Recordó que el jueves pasado encontraron huesos y le pidieron a la PGJE que se encargara de la investigación pero se rieron, dijeron eran de perro, y que todo fue parte de un montaje, “cómo es posible que un ser humano después de que lo maten se convierta en perro después de muerto. Por eso se presentaron al escrutinio público, si no al rato van a a decir que son de elefante o mamut los restos que se están encontrando”.
Los primeros restos fueron levantados por peritos de la Procuraduría y llevados a Chilpancingo.
Reiteró que la organización va a insistir en el diálogo como instrumento universal, “porque los seres humanos debemos mostrar capacidad para entendernos y porque ya no son tiempos de sometimiento, hoy queremos seres humanos que día a día luchen por una vida más justa, libre y que nadie es nadie para quitarle la vida a otro”.
Indicó que la PGJE puede ir en cualquier momento a la base de operaciones del SSJC a investigar los casos que la Policía Ciudadana está presentando ante la opinión pública.
Subrayó que es responsabilidad de las autoridades ministeriales darle seguimiento porque están cobrando por ello, mientras los activistas de la UPOEG están haciendo un trabajo honorario y solidario.