Humberto Musacchio

Para Michoacán, ayuda e imposición

Metido hasta el cuello en el embrollo michoacano, el gobierno federal deberá mantener en esa entidad un nutrido contingente policiaco y militar. Con la violencia desatada no queda de otra, por mucho que las fuerzas irregulares estén actuando con mayor eficiencia que las tropas azules y verdes.
Sin embargo, parece que la Federación ya entendió que atacar a la delincuencia con balas, en las actuales condiciones es inevitable, pero insuficiente. Las soluciones de fondo deben llegar con políticas sociales, gasto público, empleos, educación, salud y todo aquello que permita abrir nuevas perspectivas a la sociedad michoacana.
Por supuesto, tan indispensable como combatir la delincuencia es regularizar a los grupos de civiles armados. Es una tarea urgente e impostergable si se quiere mantener en pie a las tan deterioradas instituciones. Pero la violencia del Estado, por legítima que sea, ya no alcanza para imponer el orden en Michoacán y en otras partes del país.
Cuando la violencia no institucional llega a los extremos que hemos visto, no hay soluciones mágicas ni remedios de efecto inmediato. Las autoridades de todos los niveles deberán trabajar, y mucho, primero para hacerle frente a los problemas y después para irlos resolviendo sin estridencias, pero sin descanso.
Lo sabe muy bien el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien declaró: “Lo que hoy ocurre en Michoacán no se gestó de ninguna manera en semanas o meses, va más allá. Errores y omisiones provocaron y facilitaron la acción de grupos criminales”. En efecto, la situación no es algo reciente y su gestación llevó años en los que gobiernos de todas las tendencias, federales, estatales y municipales –con las excepciones por conocer– prefirieron no hacer olas con la esperanza de que pasara la tempestad criminal. Pero la tormenta no sólo no pasó, sino que fue cada vez más fuerte y de más y mayores efectos destructivos y disolventes.
Dejar al tiempo los problemas que corresponde al Estado resolver es aconsejable en algunos casos, pero no cuando la marea delictiva amenaza con inundar al país entero. Por eso resulta plausible que, así sea con un retraso de meses, pero al fin el Ejecutivo federal se haya decidido a actuar en forma ciertamente drástica.
La prometida inversión de 45 mil millones de pesos, sólo en este año, es un aviso esperanzador para la sufrida entidad que atraviesa por algo muy parecido a una guerra civil. Es relevante que se anuncie el otorgamiento de 350 mil becas, un amplio programa para el campo, más escuelas de tiempo completo y la construcción de dos carreteras, lo que dará empleo a miles de michoacanos.
Más allá de que se concrete tal inversión, la mera declaración de intenciones debe contribuir a la distensión social. Las promesas cobran fuerza material cuando prenden en el ánimo de una sociedad tan hostigada por la situación. Lamentablemente, las arcas nacionales no garantizan la indispensable solvencia, pero aun así habrá que esperar que los recursos fluyan y vayan precisamente a donde más los necesitan.
En la agitada sopa michoacana no resulta grato el pelo de un excesivo intervencionismo del centro. Al nombramiento de un comisionado ahora se agregarán representantes de todas y cada una de las secretarías del gobierno federal. Ante la probada ineptitud de las autoridades locales, parece insoslayable el envío de un contingente de funcionarios que actuará paralelamente y aun por encima del gobierno estatal. Esperemos que el remedio no resulte peor que la enfermedad.