Integrar el delito de tortura al código penal, demandan organizaciones sociales al Congreso

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Organizaciones sociales y organismos no gubernamentales de derechos humanos exigieron ayer al Congreso local la “armonización” de la Constitución Política del estado con el artículo primero de la Constitución federal, que eleva a rango constitucional los estándares internacionales y obliga a todas las autoridades a respetar, proteger, garantizar y promover los derechos humanos.
Siete agrupaciones pidieron en específico que los diputados incorporen el delito de tortura al Código Penal y una reforma integral a la Constitución Política del estado.
Mediante un escrito enviado al Congreso local, el Centro Regional de Defensa de los Derechos Humanos José María Morelos y Pavón; el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad;  la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos; la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa Raúl Isidro Burgos; la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG);  el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, así como las 23 organizaciones del Movimiento Popular Guerrerense, exigieron a los diputados locales que garanticen la aplicación de los derechos establecidos en la reforma al Artículo primero de la Constitución Política federal.
Denunciaron que a casi tres años de la reforma, el estado de Guerrero “ha incumplido con su obligación constitucional” de armonizar sus leyes internas con el artículo primero de la Constitución federal,  pues a más de un año que se presentó ante el Congreso local la propuesta de reforma integral de la Constitución del estado, “no ha avanzado ni siquiera en su parte toral que es la consulta al pueblo de Guerrero, además de que se han creado leyes limitadas que no contemplan gran parte de los derechos garantizados en la reforma federal”.
Los dirigentes de las agrupaciones  lamentaron que “el cálculo político y el interés personal se anteponga a los  derechos humanos de las y los guerrerenses”, pues en la Ley para prevenir, sancionar y erradicar la tortura en Guerrero recientemente aprobada “no encontramos una plena armonización”  con las reformas federales en materia de derechos humanos.
Y se preguntaron que si esto no fuera así, “¿cómo nos explicamos que no se haya incorporado textualmente en dicha ley la definición de tortura? Ya que la definición que se observa no se ajusta a la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura, firmada y ratificada por el Estado mexicano, dejando a criterio de los jueces y ministerios públicos la interpretación del alcance de la ley, permitiendo que la mayoría de los casos queden en la impunidad”.
Recordaron que desde la sociedad civil se propuso que la mejor forma de brindar certeza jurídica a las víctimas de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes, era tipificarla en el Código Penal del estado de Guerrero y no crear una ley especial como se hizo.
“La inclusión del delito de tortura en el Código Penal era para evitar, precisamente, que los agentes del Ministerio Público se negaran a invocar normas especiales, llegando al extremo de ignorar su existencia, como sucedía con el delito de tortura previsto en la ley de creación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos”, mencionaron en su escrito.
Por ello insistieron en que “esta Ley no es armónica al espíritu de la reforma y contraviene la obligación de los gobernantes de garantizar el derecho a no ser torturado, así como la reparación del daño y castigo al o los responsables”.
En el mismo documento las agrupaciones rechazaron “la injerencia del Ejecutivo estatal en la vida institucional de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el nombramiento del presidente interino, cuyo dictamen ustedes aprueban, creando dudas que despiertan suspicacia fundada sobre el uso político de la legislación en materia de derechos humanos”.