Tomás Tenorio Galindo

OTRO PAÍS

*El impune asesinato de un diputado federal

El criminal impune y el gobernador que lo protege. De esa manera podría describirse la situación en que es mantenido el homicidio del diputado federal Moisés Villanueva de la Luz y su asistente Eric Estrada Vázquez, ocurrido en septiembre de 2011. Es un caso que la Procuraduría General de Justicia, entonces a cargo de Alberto López Rosas, esclareció con rapidez en el curso de dos meses, lapso en el que aprehendió a los responsables materiales, que resultaron ser un agente de la Policía Ministerial del estado y su hermano, y el secretario de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Tlapa, con algunos otros cómplices. La Procuraduría llegó incluso a establecer la autoría intelectual del doble crimen y a formular cargos por ello contra el entonces alcalde de Tlapa, Willy Reyes Ramos. Y ahí es donde por causas desconocidas y nunca explicadas, el proceso jurídico fue detenido.
Como es sabido, hacia finales de noviembre de 2011, la Procuraduría solicitó al Congreso local desaforar al alcalde Willy Reyes para poder detenerlo, lo que nunca ocurrió. Después del retiro de López Rosas de la PGJE por el asesinato de los dos estudiantes normalistas, el procedimiento legislativo se convirtió en un montaje para favorecer a Willy Reyes e impedir que fuera detenido. El juicio emprendido por la Comisión Instructora del Congreso simuló durante un año, y al final de la legislatura no lo concluyó, es decir, dejó sin resolver el caso aunque sí dejó sembrada la duda –tarea que no le correspondía– sobre las acusaciones contra el alcalde de Tlapa. Lo increíble es que al concluir también la gestión de Willy Reyes en la Presidencia Municipal de Tlapa en septiembre de 2012, y cuando se suponía que la Procuraduría podía aprehenderlo sin limitante alguna porque ya no tenía fuero, ¡no lo hizo!
No sólo no lo hizo, sino que la Procuraduría y el gobierno del estado tampoco dieron una explicación acerca de por qué no fue detenido, y desde esas fechas el ex alcalde de Tlapa goza de libertad. De tanta libertad que se permite con toda desfachatez hacer campaña política para contender nuevamente por la alcaldía, como si el doble asesinato no hubiera sucedido y como si sus cómplices no lo hubieran delatado por haber ordenado la ejecución de Moisés Villanueva. Todo lo anterior es de dominio público, consta en el expediente judicial y ha sido puntualmente reportado por la prensa.
La impunidad de que goza Willy Reyes entró en un nuevo ciclo en noviembre pasado, según acaba de informar la viuda del diputado Villanueva de la Luz, Lucía Leyva Rojas. La señora Leyva Rojas denunció que el 7 de noviembre fue emitida nuevamente por un juez (o revalidada) la orden de aprehensión contra Willy Reyes, pero que dos meses después la Procuraduría seguía sin detener al victimario de su esposo. (El Sur, 28 de enero de 2014).
Después de dar a conocer la existencia de esa orden de aprehensión, Lucía Leyva hizo público que ha recibido amenazas de muerte por exigir justicia para el asesinato de su esposo, y atribuyó a un pacto político la protección que el ex alcalde recibe, sin poder precisar de qué clase u origen. Si cree usted que al cabo de diez días de formuladas estas denuncias Willy Reyes ya fue detenido, se equivoca. Otra vez, no ha pasado nada. La Procuraduría no se ha tomado ni la decencia de decir esta boca es mía para atender a la viuda de Moisés Villanueva, ni ha estimado necesario aclarar las denuncias ante la opinión pública. ¡No ha hecho nada!
Pero tiene razón la señora Lucía Leyva: hay un pacto político que explica el hecho de que Willy Reyes, procesado por el crimen y hasta ahora hallado culpable por la Procuraduría y por un juez, sin embargo no sea encarcelado. Y el único capaz de disponer semejante manoseo de la justicia es el gobernador Ángel Aguirre Rivero. No hay ninguna otra explicación. El pacto es entre el gobernador y el ex alcalde, seguramente por compromisos contraídos durante la campaña de Aguirre Rivero en pos de la gubernatura, en la que Willy Reyes se alineó con él y prácticamente rompió con su partido, el PRI. Lo siguiente es una conjetura, para la cual este autor carece de “pruebas”, pero es muy probable que el entonces alcalde de Tlapa haya financiado generosamente en su región la operación electoral de la campaña aguirrista. Y la impunidad es con lo que Aguirre Rivero estaría pagando tal apoyo. Es posible que el gobernador tema que el ex alcalde dé a conocer los detalles de ese apoyo y desnude la forma en que obtuvo votos en la Montaña. Cualquier otra explicación es improbable. Que el encubrimiento a Willy Reyes se le otorgue violando la ley bajo la mirada pública, confirma la monstruosidad de los acuerdos que existen entre Aguirre y Willy Reyes, por otra parte un político insignificante; insignificante pero con dinero, pues se dio el lujo de contratar a uno de los abogados más caros y eficaces, no del estado sino del país, Xavier Olea Peláez. Mientras que la viuda vive el infortunio de ser víctima del abandono del gobierno y del PRI, el partido al que pertenecía Moisés Villanueva, y estar asediada por los criminales.
En este caso salen a flote las miserias de los gobernantes y su proclividad a hacer compromisos turbios con gente turbia. Y para como están las cosas, quién sabe qué otras cosas puedan estar nadando en el lodo. ¿De veras está dispuesto Aguirre Rivero a complacer a Willy Reyes e impedir su detención a costa de cualquier cosa, como borrar a capricho el Estado de derecho del que a cada rato habla? Hasta ahora, sí.

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