Carlos Pérez Aguirre

Comisionado de Seguridad

Ante la alarmante situación de inseguridad e ingobernabilidad que existe en la entidad Guerrerense, que en diversos informes se muestra como la primera en diversos delitos de alto impacto, evidencia también que al parecer para resolverla existen dos caminos, aunque uno es más bien consecuencia del otro y no necesariamente un mecanismo honesto de contención.
El primero a que me refiero es la organización ciudadana que se levanta en armas para demostrar que se está dispuesto a defender la vida e intereses más elementales, para ello imitan los mecanismos de la policía ciudadana de la CRAC, que surgió precisamente contra la incapacidad de los cuerpos de seguridad del estado para proteger y respetar sus vidas y bienes en el ámbito de las comunidades fundamentalmente indígenas.
Un sistema que, viéndolo retrospectivamente, ha cumplido su objetivo y es validada por la población. Por ello el surgimiento de policías ciudadanos en otras localidades incluso de tipo semiurbano, ha sido muy bien recibido por la población, aunque habrá que apuntar que ello tiene varios riesgos. Por ahora solo me limitaré a señalar que estos grupos tienen ya una base social importante y la población les ha dado la bienvenida; habrá que decirlo con todas sus letras, la legitimidad de estos grupos ciudadanos armados estará validada siempre y cuando sea la propia población la que las elija y además su actividad se dirija específicamente a erradicar los delitos de alto impacto que afectan a la población. Por ello ante la posible entrada de los grupos ciudadanos armados a la capital del estado, se montó todo todo un operativo multifuncional por los diversos actores involucrados e interesados.
Aparentemente los cuerpos policiacos y militares –se dijo–, montaron varios retenes para detener a los grupos ciudadanos, no a los delincuentes. La delincuencia también montó sus retenes de contención, con declaraciones políticas e intimidación. Pero ahora el gobierno federal viene al igual que en Michoacán a sustituir en la práctica la parálisis e incapacidad del gobierno local, nombrando a un comisionado de seguridad, pero ¿por qué hasta ahora le importó Guerrero y no antes?
En primer lugar podría ser por las próximas elecciones, queriéndose posicionar ante un gobierno estatal inepto; otra opción es empatar el marcador: un gobernador incapaz en Michoacán de extracción priísta y ahora un gobernador incapaz de marca perredista, pero además, como ya se comentaba en el artículo anterior, la actividad del gobierno federal –que por cierto ha sido constante desde hace ya por lo menos 5 años–, no ha contenido la inseguridad. Ahora también pretenden contener a los grupos ciudadanos armados. De hecho existen órdenes de aprensión contra varios de sus organizadores.
¿Por qué dos raseros con estos grupos? pues en Michoacán se le fomenta y acompaña y en Guerrero se les persigue y aprehende. Especulando se podría pensar que los grupos en Guerrero son más concientes de su estatus social y tiene más formación política y tal vez lo más importante, arraigo entre la población. Eso asusta al gobierno federal priísta pues le están dando una lección de contención real de la delincuencia.
Por otra parte Ángel Aguirre debe estar preocupado de que ya le hayan nombrado un gobernador paralelo, que ya se esperaba pero que le reduce demasiado espacio político (de por sí ya a reducirse en cuanto empiece el juego electoral).
Eso deja a Ángel poco oxígeno. Ese nombramiento también fue precipitado por las inconformidades mostradas por los damnificados que no han sido atendidos. Sin embargo, se especulaba en el ámbito federal que este mandatario sería inhabilitado, pero la presión de los Chuchos amortiguó a sólo el nombramiento, por ahora, de un comisionado.
Los ciudadanos ahora no sólo miran las decisiones, ahora también actúan y con armas.

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