Raymundo Riva Palacio

ESTRICTAMENTE PERSONAL

*Templarios en el Senado

La senadora Iris Vianey Mendoza pidió licencia de un mes para hacer frente a las acusaciones de que está vinculada a Los Caballeros Templarios. La senadora se encuentra en medio de una encendida polémica desde que en octubre, por su intermediación, entró una decena de michoacanos a la Cámara Alta para hablar sobre la problemática del estado, algunos de los cuales fueron señalados por otra senadora michoacana, Luisa María Calderón, como miembros de la banda criminal. Este caso, en constante evolución, es uno de los botones de muestra de cómo la política en México se entrevera con el crimen organizado.
Quiénes son inocentes y quiénes son delincuentes es una tarea que le corresponde a las autoridades judiciales. Lo que el caso de la senadora muestra es cómo hay un entramado en la sociedad donde se mezclan actividades y negocios lícitos con ilegales, y vidas públicas con clandestinas, donde la sociedad se mueve entre los grises de la realidad. Le sucedió a la senadora Mendoza cuando hace pocos días apareció su fotografía en un festejo junto con una regidora de Apatzingán y la cantante grupera Melissa Plancarte, hija de Enrique Plancarte, uno de los líderes de Los Caballeros Templarios. En términos jurídicos no significa nada la fotografía, pero en políticos y mediáticos, abrió la puerta para la licencia.
Michoacán es hoy para el presidente Enrique Peña Nieto lo que Ciudad Juárez fue para el ex presidente Felipe Calderón: un punto en donde la sociedad y sus familias están partidas, entre aquellos que decidieron vivir bajo las normas, y aquellos que se volvieron criminales. Quien lo describe crudamente es el portavoz de los grupos de autodefensa, José Manuel Mireles, en una entrevista con El País de Madrid. “Tepalcaltepec y el estado de Michoacán ya aprendieron la lección”, dijo. “Primero el pueblo pidió ayuda a La Familia Michoacana para expulsar al cártel de Los Zetas, luego La Familia se hace con todo, se pelean entre ellos y aparecen los Templarios. Mucha gente combatió a Los Zetas, luego a La Familia. Los habitantes ya no quieren saber nada de ningún cártel”.
Todos se mezclaron con todos. ¿En dónde se encuentran las inocencias y las culpabilidades? La senadora Mendoza es muy joven pero tiene mucho. Nació en 1981 en Aguaje, una pobrísima comunidad del municipio serrano de Aguililla, desde  donde hace casi 25 años el reportero Rogelio Hernández publicó en la primera plana de Excélsior lo que fue el primer reportaje del narcotráfico en Michoacán. La mariguana ya estaba mezclada con la población, que no tenía otro cultivo que le diera de comer. ¿De dónde salió lo que tiene la senadora? Si uno ve con cuidado todos los cargos políticos que ha tenido, uno puede calcular que sus recursos provienen de esa carrera. Pero la sospecha está impregnada sobre su piel.
Como senadora michoacana y proveniente de Apatzingán, fue ella el conducto para que un grupo de michoacanos entrara al Senado. Ella se excusó de estar en la reunión, pero presionó para que los recibieran. La senadora Calderón, que conocía a dos de ellos de referencia pero no físicamente, levantó la voz para denunciarlos cuando escuchó los nombres del empresario Tito Fernández Torres, que preside la organización “Michoacán Paz y Dignidad”, y a Juan Polvos Mancilla, director del Conalep de Apatzingán.
La organización había sido identificada como la promotora de marchas y protestas en contra de las autoridades, en coincidencia con lo que buscaban Los Caballeros Templarios: que se fueran del estado. Polvos Mancilla había sido candidato suplente a diputado federal en ese municipio, donde el titular fue Saúl Soliz Soliz, identificado tiempo después como El Lince, detenido en septiembre de 2011 y acusado de pertenecer a los Templarios. La identidad de todo el grupo no ha sido dada a conocer, pero existen algunos nombres en el dominio público.
Uno identificado por la prensa es Alfonso Solórzano, que fue secretario de Obras Públicas en el gobierno de Lázaro Cárdenas Batel, quien en esos años fue el contacto con el empresario Carlos Ahumada, que a cambio de contratos para obra pública, como en Michoacán, financiaba al PRD y varias de sus campañas políticas. Uno más, identificado sólo en el portal Valor por Michoacán de las autodefensas, es Leopoldo Jaime Valladares, recientemente capturado como uno de los principales generadores de la violencia en el estado, y sospechoso de los ataques a estaciones de la CFE.
Quienes públicamente ha sido señalados como participantes en la reunión en el Senado, han desmentido todas las acusaciones. La senadora Mendoza, que trabajó para la campaña a gobernador de Leonel Godoy, para la presidencial de Andrés Manuel López Obrador en 2006, y que estaba construyendo con Carlos Sotelo el camino para que este presidiera el partido, también. Dice haber pedido a la PGR que la investigue pero, mientras tanto, desapareció de la vida pública y cerró todas sus cuentas en redes sociales. La senadora es una papa muy caliente para la clase política michoacana y para un sector del PRD. Ninguna vinculación al narcotráfico se ha hecho de ninguno de los actores hasta hoy señalados, pero en la vida pública mexicana no importa. Son culpables hasta que demuestren su inocencia.

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