Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan

En el caso Ayotzinapa todas las autoridades son responsables

Todos son responsables. Así podría resumirse el contenido de la Recomendación 1VG/2012 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), emitida por las graves violaciones a derechos humanos cometidas contra  los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos el 12 de diciembre de 2011 en Chilpancingo.
Y es que el informe de la CNDH, que sin duda constituye un nuevo triunfo estudiantil al reconocer la legitimidad de la movilización de los normalistas y la veracidad de sus denuncias, muestra de manera inobjetable que antes, durante y después de la represión del 12 de diciembre autoridades estatales y federales cometieron graves violaciones a derechos humanos y notorias irregularidades, tanto por sus arteras acciones como por sus negligentes omisiones y burdas actuaciones, que trataron infructuosamente de encubrir, utilizando recursos públicos, propaganda vana y manipulación de sectores corporativizados, para hablar con mentiras y proteger a los culpables.
De acuerdo con la CNDH, en los hechos intervinieron 168 servidores públicos: 71 elementos pertenecientes a la Policía Federal –tanto de la División de Fuerzas Federales como de la División de Seguridad Regional– adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública federal; 73 elementos adscritos a la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia de Guerrero; y 34 elementos de la Policía Estatal Preventiva adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil, también de Guerrero. De estos 168 servidores públicos, quedó demostrado que 91 portaban armas de fuego, quedando comprobado que al menos 68 armas fueron disparadas. De este modo, se cometieron violaciones graves en agravio de 52 personas, atentando las autoridades involucradas contra la libertad de reunión y, consecuentemente, contra los derechos a la vida, seguridad e integridad personales, legalidad, seguridad jurídica, libertad personal y trato digno. También, de acuerdo con el ombudsman nacional, se observaron transgresiones a los derechos a la verdad e información, y a todos aquellos derechos que el orden jurídico mexicano reconoce a las personas en su calidad de víctimas del delito y del abuso de poder, atribuibles a servidores públicos.
En cuanto a la identificación de las víctimas, la CNDH determinó que en los sucesos tres personas fueron privadas arbitrariamente de la vida: dos estudiantes por lesiones de proyectil de armas de fuego y un empleado de gasolinera, a consecuencia de las quemaduras que sufrió. Asimismo, la CNDH observó que fueron víctimas de detención arbitraria 42 personas, 24 de las cuales padecieron golpes de palos y toletes. También consideró acreditado la CNDH que un estudiante de 19 años fue víctima de tortura y fue acusado indebidamente de haber disparado un cuerno de chivo con la finalidad de desvirtuar los hechos.
La CNDH también determinó que los cuerpos de seguridad que participaron emplearon de manera excesiva la fuerza pública y las armas de fuego con el objetivo de reprimir la manifestación, sin que existieran evidencias de una debida coordinación, ni mucho menos de la utilización de protocolos o lineamientos de actuación adecuados.
Igualmente, la CNDH realizó un importante pronunciamiento sobre la criminalización de la protesta social. El ombudsman nacional reconoció que quienes ejercieron el derecho a la protesta social el 12 de diciembre forman parte de los sectores de la población más marginados y cuentan con menores posibilidades de acceder a la justicia, de incidir en las decisiones políticas y de apoyarse en los medios de comunicación para que su voz sea escuchada, por lo que consideró que la protección y garantía del derecho a la protesta resultaba fundamental. En este sentido, hizo notar que en las particulares condiciones de Guerrero la criminalización de la protesta y el uso de la fuerza contra las manifestaciones colectivas debe evitarse.
Ahora bien, en este marco, la responsabilidad de las autoridades federales y estatales queda demostrada contundentemente por la CNDH a tal punto que quedaron confirmadas las denuncias que desde el primer día enarbolaron los estudiantes, en medio del descrédito social y de una opinión pública adversa, alentada y pagada por las mismas autoridades del estado.
En cuanto a la responsabilidad de la Policía Federal, de conformidad con el análisis de la CNDH fueron elementos de esa corporación quienes iniciaron las agresiones. Quedó comprobado que lanzaron injustificadamente la primera granada de gases lacrimógenos y empezaron a disparar contra los manifestantes. La responsabilidad de la muy publicitada “nueva” Policía Federal también se acreditó por la ilegal sustracción de evidencias que realizaron los policías, por su falta de coordinación con otros cuerpos y por las detenciones arbitrarias que realizaron contra  estudiantes que no sólo fueron ultrajados con tratos indignos sino que también fueron retenidos dentro de un cuartel policial federal, sin motivo para ello.
Adicionalmente, quedó probada la intervención en los hechos de servidores públicos de la Secretaría de Seguridad Pública federal pertenecientes a la División de Fuerzas Federales, que se encontraban en el estado como parte del despliegue policial de la Operación Guerrero Seguro. Este hecho, negado inicialmente tanto por la Policía Federal como por los voceros del gobierno estatal, permite afirmar que las muertes de los estudiantes Gabriel Echeverría de Jesús y Jorge Alexis Herrera Pino, así como la del señor Gonzalo Rivas, son imputables también a la violencia desatada por la absurda guerra lanzada por Felipe Calderón, que hoy presenta saldos sangrientos contra la población civil.
Atendiendo a estos señalamientos, adquiere un enorme interés público el deslinde de responsabilidades penales y administrativas  contra los servidores públicos de la Policía Federal, especialmente del ex comisionado Facundo Rosas y de los mandos presentes en Guerrero, beneficiarios del manto de impunidad que para proteger a la Secretaría de Seguridad Pública Federal de Genaro García Luna se ha tendido durante todo este sexenio desde la Presidencia de la República. No omitimos señalar que actualmente Facundo Rosas ostenta el cargo de subsecretario de Prevención, Vinculación y Derechos Humanos de la Secretaría de Seguridad Pública federal.
Pasando a las autoridades estatales, los señalamientos no son menores. Importa, en este sentido, destacar que quedó demostrada la responsabilidad institucional del gobierno estatal por lo ocurrido antes, durante y después del 12 de diciembre de 2011.
En cuanto a lo ocurrido antes de la represión estudiantil, quedaron probados tres hechos incontroversiales que marcan la responsabilidad histórica de esta administración. Así, quedó acreditado que efectivamente la Normal Rural Raúl Isidro Burgos enfrenta carencias que se traducen en que los estudiantes vivan en condiciones indignas, afectados en sus derechos humanos a la vivienda, la salud y la educación; en este contexto, también se demostró que su exigencia de que estos derechos fueran respetados motivó su movilización, obteniendo del gobierno un trato negligente. Finalmente, se demostró también que los órganos del gobierno estatal tuvieron conocimiento de que el 12 de diciembre realizarían los estudiantes un acto de protesta, sin que se hayan tomado las medidas preventivas necesarias para evitar el trágico desenlace. Con todo ello, adquiere una trascendencia innegable la conclusión de la CNDH en el sentido de que el gobernador Ángel Aguirre Rivero, la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Educación del estado actuaron con indolencia frente al conflicto social que se gestaba en Ayotzinapa, implicando con sus omisiones en la operación política la responsabilidad institucional del gobierno, lo que sin duda pasará a la memoria del oprobio guerrerense, porque cualquier acto represivo contra la población no es ajeno a la decisión que toman las autoridades políticas.
Respecto a lo acontecido el 12 de diciembre, el informe de la CNDH establece que tanto servidores públicos de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil como de la Procuraduría General de Justicia del Estado incurrieron en un uso excesivo de la fuerza pública, que causó directamente la ejecución extrajudicial de los estudiantes Alexis Herrera y Gabriel Echeverría, en medio de la más absoluta falta de coordinación. La inadecuada intervención de dichas corporaciones queda de relieve en el informe. Por ejemplo, se considera demostrado que durante la represión el propio subsecretario de Seguridad Pública, el general Ramón Arreola, acometía contra los estudiantes armado con un palo. Igualmente, quedó plenamente demostrada la responsabilidad de la Procuraduría, atendiendo a que personal de la Policía Ministerial se apersonó en el lugar de los hechos portando armas de fuego –lo que por cierto, fue falsamente negado al inicio de las investigaciones–, cuando por su naturaleza y atribuciones nada tenía que hacer dicha corporación en tal lugar, pero también a que fueron policías ministeriales quienes privaron de la vida a ambos estudiantes.
Y en cuanto a lo sucedido tras los eventos, la responsabilidad de los servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia es aún más comprometedora. Para la CNDH, quedó evidenciado que deliberadamente se modificaron indicios en el lugar de los hechos para incriminar falsamente a un normalista, a quien además se torturó brutalmente. Sin duda, la ejecución extrajudicial de dos estudiantes y la muerte de un trabajador de la gasolinera son hechos de la mayor gravedad, pero el fallido intento de incriminar a un normalista para desvirtuar los hechos torturándolo, revela un aparato de justicia secuestrado por intereses ilegítimos capaz de llegar a extremos propios del más añejo autoritarismo que sigue enquistado en las estructuras del poder.
Dada la gravedad de lo documentado por la CNDH, es de especial interés la apertura del procedimiento de juicio político en el Congreso del Estado contra  los funcionarios señalados en la Recomendación de la CNDH. Este proceso abre la puerta para un ejercicio inédito en nuestro estado, tendente a la sanción política y penal de quienes ocupan los escalafones más altos en la cadena de mando de los aparatos de seguridad y justicia del estado.
A partir de este encuadre de hechos y de la identificación de los responsables, la CNDH formula 30 recomendaciones: 13 de manera conjunta al secretario de Seguridad Pública federal y al gobernador constitucional de Guerrero; cuatro solamente a Genaro García Luna; 11 a Ángel Aguirre Rivero y 2 al presidente de la Mesa Directiva de la LIX Legislatura del Congreso del estado de Guerrero.
Entre las recomendaciones, sin duda destaca la referente a que se impongan las sanciones penales y administrativas contra los responsables, incluyendo lo ya comentado sobre la instauración de juicio político contra altos funcionarios del estado de Guerrero. Pero también son importantes las recomendaciones sobre la realización de un acto de reconocimiento público de responsabilidad ante las víctimas y la adopción de un plan emergente para resolver las urgentes demandas de Ayotzinapa y reforzar el proyecto educativo que encarna la Normal, como alternativa para formar a los docentes que deben revertir el rezago educativo que margina a los sectores más empobrecidos de la entidad. Igualmente, es de primera importancia que la CNDH haya enfatizado el deber de reparar a las víctimas, tarea ésta en la que el gobierno estatal ya ha alcanzado algunos avances a través de la Comisión Civil de Interlocución, cuya importante intervención comienza a dejarse sentir en la entidad.
En suma, la recomendación de la CNDH es un innegable triunfo estudiantil pues, como se ha dicho, reconoce la legitimidad de su movilización tanto como la veracidad de las denuncias. Por ello, también confirma como una decisión pertinente la determinación de los estudiantes de Ayotzinapa de haber acudido ante esa instancia. Y lo que no es menor, al sentar las bases para la reconstrucción histórica de los hechos, el informe de la CNDH desnuda en su falsedad las versiones interesadas que se deslizaron tras los hechos tanto desde el ámbito gubernamental como desde otras posiciones.
La herida que ha dejado la represión del 12 de diciembre de 2011 aún no ha sanado y, sin duda, dejará una cicatriz que marcará a posteridad el gobierno de Ángel Aguirre Rivero. Pero la agenda de justicia, verdad y reparaciones que dibujan las recomendaciones de la CNDH traza una ruta viable y digna para que los hechos sean esclarecidos al tiempo que los responsables sean sancionados, de forma que el daño causado se repare y, sobre todo, de manera que se adopten medidas de no repetición para que hechos como estos no vuelvan a ocurrir. Eso, sin duda, sería la mejor manera de tributar a la memoria de las víctimas, cuyas muertes, cuyo dolor en el caso del normalista torturado, nunca debieron ocurrir.
En este sentido prospectivo, a modo de cierre conviene destacar las palabras que la Comisión Civil de Interlocución, conformada por Gilberto López y Rivas, Miguel Concha Malo, Magdalena Gómez, Arturo Miranda Ramírez, Agnieszka Raczynska, José Rosario Marroquín, Carlos Fazio, Edgar Cortez, Miguel Pulido, Lorena Peralta, Dolores González, Alberto Solís, David Bermúdez, Miguel Alvarez Gándara, envió a los estudiantes de Ayotzinapa para la conmemoración de su 86 aniversario, celebrado hace apenas algunos días: “Reciban el cálido abrazo de la Comisión Civil de Interlocución … junto a nuestro reconocimiento a su aporte histórico para fortalecer el perfil social del Proyecto Educativo de formación de maestros comprometidos con su tierra y sus pueblos, así como a su contribución a la defensa de las Normales Rurales, que son baluarte en la educación y en las luchas sociales de nuestro país. Este largo y difícil proceso ha sido retado y hostigado de varias maneras. La más reciente, sin embargo, les ha honrado. Esta generación carga ya el mandato de la dignidad. Así, nos sumamos hondamente al homenaje que hoy realizan por la vida de Gabriel y de Alexis, cuya sangre y congruencia militante les ha inspirado a conjugar y dimensionar en diálogo la exigencia por la verdad y la justicia junto con la defensa de su proceso y Proyecto Educativo”.