Analizan la UPOEG y el gobierno hacer un padrón de los policías ciudadanos

*Se realizó ayer la primera mesa de trabajo para la regulación de la autodefensa que encabeza Bruno Plácido Valerio

Lourdes Chávez

Chilpancingo

Para transparentar el Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana (SSJC) y evitar que los relacionen con grupos subversivos o de la delincuencia, el dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido Valerio, propuso al gobierno del estado hacer “un pase de lista” de sus integrantes.
En la primera mesa de trabajo para analizar el mecanismo de su regulación, en el Palacio de Gobierno, el asesor del gobierno del estado, Ernesto Aguirre Gutiérrez, coincidió en que una lista de los integrantes del SSJC podría mostrar ante autoridades de seguridad pública y a las instituciones castrenses que no son parte de “grupos oscuros”.
Luego precisó que con un “padrón” la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) podría hacer una revisión, que servirá como primer filtro para identificar a las personas con antecedentes penales.
A la reunión que anunció el gobernador Ángel Aguirre Rivero el jueves pasado, donde dijo que también estaría presente, acudieron el procurador Iñaki Blanco Cabrera, el subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos del gobierno del estado, Efraín Cardoso Mirana, y ya comenzada la negociación se incorporó el secretario general de Gobierno, Jesús Martínez Garnelo.
En la reunión, Plácido Valerio reiteró que el único objetivo del SSJC es regresar la tranquilidad a toda la población, “como obligación de ustedes y responsabilidad de todos nosotros”.
Indicó que para generar condiciones de confianza con las autoridades se realice un acto con los policías ciudadanos, el gobierno del estado y los alcaldes de la región donde tienen presencia y con representantes del Defensa Nacional y la Marina.
Argumentó que hay quien dice que los ciudadanos que se armaron para combatir a la delincuencia quieren dar un golpe de Estado, otros que son guerrilla, y en ese sentido consideró necesario transparentar a la organización, “de ahí partiríamos para buscar no tanto la legalización, sino la regulación del sistema”.
Insistió en que el SSJC no es ilegal, porque sus policías son seleccionadas por los pueblos y  nombrados en asambleas, pero aceptó que es necesario buscar mecanismos de coordinación con las autoridades civiles y militares; asimismo, que para el sistema se deben regular desde las asambleas.
Luego entregó un documento con la propuesta “básica” de la UPOEG, de la que evitaron mencionar su contenido.
Plácido Valerio pidió que para regular el SSJC se firme un pacto de colaboración, porque ya existen muchas corporaciones policiacas en el sistema judicial, “la preventiva municipal, la estatal y judicial”, que tienen problemas internos, porque “no tienen uniformes o porque no les pagan el seguro de vida”.
Asimismo, señaló que cuando la cuando se instalan retenes militares en sus territorios se “disparan” los delitos, porque los obligan a replegarse.
Sin embargo, Blanco Cabrera aclaró que no se puede firmar un convenio de colaboración para que realicen acciones de seguridad, porque no son una institución legalmente constituida.
Aguirre Gutiérrez insistió en que sus planteamientos se incluyan en el reglamento de la ley de la Policía Rural, que aún no han enviado al congreso local para su aprobación.
De los planteamientos básicos de regulación, el procurador consideró que algunos son viables y en otros se tendrían que analizar para hacer ajustes, pero tendrían que involucrar a otras instancias para determinarlo; “hay apertura, pero les pedimos que nos permitan contar con los mecanismos necesarios”, añadió.
A media reunión se integró el secretario general de Gobierno para aclarar que el tema de seguridad y justicia se debe sujetar a la ley, y para ampliar la discusión propuso llamar a gente especializada; “que vengan expertos a hablar para que todos nos convenzamos, para no apartarnos del marco de derecho”, dijo.
Incluso propuso a los activistas que lleven a especialistas de Sudamérica, “donde han andado ustedes”, en tanto el Estado puede traer gente de la UNAM, del sistema de seguridad nacional y estatal para acordar las mesas de trabajo.
Destacó que hy 48 o 50 municipios que sí están aceptando a la Policía Rural.
En el primer receso, Plácido Valerio reconoció que van generar condiciones de confianza con las autoridades, antes de ir a la etapa de regulación.
Descartó la incorporación del SSJC a la Policía Rural, y dijo que no quieren confrontarse pero tampoco someterse a las autoridades, “buscamos una salida a través del diálogo”.
Sobre el hostigamiento del Ejército, indicó que ha bajado la presión en las regiones, pero se deben discutir los términos de convivencia, porque cuando ha llegado los soldados a la zona, no permiten la operación del Sistema de Seguridad Ciudadana, lo que se ha traducido en robos y secuestros.
Consideró que un  mecanismo de transparencia será el uso de uniformes, para que los policías ciudadanos sean identificados; a la fecha usan como distintivos playeras con la leyenda del SSJC, y algunas con el escudo del gobierno del estado.