La ley contra la tortura, insuficiente; debe estar en el código penal, plantea representante de la ONU

*La norma aprobada por el Congreso local no cumple con los estándares internacionales, advierte Javier Hernández. No dice cómo se va a castigar el delito, si con dos, 20 o 200 años

El representante en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos, Javier Hernández Valencia, afirmó que la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Tortura en Guerrero debe ser mejorada porque no cumple con los estándares internacionales ratificados por el Estado mexicano en esa materia.
En declaraciones a reporteros después de la presentación del libro Acompañando la esperanza; 20 experiencias de defensa y promoción de derechos humanos, el representante de la ONU recordó que en el caso especifico de Guerrero, dieron seguimiento a la creación de la ley contra la tortura y realizaron propuestas a través del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
Consideró que es poca la diferencia en la actual legislación con lo que ya había, en referencia a la ley que crea la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), en la que ya se definía a la tortura.
Dijo que el problema sigue siendo el mismo, porque aunque en la ley dice qué es la tortura y que ésta debe ser sancionada y erradicada, “el problema es que no dice cómo se va a castigar la tortura, con cuántos años debe castigarse, dos, 20, 200 años, eso no existe”.
Javier Hernández insistió en que aunque las autoridades estatales digan que la tortura está tipificada, “no está penalizada, entonces no podemos utilizar esa figura para efectivamente sancionar”.
Refutó la afirmación del diputado panista Jorge Camacho Peñaloza, que afirmó que ese delito no se incluyó en el Código Penal porque la ley es de mayor peso.
Dijo que además de las organizaciones locales de defensa de los derechos humanos también hay internacionales que están observando el proceso de legislación en Guerrero, sobre todo porque fueron invitados a fortalecer el proceso legislativo, aunque sus sugerencias no se hayan atendido del todo, pues “tenemos muchos pendientes”, consideró el alto comisionado de la ONU.
Porque dijo que el resultado del trabajo legislativo de meses es que “la tortura no se logra poner donde debe estar, en el Código Penal”, aunque dijo que no bastaría con incluirla, sino que se cumplan los estándares internacionales que fueron “ratificados de manera soberana por el Estado mexicano”.
Insistió en que los estándares internacionales no pueden ser ignorados por los diputados guerrerenses, por el contrario, “debe ser el punto de partida para cualquier tipificación local”, recordó a los integrantes de la 60 legislatura del Congreso del estado.
Adelantó que seguirán revisando el proceso de la legislación de la tortura en Guerrero para que “atravesemos esta barrera que nos hemos autoimpuesto”, porque la ley penal en la materia “merece ser mejorada”.
Desplazados huyen de la violencia y la complicidad de autoridades

Respecto al incremento de poblaciones desplazadas por la violencia generada por los grupos criminales en Guerrero, el representante de la ONU afirmó que los ciudadanos no sólo huyen de la violencia sino también de “la trabazón, la ineficiencia o impunidad que va ligada a la poca acción de las autoridades”.
Incluso dijo que hay autoridades locales que tienen complicidad con los grupos delincuenciales, y dijo que conocen de “muchas denuncias sobre complicidad de policías municipales”.
Dijo que la corrupción es un factor del desplazamiento de las familias de las cabeceras municipales y de comunidades enteras.
Dijo que hay familias en la Tierra Caliente, en particular en Ciudad Altamirano, que al no encontrar justicia ni respaldo en sus autoridades tienen que pagar cuotas a grupos del crimen organizado, y sus denuncias no tienen respuesta, aunque afirmó que la mayor parte de delitos no se denuncian.
Señaló que las familias han llegado a tomar decisiones como sacar del bachillerato a sus hijos para que no se involucren en actos ilícitos, como se repite en varios municipios de la zona,?y comentó que esos casos los tiene documentados la ONU, pero que no son públicos porque hay temor de los ciudadanos.
Dijo que el tratamiento que se le da a la información que recopilan es buscar comunicación con las autoridades para conocer el estado de avance de las investigaciones, para “sacar a ese mundo de mexicanos, de compatriotas de la oscuridad”.
Explicó que no realizan recomendaciones por cada violación a los derechos humanos, sino que al tener un conjunto de quejas y denuncias focalizan el problema y se lo dan a conocer al Estado mexicano para que aplique los estándares internacionales. (Rosalba Ramírez García / Chilpancingo).