Guerrero, uno de los estados más peligrosos para defensores de derechos humanos y periodistas
*Presentan en Chilpancingo el libro Acompañando la esperanza. Ataques, hostigamiento y criminalización contra los activistas sociales es una constante, denuncian
Rosalba Ramírez García
Chilpancingo
La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT), conformada por 74 organizaciones del país, calificó a Guerrero como uno de los estados más peligrosos para el activismo en defensa y promoción de los derechos humanos y el periodismo.
Lo anterior durante la presentación del libro Acompañando la esperanza; 20 experiencias en defensa y promoción de los derechos humanos, en la que participó el representante en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Javier Hernández Valencia, y el integrante del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, Edgar Cortés.
Todos, participantes de la Campaña Nacional Defendamos la Esperanza, en favor de defensores de derechos humanos.
También participó la secretaria ejecutiva de la Red TDT, Agnienska Raczynska; el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y el coordinador de la Red Guerrerense de Derechos humanos, Manuel Olivares.
En general se refirieron a la preocupación por la situación de riesgo que viven los defensores de los derechos humanos en Guerrero y el clima de inseguridad generalizada al que se enfrentan.
La Red TDT afirmó que los ataques, hostigamiento, criminalización y hostigamiento contra los activistas es una práctica que distingue a Guerrero, y mencionaron casos como el de la desaparición forzada de Eva Alarcón y Marcial Bautista ocurrida?el 7 diciembre?de 2011, los homicidios de los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús; asesinatos como el de Juventina Villa Mojica y los de integrantes de la organización Unidad Popular (UP) de Iguala, Arturo Hernández Cardona, Félix Rafael Bandera, Román y Ángel Román Ramírez; el de la Liga Agraria Revolucionaria del Sur Emiliano Zapata (LARSEZ), Raymundo Velázquez Flores; la dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), Rocío Mesino Mesino, y del líder de la Organización Popular de Productores de la Costa Grande (OPPCG), ?Luis Olivares Enríquez, entre otros.
En su participación Edgar Cortés aseguró que “los defensores de los derechos humanos comunitarios son quienes, en la mayoría de las ocasiones, se encuentran en una mayor vulnerabilidad de ser criminalizados, reprimidos y sobre todo deslegitimados, especialmente cuando desde sus comunidades se organizan en contra de intereses privados de grupos poderosos que promueven modelos de desarrollo ajenos a la visión de los pueblos o que imponen la violencia y el temor”.
Consideró que los dos grupos viven en riesgo, por lo que se creó un mecanismo para defender y proteger a estos sectores que en año y medio tiene el registro 131 solicitudes de defensores de derechos humanos y periodistas para ser protegidos, de los cuales se han atendido 120,? 73 casos son de defensores y 58 de periodistas.
De ese número hay 6 casos del estado de Guerrero que están ligados directamente a la impunidad, porque aunque se denuncian, las autoridades no hacen la tarea de investigar.
El representante de la ONU, Hernández Valencia, aseguró que “el trabajo por la defensa de los derechos humanos no es un capricho, es una necesidad que ha surgido entre las personas como consecuencia de las secuelas generadas por reiteradas violaciones a derechos humanos”.
El director del Centro Tlachinollan, Abel Barrera, exigió el cese del hostigamiento en contra de quienes se organizan para exigir garantías a sus derechos, y dijo que “las personas que integran el Consejo de Comunidades Damnificadas de la Montaña durante el bloqueo del pasado martes 4 de febrero en Tlapa, fueron hostigadas por policías ministeriales y ministerios públicos, esa es la respuesta de los gobiernos cuando las personas se organizan para exigir garantías a sus derechos: mandan policías y cierran los canales de diálogo”.
Afirmó que las defensoras y defensores comunitarios “son un ejemplo de dignidad, y las autoridades están obligadas a garantizar su seguridad y no a criminalizarlos ni meterlos a la cárcel, como lo han hecho recientemente con trece integrantes de la Policía Comunitaria, y mencionó los casos de Gonzalo Molina González y Nestora Salgado García, promotores de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) en Tixtla y Olinalá.
Y reprochó que a los defensores de los derechos humanos se les denigre y se les deje en un estado de vulnerabilidad al señalarlos públicamente como personas que están fuera del Estado de derecho, “nos acorralan para que los verdugos tengan las manos libres”.
Agnienska Raczynska afirmó que “Guerrero se coloca entre los estados más riesgosos y peligrosos para ejercer la labor de defensa y promoción de los derechos humanos”, al igual que Oaxaca.
Dijo que entre 2011 y 2013 han documentado 13 casos de agresiones a defensores de los derechos humanos en Guerrero, y que estas son muy graves pues son descalificaciones, amenazas, hostigamiento y asesinatos.
Afirmó que “los defensores comunitarios” sufren más hostigamiento.




