Un diálogo de sordos, la reunión del gobierno federal con representantes de damnificados de la Montaña

*Concluyó sin acuerdos y sin que Rosario Robles y Aguirre hicieran caso a los planteamientos del consejo de pueblos. Maíz y frijol para un año a cada familia, la principal exigencia ante el riesgo de hambruna. Son dos diagnósticos diferentes, para ellos las cosas están bien pero cientos de pueblos están al borde de la exasperación: Abel Barrera. Incorporarlos a los programas ya existentes, la única respuesta de los representantes gubernamentales

Fernando Hernández

Chilpancingo

Sin acuerdos formales concluyó la reunión que sostuvo ayer la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, con los representantes del Consejo de Comunidades Damnificadas de la Montaña para enfrentar el riesgo de una crisis alimentaria.
Rosario Robles y el gobernador Ángel Aguirre, así como secretarios del gobierno del estado y delegados estatales del gobierno federal, se reunieron ayer en la residencia oficial Casa Guerrero con representantes de 200 pueblos indígenas de 13 municipios que integran el Consejo de Comunidades Damnificadas de la Montaña.
La reunión empezó alrededor de las 2 de la tarde y concluyó cerca de las 4 de la tarde.
El encuentro entre los funcionarios ocurrió después de que el pasado martes 4 de febrero el consejo ?bloqueó las principales carreteras de la Montaña que comunican a esta región con Chilpancingo y con el estado de Puebla.
Al finalizar la reunión, el coordinador del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, recordó que el planteamiento principal que tiene el consejo hacia las autoridades es “la dotación de granos básicos de maíz y frijol”.
“Estamos hablando para garantizar el abasto en por lo menos 200 comunidades que integran el consejo y se está pidiendo para cada familia, que viven en los municipios más marginados –de Guerrero- una tonelada y media de maíz para todo el año”, explicó.
Agregó que se trata de alrededor de 20 mil familias que viven en alguna de las 200 comunidades afectadas por la tormenta Manuel y el huracán Ingrid que azotó Guerrero entre el 14, 15 y 16 de septiembre del año pasado, mismas que están distribuidas en algunos de los 13 municipios que integran el consejo.
“Entonces es un costo aproximado de 250 millones de pesos, los pueblos de la Montaña vinieron aquí con las autoridades para garantizar la reconstrucción comunitaria, desde sus propias estructuras y formas de organización, esta dotación de granos básicos”, acotó el defensor de los derechos fundamentales.
Abel Barrera denunció que tras la reunión que sostuvieron con Robles Berlanga “no hubo una decisión clara y concisa hacia los planteamientos de las comunidades, simplemente fue una respuesta, a tenerse que apegar a los mismos programas que ya existen como el de Comedores Comunitarios, Maíz por Bosque y el de Fertilizante”.
A decir del coordinador del Centro Tlachinollan, las propuestas expresadas por la propia secretaria de Desarrollo Social y por los delegados estatales y secretarios de despacho del gobierno del estado son como “regresar al mismo esquema”, cuando de lo que se trata es de “tomar un programa especial e integral de dotación de granos básicos, y esa es la respuesta que quiere este consejo”.
Indicó que la mesa de funcionarios encabezados por el gobernador y Rosario Robles les dio como respuesta “un sí, pero vago y difuso porque dicen que van a cotejar las listas de las asambleas. Porque se entregaron listas de las asambleas de los pueblos donde están ellos –los campesinos— pidiendo este tipo de dotación”.
Manifestó que el mensaje que recibieron la tarde de ayer por parte de los funcionarios federales y estatales fue que ellos quieren que “simplemente se anexen familias que no han sido incorporadas a algún programa dentro de lo que ya está”.
Y puntualizó que para los funcionarios todavía “no hay una postura clara de decir ‘nos comprometemos con las comunidades’, porque han dicho que no van a trabajar con intermediarios”, y en eso, dijo, está de acuerdo Tlachinollan así como el Consejo de Comunidades Damnificadas de la Montaña.
Sobre el tema del intermediarismo, que fue una de las condiciones en que hicieron hincapié los funcionarios durante la reunión, especificó que esto quiere decir que los tratos para la operación de los programas encaminados a apoyar a las comunidades indígenas que se encuentran en riesgo de crisis alimentaria tras el paso de la tormenta, tendrán que ser directamente con las autoridades comunitarias.
“Con los pueblos y con las asambleas, quiere decir que las autoridades tendrán que trabajar con las comunidades, con esa gente es con la que queremos que se trabaje directamente. Y no como pasa, con otros intermediarios como son las constructoras, o la burocracia que en muchos de los casos son los presidentes municipales que mediatizan y corporativizan la ayuda, se trata de una relación nueva entre pueblos indígenas y el gobierno federal y el gobierno del estado”, puntualizó.

No hubo un compromiso real

A pregunta expresa indicó que si bien los funcionarios les dijeron que apoyarían a las comunidades de la Montaña, tampoco hubo un compromiso “real y claro, sólo de que el lunes habrá otra reunión”.
Abel Barrera puntualizó que la reunión que sostendrán el próximo lunes, tentativamente en Casa Guerrero, será “para dibujar la ruta de trabajo de atención”, según lo que les expresó el gobernador.
El defensor retomó que el compromiso de Rosario Robles se quedó en que van a abrir otros 100 comedores comunitarios y van a hacer una revisión de las listas que ha entregado la Comisión para el Desarrollo de los? Pueblos Indígenas (CDI), además de otras? dependencias estatales.
Resumió que el planteamiento de la funcionaria federal se centró en ejemplificar que “si hemos entregado maíz, a esas personas que les hemos entregado –como tenemos el padrón— ya no les va a tocar”.
La postura que asumen los enviados del gobierno federal minimizan los planteamientos del Consejo de Comunidades.
Recordó que las afectaciones? que prevalecen en las comunidades de la Montaña?por la falta de atención de las autoridades de los tres niveles de gobierno se concentran “en los pueblos más maltratados”.
Abundó que uno de los planteamientos de los pueblos que integran el consejo es que se avecina “una crisis alimentaria” para los 200 pueblos, pero que la postura tanto del gobierno federal como del estatal es que se está atendiendo la emergencia.
“Son dos diagnósticos diferentes, en el que para ellos las cosas están bien y el diagnóstico del consejo, que es una realidad en la que cientos de pueblos están al borde de la exasperación”, dijo Abel Barrera.
Por su parte el vocero del Consejo de Comunidades Damnificadas de la Montaña, Abel Bruno Arriaga, dijo que los funcionarios a su propuesta “ni tan siquiera nos consideraron”.
Recordó que durante la reunión, al pedir el uso de la palabra fueron ignorados por los enviados del gobierno federal, a pesar de que les estábamos dando cifras en las que se da cuenta de la crítica situación y el riesgo de crisis alimentaria en la que viven 92 mil 334 habitantes de la Montaña.
“Lo que se requiere para este año son 30 mil 800 toneladas de maíz, y 6 mil 161 de frijol y arroz”, acotó.
Denunció que “hicimos la propuesta, sin embargo –la secretaria de Desarrollo Social— no dijo nada y comenzó a dar datos que desconocemos, porque?son datos nada novedosos”.
A pregunta expresa sostuvo que los pueblos en los que la gente tiene que vivir prácticamente a la intemperie debido a las afectaciones tras el paso de las lluvias, son Moyotepec, La Lucerna, Filo de Acatepec, La Unión de las Peras, El Tepeyac, San Miguel, estas de Malinaltepec, y otros comunidades de Cochoapa y Tlacoapa.
Explicó que la crisis alimentaria que se avecina para los pueblos de la Montaña se debe a que las tierras de cultivo fueron arrasadas y es imposible hacer producir la tierra, que en estos pueblos tiene como finalidad el autoconsumo.

“Nosotros queremos pasar de la etapa de las colchonetas y de las despensas a una política pública para que salgan de la pobreza nuestros pueblos”, concluyó.

La versión oficial

Por su parte la postura oficial del gobierno del estado fue distinta a la manejada tanto por el coordinador de Tlachinollan como por el del vocero del consejo.
“En esta reunión de trabajo los funcionarios federales y estatales rindieron un informe de los apoyos entregados a la Montaña, como la Sagarpa que a través de sus distintos programas destinó 40 millones para beneficiar a más de 24 mil productores, y por parte de la Seder se entregaron 861 toneladas de maíz y 127 de frijol, con una inversión de más de 6 millones de pesos”, según un comunicado de la Dirección de Comunicación Social del gobierno del estado.
En el boletín se indicó que “a través de Diconsa, se tienen instaladas 824 tiendas, por lo que el abasto de maíz y frijol está garantizado con la entrega en los almacenes de 4 mil 585 toneladas; con Liconsa en 19 municipios?se tienen 55 puntos de venta para beneficiar a más de 20 mil familias con 12.5 millones de pesos de inversión y se han puesto en marcha 255 comedores comunitarios en 14 municipios de la Montaña”.
Según la versión oficial el gobernador dijo a los damnificados que “se les hará llegar un informe más detallado de lo que se ha entregado en la Montaña, y se celebrarán reuniones de evaluación de manera periódica”.
El gobierno del estado sostuvo en su comunicado que tanto el gobernador como Rosario Robles “propusieron a los productores que para resarcir el daño económico tras la devastación de sus hectáreas, sean incorporados al programa de empleo temporal, Maíz por Bosque, así como en la conservación de caminos, privilegiando a pequeñas empresas de la Montaña”.
A la reunión asistieron además la secretaría de Educación, Silvia Romero Suárez; el delegado estatal de la SEP, Enrique Martini; el delegado estatal de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu), Héctor Vicario Castrejón; el delegado estatal de la Secretaría de Desarrollo Social, José Manuel Armenta, así como la secretaria de Desarrollo Social estatal, Beatriz Mojica Morga, entre otros funcionarios.