Fernando Lasso

 

La muerte de Vicente Guerrero Saldaña, un asunto de estado

Dr. Fernando Lasso Echeverría*

*Cuando la fuerza del Estado interviene en la muerte de un estadista o líder político, se busca confundir en forma organizada a la opinión pública con la difusión de falsas pistas, la publicación de opiniones encontradas y se termina “echando tierra” sobre el asunto, para que solo queden en la mente del público y expuestos  al juicio popular, los menos importantes miembros de la conspiración, en este caso Picaluga.

Cada vez que se habla de la muerte de Don Vicente Guerrero, fusilado el 14 de febrero de 1831, mediante un juicio sumario fast track en la población de Cuilapan, Oaxaca, a la mayoría de la gente, le viene de inmediato a la mente el apellido de Picaluga, aquel marino mercante de origen genovés, quien colaboró en varias ocasiones –pago de por medio– con los insurgentes en el traslado de recursos materiales para su causa y llamaba a Don Vicente “mi gran amigo.” Picaluga, aquel que mediante engaños –lo invitó a comer a bordo del barco el 15 de ene-ro– logró apresar a Guerrero en El Colombo, cuando éste estaba anclado en el puerto de Acapulco, para después entregarlo el 23 de enero a las tropas enemigas de Guerrero en Huatulco, pueblo costero de  Oaxaca; por esta acción vergonzante recibió 3 mil onzas de oro, equivalentes a 50 mil de aquellos pesos, precio que por cierto incluía la cesión del barco al gobierno, el cual fue abandonado en Huatulco, por Picaluga y sus hombres; sin embargo, la mayoría del público –quizás porque los textos escolares oficiales magnifican la traición del genovés y empequeñecen el complot de Esta-do– ignora u olvida que en realidad el asesinato de don Vi-cente fue maquinado y pagado en los máximos círculos del poder político de aquella época, encabezados por el golpista Anastasio Bustamante, médico y militar ex realista, pero ciertamente con Lucas Alamán su secretario de Relaciones, “atrás del trono”; aquel siniestro, calculador e inteligentísimo personaje ultra conservador del México del siglo XIX, enemigo jurado de la independencia americana y del sistema político republicano, quien llevaba en realidad las riendas del gobierno, a pesar de que Bustamante era en ese momento en forma ilegítima, presidente en turno de la naciente República mexicana; por supuesto, también estuvo íntimamente involucrado en esta página negra del “gobierno” de Bustamante, el español José Antonio Facio, ministro de Guerra de ese régimen, pues fue él quien trató directamente con el marino genovés los detalles de la captura y entrega de Vicente Guerrero y el correspondiente pago por sus servicios, así como José Antonio Espinoza, el ministro de Justicia y Asuntos Religiosos. Ellos cuatro decidieron en una reunión privada, matar a don Vicente Guerrero, en vez de mandarlo al exilio, o mantenerlo preso en México.
Guerrero Saldaña, quien como presidente de la República había sido depuesto, víctima de un complot y levantamiento armado urdido por Bustamante – su vicepresidente– a través del Plan de Jalapa, –respaldado por el clero y los poderosos de la época–, era una verdadera “piedra en el zapato” para don Anastasio; una real amenaza para el gobierno de Bustamante y Alamán, pues a pesar de que Guerrero no había manifestado intenciones ni interés en recuperar la Presidencia, a la cual tenía derecho, tampoco había renunciado a ella, ni  autoridad competente alguna le había despojado de su nombramiento; por otro lado, existían simpatizantes de él, del liberalismo que él representaba y del federalismo que él encabezaba, en varias zonas del país, que sólo esperaban indicaciones de Don Vicente para organizarse y rebelarse contra Bustamante, entre los que estaban el ex gobernador de Michoacán José T. Salgado, el general Juan José Codallos de la misma región, el coronel Francisco Victoria, en el sur de Puebla, los coroneles Márquez y Gárate en San Luis Potosí, Montes de Oca, Gallardo y Álvarez en el sur de México; de hecho, hasta en la misma capital de la República conspiraban partidarios de Guerrero.
Lo anterior obligaba a don Anastasio y a su gabinete a perseguirlo implacablemente, con la finalidad de acabar con él y la causa que encabezaba, situación lograda mediante el complot fraguado en los niveles más altos del gobierno usurpador, que terminó con la ejecución de Guerrero, acción llevada a cabo por un capitán de nombre Miguel González, hombre de absoluta confianza de Facio, quien recibió en Huatulco de manos de Picaluga al prisionero Vicente Guerrero, lo condujo a Oaxaca primero y luego a Cuilapan, y ahí consumó el crimen, dirigiendo la ejecución. El capitán González y el gobernador de Oaxaca fueron testigos oficiales de la entrega del dinero a Picaluga, pues éste se negó a firmar recibo alguno.
La opinión pública de esa época siempre identificó a Bustamante, Alamán, Facio y Espinoza como los verdaderos culpables de este abominable crimen, que causó profunda indignación –por la manera de llevarlo a cabo– incluso entre los mismos enemigos de Guerrero y que finalmente fue inútil para consolidar a Bustamante en el poder, por supuesto, sin dejar de reconocer al tal Picaluga como un mero instrumento perverso de los personajes mencionados, sin el cual no hubiese caído Guerrero en sus garras; no obstante, insisto, a través del tiempo, en la mente de la mayoría de la población continúa Picaluga como el “culpable” de la muerte de Guerrero y se han relegado los nombres de los verdaderos autores de este evento, inolvidable por el mecanismo con el que fue perpetrado y por la trascendencia que tuvo en su momento. A la fecha, se han escrito más páginas dedicadas al traidor circunstancial genovés, que a Bustamante y su gabinete como autores del crimen. Por otro lado, Alamán, el jefe del gabinete de Bustamante, el alma de la administración del gobierno de don Anastasio, y de hecho, factótum de todos los gobiernos que se sucedieron desde 1823 hasta 1853, como ministro omnipotente, se pasó el resto de su vida exculpándose del crimen cometido en la persona de Vicente Guerrero, sin que nadie le creyera.
Y eso pasa cuando la fuerza del Estado interviene en la muerte de un estadista o líder político, para impedir la pérdida del poder de los grupos gobernantes; se trata de confundir en forma organizada a la opinión pública con la difusión de falsas pistas, publicación de opiniones encontradas y se termina “echando tierra” sobre el asunto (actualmente por medio de comisiones específicas), para que finalmente, solo queden a través de los años, en la mente del público y expuestos al juicio popular, el o los menos importantes miembros de la conspiración, en este caso Picaluga .
¿Quién no recuerda a Lee H. Oswald, el hipotético y patético asesino de John F. Kennedy, el presidente norteamericano asesinado en 1963? ¿O a Mario Aburto, el dizque asesino solitario de Luis Donaldo Colosio, llevado a cabo en 1994, durante su gira proselitista por Baja California Norte, casualmente en ese entonces, uno de los pocos estados del país con gobierno de oposición y por ello, escogido para llevar a cabo el homicidio?
En el proceso del asesinato del presidente norteamericano, se sabe ahora –aunque todavía se difunda poco– que en el complot contra Kennedy estuvieron involucrados Lyndon B. Johnson, el principal favorecido con la muerte de JFK, quien estaba peleado y distanciado con el presidente y su grupo íntimo, y ya no iba a desempeñarse como vicepresidente en el segundo periodo presidencial de éste; le iban a dar pues, una patada en el trasero y se iba al ostracismo político total; J. Edgard Hoover, el jefe del FBI, homosexual que siempre ocultó sus preferencias sexuales, que odiaba a los Kennedy y estaba reñido a muerte con Jack el hermano del presidente y procurador general de Justi-cia; Hoover, quien tenía más de 30 años como amo del FBI, y era muy temido por los presidentes a quien les tocó “servir”, tenía conocimiento de que iba a ser destituido después de la gira en la que ocurrió el asesinato; la CIA, grupo de poder realmente independiente de los presidentes norteamericanos en turno, y que funciona –de mandos medios para arriba– como una hermandad, comprometida con los intereses políticos y económicos de la “Compañía”, y no con los intereses de la población de su país o los de sus presidentes; la CIA, a disposición absoluta de los grupos militares cupulares ultraderechistas llamados “halcones,” y de los grandes capitalistas norteamericanos que son en realidad quienes gobiernan al país del norte, a través de “sus” diputados, “sus” senadores y “sus” gobernadores, así como con aquellos presidentes elevados al poder por ellos; cuando el mandatario en turno les “falla” con políticas adversas para sus intereses, lo nulifican políticamente y lo sustituyen o bien acaban con él físicamente.
Kennedy se había negado a invadir Cuba con tropas regulares de su país, y se negó también a apoyar con bombarderos el ataque invasivo llevado a cabo por cubanos exiliados en Miami en Bahía de Cochinos, apoyados por cierto con dinero de las mafias cubano-norteamericanas, que habían perdido sus casinos en la isla; por otro lado, Kennedy se estaba comprometiendo con la población del país, mediante promesas de campaña, a terminar con la impopular guerra contra Viet-nam en su segundo periodo de gobierno, situación repudiada por los militares ultraderechistas y los capitalistas que ven-dían armas al gobierno por sumas billonarias para llevar a cabo esta guerra.
Actualmente ya se puede ver en documentales doblados al español –transmitidos en History Chanel, National Geo-grafic y otros– los hilos íntimos del complot, en donde dan cuentas de cómo se llevó a cabo el bárbaro asesinato, en el cual intervinieron –además de Oswald– no menos de tres expertos tiradores, y en donde mezclan no solamente a Johnson, sino también a Conally, el gobernador republicano de Texas en ese momento, y herido accidentalmente durante los hechos. Comentan en estos documentos fílmicos cómo todos estos personajes se reunieron una noche antes del atentado, en la casa de uno de los principales petroleros texanos –también involucrado en el documental con el asesinato presidencial– quien era uno de los más beneficiados con el desarrollo de la guerra vietnamita.
En el caso de Colosio, ¿cómo creer que Salinas, el presidente de México en turno cuando ocurrió este crimen, el hombre mejor informado del país, no haya tenido conocimiento de lo se tramaba en contra de éste? ¿Cómo consentir que –el Alamán del sexenio salinista y amigo íntimo de Zedillo– José Córdoba Monto-ya, el maquiavélico y temible Jefe de la Oficina de la Presidencia y principal asesor de Carlos Salinas, el impulsor fundamental de la candidatura de Zedillo, no haya estado implicado profundamente en este crimen de Estado? ¿Cómo aceptar que Zedillo, el principal beneficiado por este asesinato, y casualmente el dizque coordinador de giras del candidato –por cierto ausente inexplicablemente en la gira del candidato en la fecha del asesinato–, no haya estado involucrado de alguna manera en él? ¿Cómo pensar siquiera que los distinguidos juristas y en ese entonces secretario de Gober-nación y procurador general de Justicia respectivamente, Jorge Carpizo y Diego Valadés, hayan estado ayunos de cualquier información sobre lo que podía (o tenía que) ocurrir?
No, no es creíble; seguramente, al igual que Anastacio Bustamante, Lucas Alamán, José Antonio Facio y José Antonio Espinoza, culpables intelectuales de la muerte de Vicente Guerrero hace ya casi 200 años, los culpables de las muertes de Colosio y Kennedy serán exhibidos pública y francamente ante las generaciones del futuro, a mediano o largo plazo; nadie podrá impedirlo. En Estados Unidos, ya inició la ventaneada, a pesar de los excesivos cuidados que continúan teniendo la “Compañía” y otras organizaciones interesadas en seguir ocultando a los culpables.

* Presidente de Guerrero Cultural Siglo XXI.