Guerrero, uno de los estados más peligrosos para defensores de derechos humanos y periodistas, advierten

Guerrero, uno de los estados más peligrosos para defensores de derechos humanos y periodistas

*Presentan en Chilpancingo el libro Acompañando la esperanza. Ataques, hostigamiento y criminalización contra los activistas sociales es una constante, denuncian

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT), conformada por 74 organizaciones del país, calificó a Guerrero como uno de los estados más peligrosos para el activismo en defensa y promoción de los derechos humanos y el periodismo.
Lo anterior durante la presentación del libro Acompañando la esperanza; 20 experiencias en defensa y promoción de los derechos humanos, en la que participó el representante en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Javier Hernández Valencia, y el integrante del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, Edgar Cortés.
Todos, participantes de la Campaña Nacional Defendamos la Esperanza, en favor de defensores de derechos humanos.
También participó la secretaria ejecutiva de la Red TDT, Agnienska Raczynska; el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y el coordinador de la Red Guerrerense de Derechos humanos, Manuel Olivares.
En general se refirieron a la preocupación por la situación de riesgo que viven los defensores de los derechos humanos en Guerrero y el clima de inseguridad generalizada al que se enfrentan.
La Red TDT afirmó que los ataques, hostigamiento, criminalización y hostigamiento contra los activistas es una práctica que distingue a Guerrero, y mencionaron casos como el de la desaparición forzada de Eva Alarcón y Marcial Bautista ocurrida?el 7 diciembre?de 2011, los homicidios de los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús; asesinatos como el de Juventina Villa Mojica y los de integrantes de la organización Unidad Popular (UP) de Iguala, Arturo Hernández Cardona, Félix Rafael Bandera, Román y Ángel Román Ramírez; el de la Liga Agraria Revolucionaria del Sur Emiliano Zapata (LARSEZ), Raymundo Velázquez Flores; la dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), Rocío Mesino Mesino, y del líder de la Organización Popular de Productores de la Costa Grande (OPPCG), ?Luis Olivares Enríquez, entre otros.
En su participación Edgar Cortés aseguró que “los defensores de los derechos humanos comunitarios son quienes, en la mayoría de las ocasiones, se encuentran en una mayor vulnerabilidad de ser criminalizados, reprimidos y sobre todo deslegitimados, especialmente cuando desde sus comunidades se organizan en contra de intereses privados de grupos poderosos que promueven modelos de desarrollo ajenos a la visión de los pueblos o que imponen la violencia y el temor”.
Consideró que los dos grupos viven en riesgo, por lo que se creó un mecanismo para defender y proteger a estos sectores que en año y medio tiene el registro 131 solicitudes de defensores de derechos humanos y periodistas para ser protegidos, de los cuales se han atendido 120,? 73 casos son de defensores y 58 de periodistas.
De ese número hay 6 casos del estado de Guerrero que están ligados directamente a la impunidad, porque aunque se denuncian, las autoridades no hacen la tarea de investigar.
El representante de la ONU, Hernández Valencia, aseguró que “el trabajo por la defensa de los derechos humanos no es un capricho, es una necesidad que ha surgido entre las personas como consecuencia de las secuelas generadas por reiteradas violaciones a derechos humanos”.

El director del Centro  Tlachinollan, Abel Barrera, exigió el cese del hostigamiento en contra de quienes se organizan para exigir garantías a sus derechos, y dijo que “las personas que integran el Consejo de Comunidades Damnificadas de la Montaña durante el bloqueo del pasado martes 4 de febrero en Tlapa, fueron hostigadas por policías ministeriales y ministerios públicos, esa es la respuesta de los gobiernos cuando las personas se organizan para exigir garantías a sus derechos: mandan policías y cierran los canales de diálogo”.
Afirmó que las defensoras y defensores comunitarios “son un ejemplo de dignidad, y las autoridades están obligadas a garantizar su seguridad y no a criminalizarlos ni meterlos a la cárcel, como lo han hecho recientemente con trece integrantes de la Policía Comunitaria, y mencionó los casos de Gonzalo Molina González y Nestora Salgado García, promotores de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) en Tixtla y Olinalá.
Y reprochó que a los defensores de los derechos humanos se les denigre y se les deje en un estado de vulnerabilidad al señalarlos públicamente como personas que están fuera del Estado de derecho, “nos acorralan para que los verdugos tengan las manos libres”.
Agnienska Raczynska afirmó que “Guerrero se coloca entre los estados más riesgosos y peligrosos para ejercer la labor de defensa y promoción de los derechos humanos”, al igual que Oaxaca.
Dijo que entre 2011 y 2013 han documentado 13 casos de agresiones a defensores de los derechos humanos en Guerrero, y que estas son muy graves pues son descalificaciones, amenazas, hostigamiento y asesinatos.
Afirmó que “los defensores comunitarios” sufren más hostigamiento.

La ley contra la tortura, insuficiente; debe estar en el código penal, plantea representante de la ONU

*La norma aprobada por el Congreso local no cumple con los estándares internacionales, advierte Javier Hernández. No dice cómo se va a castigar el delito, si con dos, 20 o 200 años

El representante en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos, Javier Hernández Valencia, afirmó que la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Tortura en Guerrero debe ser mejorada porque no cumple con los estándares internacionales ratificados por el Estado mexicano en esa materia.
En declaraciones a reporteros después de la presentación del libro Acompañando la esperanza; 20 experiencias de defensa y promoción de derechos humanos, el representante de la ONU recordó que en el caso especifico de Guerrero, dieron seguimiento a la creación de la ley contra la tortura y realizaron propuestas a través del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
Consideró que es poca la diferencia en la actual legislación con lo que ya había, en referencia a la ley que crea la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), en la que ya se definía a la tortura.
Dijo que el problema sigue siendo el mismo, porque aunque en la ley dice qué es la tortura y que ésta debe ser sancionada y erradicada, “el problema es que no dice cómo se va a castigar la tortura, con cuántos años debe castigarse, dos, 20, 200 años, eso no existe”.
Javier Hernández insistió en que aunque las autoridades estatales digan que la tortura está tipificada, “no está penalizada, entonces no podemos utilizar esa figura para efectivamente sancionar”.
Refutó la afirmación del diputado panista Jorge Camacho Peñaloza, que afirmó que ese delito no se incluyó en el Código Penal porque la ley es de mayor peso.
Dijo que además de las organizaciones locales de defensa de los derechos humanos también hay internacionales que están observando el proceso de legislación en Guerrero, sobre todo porque fueron invitados a fortalecer el proceso legislativo, aunque sus sugerencias no se hayan atendido del todo, pues “tenemos muchos pendientes”, consideró el alto comisionado de la ONU.
Porque dijo que el resultado del trabajo legislativo de meses es que “la tortura no se logra poner donde debe estar, en el Código Penal”, aunque dijo que no bastaría con incluirla, sino que se cumplan los estándares internacionales que fueron “ratificados de manera soberana por el Estado mexicano”.
Insistió en que los estándares internacionales no pueden ser ignorados por los diputados guerrerenses, por el contrario, “debe ser el punto de partida para cualquier tipificación local”, recordó a los integrantes de la 60 legislatura del Congreso del estado.
Adelantó que seguirán revisando el proceso de la legislación de la tortura en Guerrero para que “atravesemos esta barrera que nos hemos autoimpuesto”, porque la ley penal en la materia “merece ser mejorada”.
Desplazados huyen de la violencia y la complicidad de autoridades

Respecto al incremento de poblaciones desplazadas por la violencia generada por los grupos criminales en Guerrero, el representante de la ONU afirmó que los ciudadanos no sólo huyen de la violencia sino también de “la trabazón, la ineficiencia o impunidad que va ligada a la poca acción de las autoridades”.
Incluso dijo que hay autoridades locales que tienen complicidad con los grupos delincuenciales, y dijo que conocen de “muchas denuncias sobre complicidad de policías municipales”.
Dijo que la corrupción es un factor del desplazamiento de las familias de las cabeceras municipales y de comunidades enteras.
Dijo que hay familias en la Tierra Caliente, en particular en Ciudad Altamirano, que al no encontrar justicia ni respaldo en sus autoridades tienen que pagar cuotas a grupos del crimen organizado, y sus denuncias no tienen respuesta, aunque afirmó que la mayor parte de delitos no se denuncian.
Señaló que las familias han llegado a tomar decisiones como sacar del bachillerato a sus hijos para que no se involucren en actos ilícitos, como se repite en varios municipios de la zona,?y comentó que esos casos los tiene documentados la ONU, pero que no son públicos porque hay temor de los ciudadanos.
Dijo que el tratamiento que se le da a la información que recopilan es buscar comunicación con las autoridades para conocer el estado de avance de las investigaciones, para “sacar a ese mundo de mexicanos, de compatriotas de la oscuridad”.
Explicó que no realizan recomendaciones por cada violación a los derechos humanos, sino que al tener un conjunto de quejas y denuncias focalizan el problema y se lo dan a conocer al Estado mexicano para que aplique los estándares internacionales. (Rosalba Ramírez García / Chilpancingo).

La ONU documentará los casos de violación de los derechos humanos, informa la UPOEG

El representante en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Javier Hernández Valencia se comprometió con la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) a documentar los testimonios de víctimas de violación a los derechos humanos.
El promotor del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana (SSyJC), Crescencio Ramírez, informó que el resultado de una reunión realizada ayer fue que la ONU en coordinación con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum) documentarán los testimonios de las víctimas de la violencia.
También se pretende documentar la eficiencia del SSJC en zonas en las que las instituciones de los tres niveles de gobierno fracasaron en cuestión de seguridad.
Pero sólo de dos regiones del estado en las que tiene presencia la UPOEG, por lo que esta semana realizarán asambleas populares para que las comunidades decidan qué regiones serán las atendidas por los organismos. (Rosalba Ramírez García / Chilpancin-go).