Nada ha cambiado en Guerrero en 19 años; sigue igual la impunidad, reclama el obispo Raúl Vera

Nada ha cambiado en Guerrero y los niveles de impunidad siguen igual que hace 19 años: Raúl Vera

*Así se alienta el crimen y la violación de los derechos humanos, dice el obispo al concluir en Acapulco su misión de observación. Si el gobierno del estado no reacciona, podría agravarse la situación de violencia, alerta

Mariana Labastida

El obispo de Saltillo y presidente de la Red Solidaria Década contra la Impunidad, Raúl Vera López, dijo que a 19 años de su estancia en Guerrero no han cambiado nada los niveles de impunidad, y advirtió que si no “reacciona el equipo político que gobierna aquí” podría agravarse la situación de violencia que existe en el estado.
Vera López encabezó un mitin en el Zócalo de Acapulco, donde concluyó la gira que inició el domingo en Iguala como parte de la Misión Civil de Observación contra la Violación de los Derechos Humanos.
Ahí denunció el intento del gobierno de “descabezar y desarmar” el movimiento social en Guerrero.
En declaraciones a los medios, Vera López recordó que él estuvo en la Tierra Caliente de 1988 a 1995, y que desde entonces los niveles de impunidad siguen siendo la característica “más lacerante” del estado de Guerrero y el desafío “más importante”, porque ésta alienta el crimen y la violación de los derechos humanos, de la dignidad humana.
Advirtió que “si no reacciona el equipo político que gobierna aquí, cada vez será peor, yo soy testigo de cómo ha empeorado la situación” en el estado.
Porque dijo que según los señalamientos que le hicieron durante su gira, la justicia no se aplica a los servidores públicos, que son los que están haciendo el desorden social, y las autoridades parecen más protectores de ellos dañando la vida humana y multiplicando las injusticias.
“El flagelo de la impunidad es uno de los problemas más graves que padece este estado”, insistió.
De las condiciones de vida de los guerrerenses el obispo dijo que siguen igual los grados de pobreza que hace 19 años, cuando él vivió en Guerrero, con una gran inseguridad y constantes lamentaciones, pues así lo escuchó durante el recorrido que hizo durante dos días por diferentes municipios.
Consideró inadmisible que no se dé seguimiento a los casos de desapariciones.
Vera López inició su discurso en el mitin agradeciendo la paciencia de los asistentes que esperaron más de tres horas; ahí dijo que en la gira que hizo y por lo que escuchó se dio cuenta del “intento desde los poderes que controlan este estado, el intento de descabezar y desarmar el movimiento social”.
Dijo que es incomprensible que se vea como enemigos “que se tienen que vencer a muerte” a las organizaciones sociales y líderes por parte de quienes se supone tienen vocación política y a los que se les tiene que despertar la consciencia de servidores públicos para que hagan lo que les corresponde, “creen que con apagar la vida eso va a apagar el anhelo de justicia social y de paz, eso no se entiende, es una irracionalidad, falta de elemental sentido común y de la vida, ese tipo de acciones no las entendemos”, enfatizó.
Agregó que parte del objetivo de la misión es llevar al Tribunal Internacional de Conciencia los casos que escuchó durante su visita a Guerrero, porque ahí se está analizando todo con personas que saben cuál debe ser la articulación política de un país.
“Todo esto lo estamos analizando desde un concepto que es la desviación del poder, cómo a través de sus puestos públicos los que tienen poder de decisión, en orden a la justicia y al derecho, están desviando ese poder hacia otros intereses ajenos y quienes tienen conciencia de lo que debe de ser una vida política, un modelo de vida económica les estorban”, en lugar de crear una vida justa, digna y profunda en la construcción de la patria, dijo.
Dijo a los integrantes de las organizaciones sociales que no están solos ni abandonados, sino que está en solidaridad con ellos; agregó que lo que quiere es articular esfuerzos ciudadanos para evitar que se siga gobernando con avaricia y se siga padeciendo el poder, “la fuerza de un país está en sus ciudadanos”, por lo cual llamó a ir en la búsqueda que quieren, porque las quejas de desapariciones que escuchó en Guerrero también lo hace en Coahuila, “esto ya basta”.
Expresó que los asistentes al mitin son la “prueba de que México puede ser diferente, que somos muchos que no pensamos como piensan los que en este momento pueden contratar asesinos, criminales que están dentro de las mafias para desaparecer cualquier esfuerzo que la sociedad quiere hacer”.
Agradeció la confianza que le dan y le hace ver la urgencia que hay en Guerrero de encontrar un camino de respeto a la dignidad y la integridad de la vida humana.
La viuda del ex diputado Armando Chavarría Barrera, Martha Obeso, recordó que cuatro años y medio ha reclamado justicia, y reiteró que con el asesinato de su esposo, que era el presidente del Congreso local, se descabezó un poder que representa la voluntad ciudadana, por ello “cualquier asesinato que ocurriera después quedaría impune” y recordó a Raymundo Velázquez, de la Larsez; a Luis Olivares de la Unión de Productores de la Costa Grande; a Rocío Mesino, y enfatizó que “no vamos a declinar la demanda de justicia, porque no puede existir una sociedad democrática sin justicia”.
La hermana de la dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), Rocío Mesino, Norma Mesino, exigió justicia ante un crimen de Estado, “le pedimos que ponga en su agenda el caso de una defensora como Rocío Mesino, que no quede impune, que nunca más asesinen a una mujer por defender sus derechos y de los ciudadanos, por sus ideas”, y entregó un expediente con la lucha social que hizo su hermana, “ya no estamos dispuestos a que haya más asesinatos”.
Leonor Ochoa Segura, de los desplazados de La Laguna, expuso brevemente lo que les ocurrió en su comunidad, donde dijo fueron ultrajados y el gobierno sigue acosándolos, y al recordar la muerte de familiares las lágrimas no le permitieron continuar.
El luchador social Bertoldo Martínez Cruz entregó al obispo Vera López por escrito un informe de casos de violación de derechos humanos, injusticia y criminalización de la lucha social, en los que se exponen los asesinatos de luchadores sociales, las accione en contra de la CRAC, la Normal Rural de Ayotzinapa, los desplazados por la violencia y los damnificados por la tormenta tropical Manuel y el huracán Ingrid.
Acudieron integrantes del Sutrem, de Morena, de la Confederación de Jubilados y Pensionados, OCSS, Unión de Productores de la Costa Grande y otras organizaciones integrantes del Movimiento Popular Guerrerense.

Pide el obispo Vera en Ayutla respeto a los pueblos indígenas y respalda a la Policía Comunitaria

*Encabeza una marcha para exigir la liberación de Nestora Salgado y los comunitarios presos. Demanda también esclarecer la matanza de El Charco, ocurrida en 1998

De la corresponsalía

Ayutla

Indígenas de diferentes comunidades de Ayutla y Tecoanapa, junto con miembros de la Organización para los Pueblos Indígenas (OPIM) me´phaa y na savi, e integrantes de la Casa de Justicia de El Paraíso de la Policía Comunitaria de la CRAC, marcharon ayer en esta ciudad para exigir la liberación de nueve poli-cías comunitarios de esa casa de justicia de y de la coordinadora  de Olinalá, Nestora Salgado García.
El obispo de Saltillo, Raúl Vera López, acompañó la marcha que terminó en un mitin en la explanada del Palacio Municipal, donde dijo que debe respetarse a los pueblos indígenas, defendió el trabajo de la CRAC, e indicó que deben seguir su labor de dar seguridad a los pueblos.
En el mitin, los oradores pidieron al presidente de la Red Solidaria Década contra la Impunidad que intervenga para la liberación  de los policías comunitarios detenidos y se castigue a los responsables de la masacre de El Charco.
Luis Castro Rafaela, coordinador de la Casa de Justicia de El Paraíso, dio la bienvenida al obispo y señaló  que las autoridades de los tres niveles de gobierno han atacado a los indígenas, como en los hechos ocurridos el 7 de junio de 1998 en la comunidad de El Charco.
“El Ejército mexicano privó de la vida a 11 campesinos que se encontraban durmiendo en la escuela bilingüe Caritino Maldonado Pérez, por lo que solicitan la intervención del obispo a fin de que interceda para que las autoridades dejen de hostigar a los indígenas sin que éstos sean delincuentes”, dijo.
Desde las 10 de la mañana de ayer ciudadanos se reunieron en el deportivo de esta cabecera, en espera de la llegada del obispo.
Al llegar, la presidenta de la OPIM, Obtilia Eugenio Manuel, le colocó una cadena de flores, junto con su hermano Victoriano Eugenio Manuel, quien también le entregó los bastones de mando de las comunidades indígenas, nombrándolo uno de los hombres principales de los pueblos de la parte alta de la Costa Chica.

Muy digno el trabajo de la CRAC

En su intervención, el obispo Raúl Vera manifestó que entiende la responsabilidad y la confianza al entregarle los dos bastones y queda comprometido para caminar junto con los indígenas, ya que su misión es de observación de la defensa de los derechos humanos, así como apoyar a los pueblos organizados que buscan bienestar en su pueblos, pero también que se esfuercen para insistir en que las autoridades se esfuercen por hacer lo que es su responsabilidad y dar respeto a las comunidades indígenas.
“Como pueblo mexicano se debe de respetar a los pueblos indígenas, porque es ahí donde están las raíces que lo identifican como seres humanos, y la unión de todos los reclamos se suma para exigir justicia y detener a los criminales, así como advertir a los que pretendan hacer algún daño, pues la autoridad no debe de estar por encima de ellos, la dignidad de la mujer tiene que ser defendida en donde quiera que se encuentren, la Policía Comunitaria es reconocida en el país por que busca seguridad para sus pueblos”, dijo el obispo.
Agregó que los movimientos sociales como la CRAC deben de continuar haciendo labor para tener seguridad en sus pueblos, y consideró que es un trabajo muy digno y no pueden permitir que se violenten los derechos por malos elementos.
“Si los gobiernos no son capaces de dar seguridad en los pueblos, que aporten un presupuesto para tener una mejor casa de justicia, en mejores condiciones, y los procesos de recuperación constructiva sean de provecho y aquellos que hayan sido sometidos a una reeducación verdadera que regresen a la sociedad, los paramilitares hicieron un acto terrorista en comunidades del estado de Chiapas, este es un mensaje de masacrar a gente inocente, por eso es importante que se esclarezca el caso de El Charco, porque tienen derechos los pueblos a organizarse para defenderse”, expresó.
Añadió que la comisión de los derechos humanos ha documentado todos los hostigamientos de que son objeto los indígenas integrantes de la OPIM y de los integrantes de la policías comunitaria de la CRAC, y señaló que es importante que los pueblos que tienen una raíz muy sólida y fuerte no deben de venderse porque su dignidad es mucho más fuerte, por eso las tradiciones indígenas están presentes en las policías comunitarias.
Al finalizar el mitin de la explanada del Ayuntamiento, Raúl Vera López acompañó a los asistentes a una comida en el deportivo de Ayutla, que fue organizada en su honor y en el mismo lugar se realizó una reunión con los coordinadores de la casa de justicia de El Paraíso, de manera privada.

Una marcha con mantas y sin consignas

Se reunieron alrededor de 500 personas provenientes de El Timbre, El Mirador, Colotepec, La Cortina, El Paraíso, Chacalapa, Cerro Gordo, El Platanal, San Pedro, Coxcatlán Candelaria, San Felipe, Capulín y Las Peñas y otras comunidades de Ayutla y Tecoanapa.
La movilización inició alrededor de las 11:20 de la mañana con una primera pancarta con la leyenda “Exigimos la libertad de los comunitarios CRAC-PC de El Paraíso Gro.”, que era portada por las esposas de los detenidos que se encuentran en la cárcel de Acapulco, y otra que decía “Bienvenido Sr. Arzo-bispo José Raúl Vera López”, que portaban las viudas de El Charco.
Al contingente se agregaron los integrantes de la Misión de Observación por la Paz, que acompañaba al obispo, el visitador de la Comisión de Derechos Humanos (Codehum), Hipólito Lugo Cortés; Nicolás Chávez Adame, dirigente de la Asamblea de los Pueblos Populares de Guerrero (APPG), y la secretaria de la Red Solidaria de Derechos Humanos (RSDH), María Magdalena López Paulino.
También se sumó Efrén Cortés Chávez, sobreviviente de la masacre de El Charco; Bertoldo Martínez Cruz, dirigente del Frente de Organizaciones Democráticas del Estado de Guerrero (FODEG) e integrante del colectivo contra la Tortura Represión e Impunidad; del Servicio Internacional para la Paz, Laura Baz y José Luis de la Rosa; de la Central Cardenista Democrática, Mauro Aquino Delgado y Víctor Humberto Castellano, y alrededor de 60 policías comunitarios armados y uniformados representando a la CRAC, aunque los coordinadores que acompañaban al obispo sólo portaban el uniforme.
El recorrido duró aproximadamente una hora sobre el bulevar Primero de Marzo, hasta llegar al centro de la ciudad de Ayutla.
En la marcha no se expresaron consignas ni reclamos hacia los gobiernos, sólo se escuchaba la música de viento que tocaban cinco bandas de músicos provenientes de las localidades participantes.
Una patrulla con policías de la CRAC de El Paraíso que portaban armas y uniformes abría el paso al contingente.
Al frente iban las esposas de los policias comunitarios de El Paraíso presos en Acapulco.
En el mitin el coordinador de la casa de justicia de El Paraíso, Castro Rafaela, solicitó al obispo que intervenga con el gobernador Ángel Aguirre Rivero y el presidente Enrique Peña Nieto, para que liberen a sus compañeros comunitarios que se encuentran recluidos por delitos que no se les han comprobado, ya que por la necesidad de defenderse de los delincuentes participaron en la Policía de la CRAC.
Eustolia Ramírez Castro solicitó que se haga justicia, pues están in-dignados porque no se ha hecho nada para castigar a los responsables de los homicidios de los indígenas de El Charco que dejaron viudas y niños huérfanos, y que el gobernador cumpla las promesas que hizo cuando era interino, de otorgarles recursos para proyectos productivos y obras de las cuales carecen en la zona indígena y que ahora como gobernador nada ha hecho por las viudas y los huérfanos.
Inés Fernández Ortega, violada por soldados del Ejército, con ayuda de un traductor agradeció la presencia del obispo, a quien dio a conocer las injusticias que se sufren en las comunidades indígenas de Ayutla.
Le pidió que ayude a que se les haga justicia, que interceda por los campesinos que habitan en la región, porque le están aumentando el costo del fertilizante para hacer producir sus tierras.
“La Casa de Justicia es una y no hay más, que los coordinadores que acompañan al arzobispo son elegidos por el pueblo, hoy que inician la lucha por la paz, tienen que iniciar una campaña de reconciliación con el resto de las comunidades indígenas, nunca más se tienen que repetir las violaciones hacia los indígenas y campañas de esterilización, no se debe de registrar ninguna masacre más en la región”, puntualizó por su parte Efrén Cortés Chávez, sobreviviente de la masacre de El Charco.