Humberto Musacchio

Un Castillo que se derrumba…

Las almas buenas creen que la delincuencia desaparece con sólo aplicar la ley. Es probable que así sea, pero hay momentos y condiciones que impiden la aplicación de la dichosa ley y el Estado, para preservarse, se ve obligado a pactar con quienes se dedican a actividades ilícitas.
Eso ha ocurrido en muchos países que han atravesado por guerras civiles, en aquellos que tienen actividad guerrillera a la que no pueden doblegar y, por supuesto, en naciones que para acabar con determinada actividad criminal prefieren llegar a un acuerdo con quienes se dedican a ella, como ocurrió en Estados Unidos cuando en 1933 entró el segundo Roosevelt a la Casa Blanca, derogó la ley que prohibía producir y comercializar bebidas alcohólicas y propició que los capos y sus pandillas dejaran el crimen e invirtieran sus enormes fortunas en el negocio legal de garitos, lo que hizo de Las Vegas la metrópoli de los juegos de azar.
Debemos imaginar que el señor Alfredo Castillo, comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, entiende que cuando no se puede vencer al enemigo hay que unirse a él o, por lo menos, darle salidas atractivas para que abandone la actividad delictiva. Tenemos que suponer que la reunión que sostuvo con jefes de las autodefensas entre los que estaba un conocido narco tenía como finalidad llevar la paz y el orden a Michoacán.
Hay que insistir en esa suposición porque el procurador general de la República, el señor Jesús Murillo Karam, declaró que para la celebración de la junta de Alfredo Castillo con los citados personajes “alguna razón debe haber habido y no necesariamente una mala razón”… Sí, alguna razón debió existir, aunque en boca del titular de la PGR eso es una verdad envenenada y una condena para el comisionado.
Todo gobierno, por conveniencia de facción o por razones de Estado (las instituciones, el orden, la ley), se ve orillado a negociar con fuerzas a las que acusa de actuar ilegalmente. Sí, pero la condición es que tales negociaciones se mantengan en la más completa reserva y sólo se den a conocer, si es que eso ocurre, cuando el problema haya sido desactivado.
A veces, una de esas negociaciones adquiere inevitablemente carácter público, como sucede con las conversaciones entre representantes del gobierno colombiano y jefes guerrilleros de las FARC o como ocurrió con las partes involucradas en la guerra de Vietnam, pero en ese caso es porque así conviene a unos y otros y siempre se reservan algunas reuniones y puntos de discusión para el arreglo en privado.
En el caso michoacano, Castillo sabía o debía saber que todo tenía que mantenerse en la mayor reserva, pero alguien quiso y logró sabotear su gestión e hizo público el encuentro, que ya mereció la condena de la oposición diestra y siniestra que le pide al gobierno explicaciones.
No se puede creer al comisionado cuando dice que no sabía quién era Juan José Farías, el capo apodado El Abuelo. Estaba obligado a saberlo, pues de otra manera mostraría una ineptitud que amerita cese fulminante. Importa poco que oficialmente se niegue que sobre la mesa se hubieran puesto asuntos estratégicos: la reunión misma tiene hoy, a los ojos de todo mundo, carácter estratégico.
En fin, que la filtración fue un caso obvio de “fuego amigo”, pues dentro del aparato estatal hay fuerzas muy interesadas en que siga la guerra, que continúen fluyendo los grandes presupuestos a ciertas dependencias y que la violencia sea el trampolín de políticos que tienen la mira puesta en el 2018. ¿O no?