Despiden a un policía estatal que perdió un brazo en una emboscada; no le pagan su seguro, pensión ni salarios

El secretario de Finanzas, Jorge Salgado ordenó que no se le diera su indemnización, denuncia Francisco García ante el  Tribunal de lo Contencioso y Administrativo

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Un policía estatal que quedó vivo pero herido en una emboscada el 18 de marzo del 2012 cerca de Teloloapan, cuando murieron 13 policías estatales y municipales, fue dado de baja de la corporación por el gobierno del estado sin otorgarle la pensión por riesgo de trabajo que prevé la ley, tampoco le cubrieron sus salarios de las últimas quincenas ni el seguro correspondiente a la pérdida de su brazo en cumplimiento de su trabajo.
El caso del ahora ex policía Francisco García Ávila se ventila en el Tribunal de lo Contencioso y Administrativo (TCA) bajo el expediente TCA/SRCH/15672013, a donde acudió para reclamar sus derechos laborales que le fueron violados.
García Ávila mantiene demandado ante esta instancia al Gobierno del estado, “por la ilegal omisión del pago de la indemnización constitucional y prestaciones que me corresponden, por haber causado baja por incapacidad total y permanente”.
También demandó al Instituto de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero (ISSSPEG), “por la ilegal omisión de otorgarme la pensión y demás prestaciones que me corresponden  por el riesgo de trabajo sufrido como elemento del cuerpo de la Policía Estatal”.
El ex agente ingresó a la corporación el primero de enero de 1990 y en su demanda ante el TCA narró que el 18 de marzo del 2012 se encontraba dentro del grupo de los policías estatales y municipales de Teloloapan que fueron emboscados por pistoleros aproximadamente a las 5:30 de la tarde, cerca de la comunidad de El Cantón, sobre la carretera federal Teloloapan-Arcelia, en donde resultaron muertos 13 de sus compañeros (el gobierno estatal informó entonces que fueron 12: seis policías estatales y seis municipales).
En esa ocasión Francisco García Ávila salvó la vida porque le estalló una granada en la mano y rodó por la falda del cerro mientras sus compañeros eran abatidos.
A consecuencia de las lesiones que sufrió su brazo quedó inmovilizado y en enero del 2013 fue dado de baja de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil (SSPC), “por incapacidad total y permanente”.
En su demanda por escrito dijo que el 13 de febrero del 2013 el subsecretario de Administración y Apoyo Técnico y Desarrollo Humano de la SSPPC, Juan Muñoz Caballero solicitó el pago de la indemnización constitucional al secretario de Finanzas y Administración del estado, Jorge Salgado Leyva, “sin que hasta la fecha se haya dado respuesta alguna”.
Agregó que el 11 de octubre del 2013 cuando acudió a la oficina del secretario de Finanzas para conocer la respuesta, la secretaria de Salgado Leyva le expresó en la antesala de la oficina y ante varias personas, “Mire don  Francisco, por órdenes del secretario de Finanzas no se le va a pagar la indemnización que reclama, por lo que le pido ya no venga más a esta oficina”.
El ex policía denunció en su escrito entregado al TCA que desde que fue dado de baja le dejaron de pagar sus salarios y prestaciones.
García Ávila también denunció que desde el primero de octubre de 1990 el Gobierno del estado le estuvo descontando de su salario la cuota correspondiente al ISSSPEG, pero hasta que lo dieron de baja se enteró que las cotizaciones no fueron entregadas de inmediato por lo que el Instituto le reconoce su antigüedad a partir del 16 de agosto de 1995, por lo que también está demandando el pago de su antigüedad real de cotización.
Agregó que después de que fue dado de baja solicitó al ISSSPEG el otorgamiento de la pensión  por incapacidad total y permanente “en razón del riesgo de trabajo que sufrí, sin que hasta la fecha (de ayer) se me haya otorgado”.
La demanda del ex policía ante el TCA fue contestada el 11 de diciembre del 2013 por el entonces secretario de Seguridad Pública y Protección Civil, Sergio Javier Lara Montellanos, en la que argumenta que la “demanda formal” fue presentada a destiempo por parte del ex policía. El funcionario manifestó que del primero de enero del 2013, fecha en que fue dado de baja, al 4 de noviembre que presentó la demanda “ha transcurrido en exceso el término de 15 días hábiles que prevé el Código de la materia vigente en la entidad, lo cual constituye que el derecho de acción del demandante ha concluído en su perjuicio, trayendo como consecuencia que el derecho a impugnar  el acto que se nos atribuye ha caducado y por ende ha sido consentido tácitamente, al no haberlo ejercido en los plazos y términos legales establecidos en el código en la materia.
También argumentó que la dependencia realizó los trámites para el pago la indemnización y prestaciones correspondientes ante la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del estado y que es esta dependencia la que no dio respuesta.