Insuficiente, el informe final de la CNDH sobre Ayotzinapa, se quejan grupos civiles

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

A puerta cerrada, el Frente de Masas Populares del Estado de Guerrero (FMPEG), realizó ayer su Congreso, al que asistió el director jurídico del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra y el secretario técnico de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos (Redgroac), Manuel Olivares Hernández, con quienes la agrupación determinó que el informe final de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre el caso Ayotzinapa, “es insuficiente” y acordaron seguir promoviendo el juicio político en contra del gobernador Ángel Aguirre Rivero.
Los dirigentes de las organizaciones que integran el FMPEG, y los representantes de los organismos civiles de derechos humanos, iniciaron el foro por la mañana de ayer y tenían previsto terminar el encuentro a la medianoche. Asimismo anunciaron que hoy darán a conocer los resolutivos finales.
El director del Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco), Javier Monroy Hernández, argumentó que el Congreso se realizó a puerta cerrada, incluso para los representantes de los medios de comunicación, para evitar la infiltración de personas ajenas a las agrupaciones, “por los temas, la problemática y el posicionamiento que asumiría la organización, sobre todo en el caso del informe final de la CNDH en el caso de Ayotzinapa.
Sin embargo, por la tarde, los dirigentes de algunas de las organizaciones ofrecieron una conferencia de prensa para dar a conocer únicamente el posicionamiento con respecto al caso de Ayotzinapa.
A la conferencia asistieron el director de Tadeco, Javier Monroy; una comisión de estudiantes de la normal de Ayotzinapa; el integrante de la dirección Colectiva de la CETEG, Minervino Morán Hernández; el dirigente del Movimiento Popular Vicente Guerrero, Gonzalo Molina González; y el abogado de Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra y Manuel Olivares Hernández.
En su posicionamiento por escrito, manifiestan que “como era de esperarse se ha exonerado al principal responsable de estos hechos, el gobernador Ángel Aguirre Rivero”.
Y agrega que “la exigencia de juicio político que el movimiento popular independiente y los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa exigimos para él, ahora la CNDH la revierte al Congreso local en contra del ex procurador y el ex secretario de Seguridad Pública que en aquel momento se encontraban en funciones”.
Y denuncian que “nuevamente la impunidad protege a los malos gobernantes, tal y como sucedió en 1960 con el entonces gobernador (Raúl) Caballero Aburto, lo mismo que sucedió con la matanza de copreros en 1967, cuando el entonces gobernador Raymundo Abarca Alarcón también fue eximido de toda responsabilidad judicial”.
Agregan que, en la década de los 70, Rubén Figueroa fue deslindado y protegido de toda responsabilidad por la brutal represión a cientos de comunidades campesinas de la Sierra que motivó la desaparición de más de 800 personas y la muerte de un número aún indeterminado de personas durante el combate oficial del gobierno mexicano a las guerrillas de Genaro Vázquez Rojas y Lucio Cabañas Barrientos.
“Más recientemente, las masacres de Aguas Blancas y El Charco quedaron también impunes y nunca fueron castigados ni el entonces gobernador Rubén Figueroa Alcocer por el primer caso, ni el actual gobernador durante su interinato priista por el segundo caso”.
Y advierten que “lo mismo quiere hacerse ahora con la represión y asesinato de los 2 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa”.
En este sentido, los dirigentes de la agrupación agregan que no basta con aceptar que el informe emitido por la CNDH reconozca la legitimidad de la protesta realizada por los normalistas, la existencia de las violaciones graves a derechos humanos a 52 personas atribuibles a autoridades federales y estatales, la criminalización de la protesta social, el uso irracional de la fuerza y empleo excesivo de las armas de fuego, la ejecución extrajudicial de Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, la tortura de otro estudiante, en contra de quien se intentó realizar una falsa imputación, las lesiones por disparo de arma de fuego infligidas a tres estudiantes, los tratos crueles y detenciones arbitrarias que se cometieron en contra de otros normalistas y personas ajenas al conflicto, o la inadecuada atención a las víctimas y la muerte del señor Gonzalo Rivas.
“Todo ello (el reconocimiento a estos crímenes) era lo menos que se podía esperar de éste informe y obviamente que tiene que ser castigado, reparado y motivo de correctivos en materia de políticas públicas, de protocolos de seguridad y de derechos humanos, así como de procedimientos administrativos y judiciales”.
Igual, reconocen que no dejan de ser importantes las 30 recomendaciones del informe final de la CNDH sobre el caso Ayotzinapa, ni el señalamiento de evidente responsabilidad contra 184 servidores públicos federales y de Guerrero: 61 policías federales, 73 policías ministeriales y 34 de la policía estatal que participaron directamente en el operativo, así como de 16 funcionarios de la cadena de mando, que violaron derechos fundamentales.
Sin embargo, el pronunciamiento denuncia que el informe esconde lo más importante: “la responsabilidad del gobernador por acciones y omisiones que derivaron en violaciones graves a las garantías en el fallido operativo del 12 de diciembre de 2011 en la Autopista del Sol”.
Y manifiestan que Ángel Aguirre no ha sido una víctima más en éste conflicto “y es falso a todas luces que no estuvo debidamente informado de manera adecuada acerca del operativo, él como gobernador ha tomado y toma decisiones políticas sobre los principales asuntos de su gobierno, por eso no aceptamos que sea exculpado responsabilizando a otros”.
Insisten que no es suficiente el juicio político a dos de sus funcionarios. “Los poderes fácticos, la clase política y la CNDH podrán exonerarlo, pero la historia no borrará de la conciencia popular su responsabilidad en éstos hechos sangrientos y la impunidad no se consumará con un punto final en el informe oficial de ésta represión, así como no se ha borrado de la memoria histórica de nuestro pueblo, el triste papel de los asesinos del 60, 67, 68, 71, la guerra sucia, Aguas Blancas, El Charco, Acteal”.
Manifiestan que con este informe quienes han quedado solamente “Ángel Aguirre y sus lacayos, pero sus verdaderos intereses y compromisos con los grupos de poder económico y político a los que sirven, su indolencia ante la demanda popular, su criminalización a la protesta social y su ambición desmedida de poder, no cambiarán en nada su forma de gobernar”.
Por ello advirtieron que la demanda de juicio político al gobernador Ángel Aguirre Rivero debe mantenerse no sólo por la represión que su gobierno ejerció contra los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa en diciembre pasado y ante la cual se mantiene impune, “sino también por su indolencia y negativa ante las demandas populares de poner punto final a la presa La Parota, de cancelar las concesiones mineras y costeras, así como de explotaciones de recursos naturales en la entidad, de cancelar en Guerrero el Acuerdo por la Calidad Educativa, de resolver la huelga minera en Taxco, de parar el avance de las transnacionales y sus paquetes tecnológicos de muerte en el campo, de hacer justicia a las víctimas de la violencia social, de liberar a los presos políticos y de conciencia y de enfrentar la represión y cacería de brujas que con seguridad desatara el estado contra el movimiento independiente en la entidad”.
El abogado de Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, informó que aún no han acordado con la dirigencia estudiantil de la normal de Ayotzinapa, si participarán con la presentación de la demanda de juicio político en contra del ex procurador Alberto López Rosas y el ex secretario de Seguridad Pública, Ramón Almonte Borja, para quienes la CNDH pide enjuiciamiento político al Congreso local.