Afloran en el primer año de Aguirre los vicios políticos del PRI histórico

Zacarías Cervantes / Primera Parte

Chilpancingo

En el primer año del segundo gobierno apoyado por las fuerzas políticas de izquierda, después de siete décadas de gobiernos priistas en Guerrero, pocos cambios de fondo se han observado. Por el contrario, afloraron los mismos vicios de los gobiernos priistas: nepotismo, populismo, corrupción, opacidad en el manejo de los recursos, impunidad y violaciones graves a los derechos humanos.
Todavía no iniciaba el gobierno de Ángel Aguirre Rivero, cuando fue cuestionado por la incorporación de su hermano Carlos Mateo Aguirre Rivero al gabinete estatal, a quien pretendía nombrar como coordinador general del Ejecutivo estatal, y quien finalmente aparece en la nómina como “asesor general”.
No obstante el cargo menor, al hermano del gobernador se le considera como una especie de vicegobernador e, incluso, se le conoce como el “número dos” en el organigrama gubernamental.
Pero no es el único familiar que Aguirre Rivero mantiene en la nómina, pues según registros periodísticos que ha desmentido con medias verdades, se enlistaron un total de 38 familiares directos del gobernador.
Después de Carlos Mateo y el gobernador Aguirre Rivero, siguen el secretario de Finanzas y Administración, Jorge Salgado Leyva, a quien se le contabilizaron 20 familiares directos, y el secretario de Gobierno, Humberto Salgado Gómez, quien cuenta con 35 parientes, sumando así 93 familiares entre las tres familias, la mayoría de ellos de primero, segundo y tercer nivel en la estructura gubernamental.
Fue precisamente por su hermano que Ángel Aguirre enfrentó la primer crisis en su gabinete, en las primeras semanas de haber comenzado en funciones.
El 20 de abril de 2011 el secretario de Finanzas, Jorge Salgado Leyva, y el secretario de Salud, Lázaro Mazón Alonso, se enfrascaron en una fuerte discusión debido a que, según trascendió entonces, el primero pretendía designar como subsecretario de Administración y Finanzas de esa dependencia a uno de los amigos de  Carlos Mateo Aguirre, y se mencionó a Jorge Arrita Jiménez o a Rogelio González Villalva, mientras que Mazón Alonso ya había designado en el área a Rommel García Martínez.
El secretario de Salud, quien también ya había colocado en las áreas mas importantes de la dependencia a militantes de su corriente dentro del PRD, Nueva Izquierda, amenazó con renunciar a la secretaría junto con todo su equipo.
El diferendo se resolvió horas después en una plática entre Mazón Alonso y el gobernador Aguirre.  “Lázaro Mazón se mantiene en su puesto, esas son las instrucciones del gobernador”, declararía después el secretario de Finanzas, y Mazón se quedó con todo su equipo en la dependencia.
Una amenaza similar, de renunciar con todo su equipo, protagonizó el entonces secretario de Desarrollo Social, David Jiménez Rumbo, quien se incorporó a la dependencia igualmente con un numeroso grupo de miembros de la corriente perredista Polo Guerrerense de Izquierda (después Grupo Guerrero).
Sin embargo, con el ahora ex secretario de Desarrollo Social el gobernador fue más duro. Ante la amenaza de irse con todo su grupo, el 22 de abril el gobernador Ángel Aguirre Rivero le advirtió que no permitirá presiones y que si quería irse de su gobierno, podía hacerlo “cuando quiera” y agregó que ante las muestras de inconformidad él podría tomar “las medidas necesarias”. Sostuvo que la invitación a colaborar en su gabinete fue “individual”, no para incluir corrientes políticas, “o a 20, 30 o 40 seguidores políticos de un secretario”.
Dos días después, el gobernador Ángel Aguirre Rivero y el secretario de Desarrollo Social, David Jiménez Rumbo, acordaron trabajar “muy bien durante los próximos cuatro años, siete meses”.
Creció la inseguridad

Un segundo conflicto al que pronto se enfrentó el gobierno de Ángel Aguirre fue el de la inseguridad, por el incremento de ejecuciones, decapitaciones, levantones. Los episodios violentos han ido en aumento desde abril de 2011, a tal grado que el Sistema Estatal de Información Policial (Seipol) informó el 3 de marzo que tan sólo en el mes de febrero de este 2012 registró 141 homicidios “vinculados con la dinámica de los grupos antagónicos del crimen organizado”.
De ellos, sólo en Acapulco fueron 53, en Tierra Caliente 31, en Costa Grande 29, en la zona Centro 16, en la zona Norte cinco, en Costa Chica cinco, y en La Montaña tres.
Durante febrero volvieron a registrarse en Acapulco homicidios de choferes de camiones urbanos, que empezaron a ocurrir en el puerto en agosto de 2011, mes en el que se registraron, según la misma fuente, 141 asesinatos en ese puerto.
Con esas cifras, de acuerdo con el periódico Reforma, Guerrero se ubicó dentro de las 10 entidades con más asesinatos. Y el número de homicidios colocó a Guerrero en el sexto lugar con 141 asesinatos durante febrero.
Asimismo, de acuerdo con el monitoreo periodístico, durante 2011 Guerrero  alcanzó los mil 12 homicidios, la mayoría ejecuciones vinculadas con el crimen organizado. Y durante ese año, los medios nacionales colocaron a esta entidad en la tercera en superar el millar de ejecutados, por debajo de Nuevo León y Chihuahua, de acuerdo con el conteo de Reforma.
A pesar del repunte de la violencia, un informe de los resultados de la Operación Guerrero Seguro, indica que del 8 de octubre de 2011 al 10 de febrero de 2012 se registró una reducción de 51.9 por ciento en los homicidios por rivalidad delincuencial y de 47.3 por ciento en el número de policías ejecutados.
Y el gobernador Ángel Aguirre Rivero, en una postura similar a la que asumió el ex gobernador Zeferino Torreblanca, dijo el 13 de febrero que el combate al narcotráfico le corresponde por ley al gobierno federal. Zeferino Torreblanca, un año después de haber iniciado su sexenio, expresó: “Ni puedo ni quiero”.
La violencia también generó una de las peores crisis en el sector educativo, cuando a finales de agosto del 2011, unos 600 maestros de Acapulco cerraron 140 escuelas debido a que se sentían intimidados por casos de extorsión y secuestros por integrantes del crimen organizado.
La protesta magisterial se originó después de que al menos cuatro profesores habían sido secuestrados en las afueras de sus escuelas, en un lapso de ocho días, y decenas más estaban siendo amenazados y extorsionados.
La protesta de los maestros intimidados por el crimen organizado, se disipó después del desalojo violento por policías de seguridad pública estatal el 12 de octubre en la Costera de Acapulco, en donde pedían atención a su demanda. El resultado fue decenas de profesores golpeados.
Por el desalojo existe una queja ante la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos, radicada en el expediente número 148-2011/IV, en el que se responsabiliza al alcalde de Acapulco, Manuel Añorve; así como a Ernesto Aguirre, coordinador de Prevención Estratégica del estado; además de Ramón Arreola Ibarria, subsecretario de Seguridad Pública y Protección Civil.
El problema de fondo, sin embargo, no fue resuelto, pues la amenaza en contra de los profesores se mantiene, incluso algunos de ellos siguen recibiendo amenazas, y otros más han sido plagiados y asesinados, aunque la información oficial ha aislado los casos del movimiento magisterial que se vivió de agosto a octubre de 2011.
Dentro del rubro de la violencia y la inseguridad, que también marcó este primer año de gobierno de Ángel Aguirre Rivero, está el secuestro y posterior ejecución del diputado federal priista Moisés Villanueva de la Luz.
El diputado federal desapareció el 4 de septiembre en Tlapa, después de que salió del festejo del cumpleaños del diputado local Javier Morales Prieto, y 13 días después fue encontrado asesinado cerca de Huamuxtitlán, junto con su chofer érick Estrada Vázquez.
En el caso fue involucrado el alcalde de Tlapa, Willy Reyes Ramos, luego de que cuatro detenidos: Francisco Flores, ex director de Seguridad Pública en Tlapa; Antonio Jiménez Chino; Florencio Jiménez Chino y Juan Miguel Martínez Plácido, presuntos responsables materiales del asesinato de Villanueva de la Luz y Érick Estrada, aseguraron que el alcalde les pagó 300 mil pesos para matarlo.
Sin embargo, a más de seis meses de los hechos, el caso sigue estancado en el Congreso local, en donde el alcalde Reyes Ramos, enfrenta un proceso de juicio político.

Ecologistas desaparecidos

Otro episodio que ha marcado el primer año de gobierno de Aguirre Rivero es la desaparición de los dirigentes de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán, Eva Alarcón Ortiz y Marcial Bautista Valle.
Ambos fueron levantados las primeras horas del 8 de diciembre de 2011 por hombres armados, cuando viajaban en la unidad 2728 de la línea Futura, con dirección a Acapulco, de donde parirían a la ciudad de México para realizar gestorías propias de su organización.
Los hombres armados cerraron el paso al vehículo y los bajaron por la fuerza sobre la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo, antes de llegar a Tecpan, y de acuerdo con testigos entre los hombres armados participaba un policía ministerial.
Días después, fue detenido el comandante y coordinador del grupo de la Policía Investigadora Ministerial en el municipio de Tecpan de Galeana, Cesáreo Espinoza Palma, El Ganso, quien fue señalado por los familiares de los desaparecidos de haber participado en el levantón de los dos ecologistas.
A más de tres meses de la desaparición de Eva Alarcón y Marcial Bautista, el caso sigue sin esclarecerse y los dos ecologistas están desaparecidos.
Funcionarios del gobierno estatal evaden hablar del caso, con el argumento de que las investigaciones las realiza la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO).

Criminalización de defensores

Otro caso que ha sido considerado una de injusticia por organismos de derechos humanos dentro del Gobierno de Ángel Aguirre es la detención de Maximino García Catarino, miembro de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM).
El indígena fue detenido el 21 de enero de este año, por elementos de la Policía Investigadora Ministerial, quienes se introdujeron de forma violenta a su domicilio en la comunidad de Juquila, municipio de Ayutla.
En el trayecto del camino, Maximino fue golpeado por los elementos policiacos al no proporcionar información sobre el paradero de otros cinco indígenas de la comunidad, y miembros de la misma OFPM, acusador por el mismo delito de homicidio en agravio de Juan Teodoro García, del que fue acusado García Catarino.
El 23 de enero, García Catarino fue presentado ante el juez penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Allende, Inocente Orduño Magallón, donde se le informó que en dicho órgano judicial se había dictado en su contra una orden de aprehensión dentro de la causa penal 04/2012.
El día 27 de enero resolvió el auto de formal prisión contra Maximino García, a pesar de los elementos de prueba que acreditó su abogado, Vidulfo Rosales Sierra, que indican que el día en que se cometió el crimen que se le imputa, éste se encontraba en la ciudad de Ayutla realizando gestiones para su comunidad.
El abogado del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, Rosales Sierra, presentó un recurso de apelación contra el auto de formal prisión ante la primera sala penal del Tribunal Superior de Justicia, quien resolvió el 19 de marzo el auto de libertad del indígena, al encontrar irregularidades en la integración de la averiguación previa y al considerar que no hubo elementos de prueba para responsabilizarlo del homicidio.

La corrupción

La opacidad, el manejo discrecional de los recursos y la corrupción, son otros de los señalamientos que ha enfrentado el gobierno de Aguirre.
El director del organismo público descentralizado Promotora y Administradora de Playas de Acapulco, Rogelio Hernández Cruz, denunció que el sobrino del gobernador, Igor Aguirre Vázquez, ex director administrativo de ese organismo, desvió cerca de 3 millones de pesos.
Sobre el caso, el gobernador Aguirre declaró después que su familiar “tendrá que ser sancionado”, en caso de que se demuestre su responsabilidad.
Pero el tema de la corrupción es lo que provocó una abierta confrontación entre el ex gobernador Zeferino Torreblanca y Aguirre Rivero, lo que también ha distinguido al actual gobierno, puesto que hasta ahora había sido poco usual la confrontación abierta entre un ex gobernador y el gobernante en turno.
Y es que tras la acusación de Zeferino a Aguirre, de encabezar no un gobierno corrupto, sino “muy corrupto”, el gobernador lo emplazó a que compruebe sus acusaciones de corrupción y nepotismo “ostensible e inmoral”, como lo dijo el ex gobernador y lo retó a que presente la denuncia ante las instancias correspondientes.

Obras anunciadas

Este primer año de Ángel Aguirre no se significó por la construcción de obras relevantes. Hubo sí, el anuncio de algunas como el Acabus de Acapulco cuyos trabajos comenzaron el 26 de marzo, cuando se informó de una inversión para la obra de mil 119 millones de pesos, para obras y vialidades, y 689 millones para la compra del transporte.
Aguirre Rivero también ha anunciado la construcción de una ruta para un metrobus en Chilpancingo y la rehabilitación del sistema de agua potable, con una inversión de 100 millones de pesos.
Por otra parte, Aguirre Rivero inauguró en este primer año de su gobierno obras que no fueron construidas por él, una de ellas el hospital Raymundo Abarca Alarcón, en Tierras Prietas, al norte de Chilpancingo; que fue construido durante el gobierno de Zeferino Torreblanca, pero con recursos mayoritariamente del gobierno federal, por lo que vino el mes pasado a inaugurarlo el presidente Felipe Calderón, junto con el gobernador Aguirre Rivero.
Asimismo, inauguró y puso en funcionamiento el auditorio Sentimientos de la Nación, frente al Palacio de Gobierno, mismo que fue construido en el sexenio de René Juárez Cisneros y que Zeferino Torreblanca nunca terminó.