Tlachinollan

Para que llueva maíz en La Montaña

Centro de derechos humanos de La Montaña, Tlachinollan

Mientras en el almacén del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Chilpancingo, yacían abandonadas y bajo el rayo del sol, miles de despensas donadas por dependencias públicas y fundaciones privadas, para entregarlas a la población damnificada, en San Miguel Amoltepec el viejo, municipio de Cochoapa, más de 60 familias na savi que se encuentran desplazadas y viviendo a la intemperie, denunciaban que el DIF estatal sólo les había entregado 20 hojas de lamina para 16 madres de familia, con el argumento de que no tenían más recursos para apoyarlas.
A más de 150 días de las tormentas de septiembre, la situación de desamparo que padecen las comunidades de La Montaña es sumamente escandalosa. El caso de San Miguel Amoltepec es un ejemplo que condensa la insolencia de las autoridades de los tres órdenes de gobierno. El presidente municipal de Cochoapa el 22 de enero se comprometió a conseguir el terreno donde se reubicarían las 60 familias. Su promesa se la llevó el viento, porque no hay forma de ubicar al presidente, y mucho menos saber sobre los avances de la gestión. En todo el estado sólo recibieron algunas despensas y las 20 hojas de lámina. La Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) federal prefirió llevar al presidente de la República a la cabecera municipal de Cochoa-pa, para informarle sobre las bondades de los comedores comunitarios (que a menos de un mes de su visita, varios de ellos ya no funcionan), en lugar de encontrarse con los indígenas desplazados de San Miguel el viejo, de Cochoapa el Grande, que viven en condiciones sumamente deplorables. Prefirieron ocultar esta realidad, que ofende no sólo a las familias más pobres del país, sino a la sociedad en su conjunto, para mantener inalterable su política de simulación y trato discriminatorio e inequitativo con la población indígena.
Este trato desigual y soez se ha dado con el mismo Consejo de Comunidades Damnificadas de la Montaña (el Consejo) que desde noviembre entregó a los funcionarios de la Sedesol una propuesta integral para el abastecimiento emergente de maíz, frijol y arroz para las familias indígenas damnificadas por la tormenta Manuel y el huracán Ingrid y no ha obtenido una respuesta acorde a la dimensión de un problema estructural.
El Consejo se conformó el 22 de septiembre de 2013, para dar voz a las comunidades damnificadas a partir de sus propias formas de organización comunitaria y evitar que fueran excluidas por parte de los tres órdenes del gobierno de los programas de atención inmediata y de reconstrucción. En una dimensión más estratégica, el Consejo se creó para exigir a las autoridades una mayor rendición de cuentas sobre los recursos otorgados para la reconstrucción y garantizar una mayor participación ciudadana, que permitan integrar a la discusión su visión sobre todo el proceso de reconstrucción y sus propuestas para hacer frente a la devastación.
El Consejo está conformado por autoridades comunitarias –comisarios y delegados–, que de acuerdo con las formas de gobierno indígena, son los representantes directos de sus pueblos y se asumen como voceros ante las autoridades municipales. Cuentan también con la representatividad legal y real de las comunidades que mandatan lo que deben hacer, quedando supeditados a las decisiones de las asambleas. El Consejo de comunidades damnificadas es el que tiene el mejor diagnóstico del desastre, y el que ha hecho el recuento pormenorizado de los daños que sufrieron. Su información es imprescindible, porque sin ella las autoridades no pueden brindar una atención oportuna y adecuada a las necesidades que requieren con urgencia las familias damnificadas. En este contexto y ante la magnitud del desastre, el Consejo representa un esfuerzo único de contraloría social y participación cívica con pertinencia cultural en La Montaña de Guerrero.
El Consejo fue reconocido oficialmente desde el 23 de septiembre de 2013, durante la reunión que sostuvo con la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, y la interlocución permanente que mantiene con el subsecretario de Desarrollo Comunitario y Participación Social de esa dependencia federal, Javier Guerrero.
Ante la gravedad de la emergencia, el Consejo se ha visto obligado a sesionar cada sábado para darle seguimiento a la multiplicidad de problemáticas que enfrentan las 200 comunidades que lo conforman. En estos encuentros ha prevalecido una preocupación especial que afecta a todas las comunidades, como es el desabasto de granos básicos. Por esta razón, la asamblea decidió impulsar y formular una propuesta para garantizar el derecho a la alimentación que tutelan los artículos 4 y 27 de la Constitución política, con el fin de que las personas y comunidades afectadas cuenten con condiciones mínimas para enfrentar la pérdida generalizada de la siembra de autoconsumo, mediante un programa de abasto extraordinario y gratuito de maíz, para asegurar la disponibilidad y accesibilidad del grano como insumo agrícola y base del sustento ancestral de las comunidades.
Es importante resaltar que la propuesta del Consejo tiene pleno asidero en el marco jurídico nacional e internacional vigente. Como es sabido, desde la publicación del decreto de la reforma relativa en el Diario Oficial de la Federación, el 13 de octubre de 2011, el artículo 4 de la Constitución dispone a la letra: “Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará”. Esta fundamentación prueba la obligación que tienen las autoridades para atender la emergencia alimentaria de La Montaña de manera prioritaria.
Tomando en cuenta la propuesta del Consejo de comunidades damnificadas de La Montaña, el pasado martes 11 de febrero, el pleno de la cámara de diputados votó por mayoría la adopción de un punto de acuerdo, en el que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social y al gobierno de Guerrero, a que haga públicas las medidas que ha adoptado y adoptará para prevenir una crisis alimentaria en La Montaña de Guerrero, como consecuencia de los daños causados por la tormenta Manuel y el huracán Ingrid; de igual forma exhortaron a la Secretaría de Desarrollo Social y al estado de Guerrero, a que retomen el diálogo con el Consejo de Comunidades Damnificadas de La Montaña, a efecto de que a la brevedad brinden una respuesta puntual a sus propuestas.
El punto de acuerdo añade que las pocas entregas de grano que se han materializado hasta el momento, se han realizado por medio de los presidentes municipales, lo que ha generado denuncias de malversación. También añade que el programa Cruzada contra el Hambre, no es un programa que haya sido creado específicamente para atender el desastre natural en La Montaña y ha despertado crisis en la región, debido a que su alcance es insuficiente y su instrumentación descansa en una injustificable presencia castrense en las comunidades de La Montaña.
En este contexto, la constatación del pasado día jueves 13 sobre el criminal acaparamiento de víveres y ayuda humanitaria en Chilpancingo, confirma que no todos los apoyos han sido debidamente canalizados hacia quienes más lo necesitan, como reiteradamente lo ha señalado el Consejo y en esa misma medida evidencia la necesidad de que los gobiernos trabajen directamente con las comunidades damnificadas, como desde un principio lo ha planteado el mismo Consejo.
Las autoridades del Consejo sólo esperan que el exhorto que el Congreso de la Unión envió a la Sedesol federal y al gobernador del estado tenga resultados tangibles este lunes 17 de febrero, esperando encontrar una respuesta puntual al tema central que se planteó el lunes 10 de febrero, en el documento titulado Para que llueva maíz en La Montaña.
Se trata de una propuesta centrada en la dotación de granos básicos para las familias damnificadas que se sintetiza en dos vertientes fundamentales: implementar acciones para prevenir una hambruna en La Montaña, que permita mitigar los índices de pobreza extrema y los flujos migratorios; que las comunidades damnificadas dejen de invertir su tiempo en recorrer grandes distancias para gestionar la entrega de víveres, para que puedan dedicarse a la reconstrucción de sus viviendas, pueblos, caminos y tejido social, los cuales se encuentran muy frágiles a consecuencia de las tormentas.
Para lograr este propósito se requiere con urgencia un cambio en la estrategia de atención a la emergencia por parte del gobierno federal y estatal. Se requiere una política pública de atención integral que incluya el reabastecimiento gratuito de granos básicos, garantizando la inclusión y participación de hombres y mujeres de los pueblos y sus autoridades tradicionales. Sólo sin hambre las personas y comunidades de La Montaña podrán enfrentar adecuadamente los enormes desafíos de la reconstrucción comunitaria. Sólo con voluntad política, apertura y compromiso de las autoridades estatales y federales será posible revertir este proceso de devastación que sigue trastocando la vida comunitaria y aumentando los riesgos de una hambruna.
El Consejo llegará este lunes hasta Casa Guerrero, con el único fin de conocer la respuesta de la Sedesol federal y la del gobernador sobre cómo van a atender la propuesta integral de abastecimiento de granos básicos, para las familias damnificadas por la tormenta Manuel y el huracán Ingrid.
No quieren paliativos, ni ampliación o reciclaje de programas que no están diseñados para atender un problema estructural de desabasto de granos básicos y de pérdida de suelos destinados a la milpa. De las autoridades depende que llueva maíz en La Montaña y que la amenaza del hambre logre amainar en esta temporada de secas, de lo contrario, los pueblos de La Montaña tendrán que hacer valer el supremo derecho a la alimentación, como lo han sabido defender en otros momentos de su historia.