Pide el Itaig a la AGE definir si es legal el bono de 843 mil pesos de los ex consejeros

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

Los consejeros del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero (Itaig) entregarán hoy a la Auditoría General del Estado (AGE) un pedimento para que realice una auditoría y determine si es legal el finiquito de 843 mil 157 pesos que se otorgaron cada uno de sus antecesores al terminar su periodo.
El consejero presidente del Itaig Crescencio Almazán Tolentino, informó que las finanzas del instituto se vieron afectadas a partir de la decisión del pleno, que el 12 de diciembre se otorgó un elevado finiquito, que por los tres ex integrantes suma la cantidad de 2 millones 529 mil 471 pesos.
La decisión de los ex consejeros consta en el acta de sesión ordinaria de esa fecha, en la que aprobaron “otorgar las prestaciones de ley consistentes en un finiquito por el concepto de fondo de retiro”.
Pero en el tiempo que ocuparon el cargo nunca crearon el fondo de retiro, en el que debieron ir guardando dinero del presupuesto, y como no lo hicieron, entonces los 2 millones 529 mil 471 pesos los tomaron del presupuesto para 2014 que es de 9 millones 950 mil pesos.
El consejero presidente afirmó que el trabajo del Itaig será afectado en la vinculación con la sociedad y promoción del instituto y su función por la disminución en el presupuesto para este año, que representa el finiquito de los ex consejeros porque se redujo a 7 millones 420 mil 529 pesos.
El 14 de febrero el pleno de los nuevos consejeros acordó enviar a la AGE un pedimento para que el órgano fiscalizador realice una auditoría a las finanzas del Itaig a fin de que se aclare si es legal el finiquito que sus antecesores se otorgaron, “sin prejuzgar la inocencia o culpabilidad”.
Explicó que es importante que se aclare si es legal o no el finiquito que se otorgaron, porque es algo que afecta el trabajo del organismo, pero también porque si el hecho es irregular la responsabilidad caería sobre el coordinador de administración y finanzas del Itaig, Miguel Radilla Zúñiga.
Afirmó que en la próxima sesión del pleno, propondrá a los consejeros crear un fondo de retiro, para que cuando concluyan su periodo no cometan irregularidades como las que aparentemente realizaron sus antecesores.

Constitución homologada con la federal

Ayer se reunieron con el secretario técnico de la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos del Congreso local, a quien solicitaron una reunión con los diputados que la integran para plantear el tema de las reformas federales en transparencia que deben quedar asentadas en la nueva Constitución de Guerrero.
Esto porque la legislación estatal se debe homologar con la federal para que éstas sean compatibles y no se tengan que hacer reformas después de que el Poder Legislativo apruebe la nueva Constitución.
Consideró que antes de que la comisión dictamine y presente al pleno del Congreso local para su discusión, modificación y aprobación la nueva Constitución para Guerrero, debe ser homologada con las reformas federales en materia de transparencia.
Esto después de que el 8 de febrero pasado el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) se convirtiera en un órgano autónomo y de rango constitucional, y entre sus atribuciones podrá conocer los asuntos relacionados con el acceso a la información y la protección de datos personales de cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo que forme parte de los sujetos obligados.
Pero también ejercerá su facultad de atracción respecto de asuntos del ámbito estatal, y conocerá las impugnaciones contra resoluciones del Itaig en el caso de Guerrero, y podrá ordenar modificar los dictámenes del órgano local.
Almazán Tolentino adelantó que esta semana entregarán al Congreso local sus propuestas de homologación de la ley estatal a la federal, en la que el Itaig debe tener rango constitucional.
Informó que el Itaig ha venido trabajando sin normas de operación, criterios y lineamientos generales de la información que se pública en los portales de los sujetos obligados, porque no los hay, y en eso se escudan para no divulgar la información.
Crescencio Almazán dijo que sin estos lineamientos la información en los portales de internet no es homogénea y cada sujeto obligado pública “lo que quiere”.
Tampoco tienen criterios para la organización, clasificación y conservación de los documentos administrativos, así como la clasificación de los archivos públicos; también tienen pendiente la creación del reglamento interno del Itaig, porque opera con uno del 2005 cuando era comisión.
Reconoció que incluso la página de internet del Itaig es obsoleta y deficiente, porque la información que publica no está actualizada, ni utilizan las redes sociales como el Twitter y Facebook.