Incrementan la jornada laboral a agentes del Ministerio Público; es peligroso y viola sus derechos, se quejan
Las oficinas no cuentan con la vigilancia policiaca adecuada y uno de ellos ya fue descuartizado, informan
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
Agentes del Ministerio Público adscritos a los diferentes juzgados y a las salas penal, civil y familiar del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) expresaron su inconformidad por el incremento a su jornada laboral, pues además del primer turno de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde en el que laboraban antes, ahora tienen que regresar a cubrir otro de las 6 a las 9 de la noche.
Los 300 agentes del Ministerio Público enviaron un oficio al gobernador Ángel Aguirre Rivero, al procurador de Justicia Iñaky Blanco Cabrera y al presidente interino de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), Ramón Navarrete Magdaleno, en donde denunciaron que la nueva jornada no solamente viola sus derechos laborales sino que los pone en un inminente riesgo por la violencia, ya que salen de noche y los ministerios públicos adscritos a los juzgados están regularmente junto a los centros de reinserción social y éstos están alejados de la población.
En su escrito fechado el 17 de febrero denunciaron que a través de la circular PGJE/SPCRPP/DGCPP/127/2014, el director general de Control de Procesos de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Víctor Adrián Oropeza Barrientos les notificó que por la “excesiva carga de trabajo” el horario de labores se ampliará de 9:00 a 16:00, en un primer turno y de 18 a 21 horas en el segundo.
El escrito dice: “con fecha de hoy (este lunes), fuimos notificados por el licenciado Víctor Adrián Oropeza Barrientos, director general de Control de Procesos de la Procuraduría General de Justicia del aumento injustificado de nuestro horario laboral de las 18:00 a las 21:00 horas, aunado al que ya se cubre que es de 9:00 a 16:00 horas, situación contraria, ya que las áreas de los juzgados en los que nos encontramos adscritos únicamente laboran de las 9:00 a las 15:00 horas y que por la tarde dichos juzgados se encuentran cerrados”.
El documento agrega, “situación que pone en riesgo nuestra propia integridad aunado a que debido a que la mayoría del personal somos mujeres y que la ubicación de los juzgados se encuentra fuera de la periferia del puerto (de Acapulco), poniendo en riesgo nuestra integridad física.
Los servidores públicos agregan, además, que el nuevo horario que tienen que cubrir también pone en riesgo su integridad personal “ya que las oficinas no cuentan con la vigilancia policiaca adecuada”.
Acusan que el cambio de horario “se gestionó por un acto de venganza de nuestro director, debido a que la directora general de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado autorizo el día 14 de febrero a las mujeres trabajadoras de la administración pública estatal, pero el día se tomó sin que los juzgados penales hayan quedado solos, ya que se determinaron las respectivas guardias”.
La carta concluye, “solicitamos su apoyo señor gobernador para que se deje sin efecto el oficio número PGJE/SPCRPP/DGCPP/127/2014, signado por el director general de Control Regional y Procedimientos Penales de esta Institución, y hacemos responsable a nuestro director de cualquier atentado en contra de nuestra integridad física, por no existir seguridad para cubrir ese horario”.
Además consideran que, “es inhumano que se nos quiera tratar como esclavos, pisoteando nuestros derechos laborales y poniendo en riesgo nuestra integridad física, ya que inclusive hemos recibido amenazas y ya ocurrió un asesinato brutal en contra de un agente del Ministerio Público, al que descuartizaron”, mencionan en el escrito, sin proporcionar mayores detalles del caso.
Entrevistado vía telefónica uno de los agentes del Ministerio Público, dijo que su inconformidad más que al aumento de horas a su jornada, es por los riesgos que corren al salir ya noche, pues dijo que aún cuando el horario se establece que el turno de la tarde es de 18 a 21 horas, en los hechos salen hasta a las 10 de la noche ya cuando no hay transporte público y que regularmente los ministerios públicos adscritos a los juzgados están en los centros de reinserción social alejados de la mancha urbana.
Consideró que es innecesaria la medida de Oropeza Barrientos, quien argumentó el aumento de horas a su jornada laboral a la excesiva carga de trabajo, pues dijo que antes aún cuando laboraban de 9 a 16 horas se llevaban los expedientes para que pudieran seguir trabajando en sus casas “pero ya sin riesgos”.
Informó que el lunes buscaron una audiencia con el procurador Iñaky Blanco pero que no los recibió. Dijo que van a seguir insistiendo en reunirse con él porque tienen otros planteamientos como el incremento salarial.
Explicó que actualmente un Ministerio Público auxiliar gana 10 mil pesos y un titular 14 mil pesos mensuales y que no cuentan con prestaciones sociales ni con seguro de vida y tampoco están incorporados a los programas de vivienda.
Añadió que desde el 2011 el gobernador Ángel Aguirre les prometió un incremento pero que aún no se los han dado. Aseguró que el 22 de enero pasado se comprometió en Casa Guerrero a revisar la situación salarial y las prestaciones sociales de los ministerios públicos pero que nuevamente quedó en un anuncio.
El funcionario dijo que también han pedido por escrito en varias ocasiones que se mejoren las condiciones de sus centros de trabajo, pues mencionó que por ejemplo en Chilpancingo, su espacio de trabajo es de 5 por 4 metros y que allí laboran 16 personas, además de que las instalaciones carecen de ventilación.
Advirtió que el acuerdo de los agentes es que si no se resuelve su situación en los próximos días van a protestar.




