El 28 responderá el gobierno a la exigencia de que los presos de la CRAC sean traídos al estado

Fernando Hernández

Chilpancingo

Integrantes del Movimiento Popular Guerrerense (MPG) informaron que el próximo 28 de febrero habrá una definición por parte del gobierno a la exigencia de que los líderes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Nestora Salgado, Gonzalo Molina y Arturo Campos Herrera, continúen sus juicios en alguna cárcel del estado de Guerrero.
Representantes del MPG se reunieron alrededor del medio día de ayer con el secretario general de Gobierno, Jesús Martínez Garnelo, en una sala de juntas del Palacio de Gobierno.
En las escaleras del Edificio Norte el coordinador de la Red Guerrerense de Organismos de Derechos Humanos (Redgro), Manuel Olivares Hernández, sostuvo que en la reunión se tocaron básicamente tres puntos que tienen que ver con la instalación de una fiscalía especializada para la investigación de los asesinatos de luchadores sociales, un conjunto de adecuaciones a la Ley de Amnistía, y la solicitud al gobierno federal para que los líderes de la CRAC sigan sus procesos en penales del estado.
Olivares mencionó que el próximo 28 febrero sostendrán una reunión con un equipo técnico de la Secretaría General de Gobierno, para avanzar en una eventual modificación de la Ley de Amnistía del estado.
Uno de puntos claves de la reunión fue el de “afinar el tema de la Ley de Amnistía”, acotó Manuel Olivares.
El coordinador de la red puntualizó que Martínez Garnelo les dijo en el encuentro que él tiene una propuesta para la ley, pero que ésta se tendrá que complementar con otra ya existente, que recoge el sentir de las organizaciones.
Por su parte, el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña (CDM) Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, recordó que el traslado a penales federales fuera del estado de los líderes de la CRAC se llevó a cabo a petición de la propia Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y en base a convenios suscritos entre el gobierno del estado e instancias nacionales responsables de la seguridad, así como de procuración e impartición de justicia.
A decir del abogado el traslado de los líderes de la coordinadora, de la que depende la Policía Comunitaria, no se justificó toda vez que no ha sido posible demostrar que su estadía en los penales de Guerrero es un elemento que “ponga el riesgo la paz pública en el estado. No hay justificación”.
Por su parte el coordinador del Frente de Organizaciones Democráticas del Estado de Guerrero (Fodeg), Bertoldo Martínez Cruz, calificó a los líderes de la CRAC presos en los penales federales como prisioneros políticos y de conciencia.
El pasado 27 de septiembre el director de la Unidad de la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, y el comisionado nacional para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México, Jaime Martínez Veloz, se comprometieron con familiares de Nestora Salgado a gestionar su traslado a un penal del estado de Guerrero.