Preocupa a la IP el poder de Cofece; podría afectar el libre mercado, advierte

Agencia Reforma

Ciudad de México

El sector privado alertó que la mayor participación del Estado en la competencia económica afectaría el libre mercado.
Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) señaló que, previo a un análisis más profundo de la iniciativa, les preocupa que se incrementen las facultades del Ejecutivo sobre la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).
“Nos preocupa que puedan influir a través de diferentes temas como decretos o instruir al órgano regulador a que actúe”.
“También nos preocupa el tema de los alcances de las facultades del órgano en conceptos como insumos esenciales, las barreras a la libre concurrencia y a la competencia económica”, señaló.
Asimismo destacó que la nueva Ley faculta a la Cofece para castigar el tamaño de las empresas y las estructuras de los mercados reduce los mecanismos de defensa.
“Lo que necesitamos son medios efectivos de defensa, si nos van acotando los medios de defensa y por el otro lado van aumentando las facultades del Gobierno y del órgano regulador y no hay los pesos y contrapesos y los equilibrios, obviamente no es lo idóneo”, expuso.
Por su parte Juan Pablo Castañón, presidente de la Coparmex enlistó tres elementos que en la primera lectura no encontraron en la nueva ley y que exigirán se incluyan.
No deben quedar lagunas en los límites de acción de empresas; se debe generar un mecanismo que garantice la de independencia de la Cofece y que exista un órgano de control para evitar excesos en el ejercicio del poder de la Comisión.
Además, resaltó que en la iniciativa se incorporan los criterios para determinar precios máximos, prácticas monopólicas, mercado relevante, poder sustancial e insumos esenciales entre otros y un último artículo que dice “y los demás que la Comisión considere convenientes”.
“Nosotros creemos que ahí tienen que especificarse bien los criterios para que dentro de la Ley queden todos los límites de criterios que la Comisión tiene que tomar en cuenta para determinar prácticas monopólicas y cualquier distorsión de mercado que los particulares pudieran estar haciendo”.
“Para que quede, de parte de los particulares, bien claro hasta dónde pueden llegar y cuáles son sus límites de actuación”, expresó.
Consideró que se ha reducido el poder de comunicación entre las empresas y Cofece para poder aclarar un problema con la Comisión antes de que tome alguna resolución.
Destacó que una vez que terminen de analizar el documento que se entregó en la Cámara de Diputados, los empresarios presentarán una propuesta a los legisladores que incluirá los puntos que, a su juicio, se dejaron fuera.
Acotan opciones para objetarla

Las resoluciones que emita la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) no podrán ser objetadas por las empresas mediante juicios de nulidad ni revisiones administrativas, sólo a través del amparo indirecto, según la iniciativa de la nueva Ley de Competencia Económica.
Ildefonso Guajardo, Secretario de Economía, expresó en conferencia de prensa que una de las grandes quejas en esta materia fue que las sanciones emitidas por la Cofece eran objetadas y los recursos interprocesales siempre diferían de manera infinita los casos y nunca se aplicaba la Ley de Competencia Económica de manera efectiva.
“Lo que sí logra esta presentación es, sin menoscabo de los derechos legales de los agentes económicos, acortar y reducir los tiempos en donde hacían eternos los procedimientos, haciendo prácticamente inaplicable y muy tardío la ejecución de la ley”, dijo el funcionario.
Humberto Castillejos, consejero Jurídico del Ejecutivo federal, explicó que en la Constitución se señaló que las multas monetarias y la desincorporación de activos sólo se podrán llevar a cabo luego de una revisión judicial.
“Con esto creo que se da certidumbre jurídica, se establecen los supuestos en las que las sanciones no pueden ser ejecutadas, pero se deja la posibilidad de que cuando dicten medidas regulatorias como puede ser acceso a insumos esenciales, no sea el juicio de amparo una barrera, un muro para poder llevar a cabo esta regulación”, informó.