Diputados y el auditor culpan a la Procuraduría de no actuar contra ex funcionarios denunciados

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

Integrantes de la Comisión de Vigilancia y Evaluación de la Auditoría General del Estado (AGE) del Congreso local afirmaron que el trabajo de fiscalización de los recursos es inútil cuando la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) no sigue el procedimiento legal a partir de las denuncias que el órgano fiscalizador realiza.
Advirtieron que es el procurador Iñaki Blanco Cabrera quien no está cumpliendo su trabajo.
Los diputados Germán Farías Silvestre y Arturo Álvarez Angli acudieron ayer a la AGE a un recorrido por tres áreas; en la primera está la caseta de vigilancia, las mesas para entidades y verificación de acreditación, en la segunda recibirán documentación de los ayuntamientos y de los organismos públicos descentralizados (OPD) y la tercera zona es la de descarga.
Después del recorrido los diputados y el auditor Arturo Latabán dieron declaraciones a reporteros; se les preguntó por el proceso que siguen las denuncias que la AGE presentó a la Procuraduría en noviembre de 2012.
Arturo Latabán afirmó que las nuevas administraciones municipales deben darle seguimiento a las denuncias y no la AGE.
Álvarez Angli dijo que cuando se le ha preguntado al auditor por el avance en las investigaciones a partir de la denuncia de la AGE, la respuesta es que “se requiere forzosamente del impulso de los ayuntamientos que son verdaderamente los afectados”, pero dijo que los actuales gobernantes municipales no dan seguimiento.
Los motivos son porque los alcaldes son “distraídos, omisos en otras o temerosos inclusive de llevar a cabo estos procedimientos”.
Se les preguntó si en ese sentido están realizando modificaciones a la ley superior de fiscalización para que el trabajo de la AGE y el Congreso tenga resultados, y el diputado Arturo Álvarez se apresuró a decir: “porque es inútil”.
Pero el auditor afirmó que la AGE sí concluye con sus funciones y responsabilidades en su ámbito de competencia, porque lo que pueden hacer como máxima sanción es inhabilitar a ex servidores públicos y presentar denuncias penales, pero dijo que no hay esa percepción porque la ciudadanía pretende ver consecuencias de carácter penal, pero en ellos es la PGJE la que no actúa.
Farías Silvestre responsabilizó también al procurador porque independientemente de que los actuales alcaldes sean los responsables de darle seguimiento, también es facultad del fiscal llamar a ratificar la denuncia.
“El procurador no está cumpliendo con su papel porque cualquier averiguación que sea integrada por cualquier ciudadano debe de dársele seguimiento, el procurador no tiene la capacidad o la intención de resolver”, afirmó Farías Silvestre.
Las denuncias penales son contra ex funcionarios de los municipios de Atlamajalcingo del Monte, Alpoyeca, Ayutla, Cuetzala del Progreso, Ometepec, Xochistlahuaca, Atlixtac, Acatepec, Ixcateopan, Copalillo, Mochitlán y Zapotitlán Tablas, todos del ejercicio fiscal 2011.
El auditor explicó que el nuevo sistema informático de recepción de la cuenta pública e informes financieros semestrales consiste en un registro y verificación de acreditación, en las que las entidades sujetas a fiscalización deben acreditarse ante la AGE y la información debe ser sellada de recibido.
Se revisará que esté completa y comenzará el proceso de fiscalización; los resultados se deben entregar al Congreso la segunda semana de septiembre.