Exigen al gobernador que “saque las manos” del conflicto en el ejido de Barrio Nuevo, Zihuatanejo

*Denuncia el abogado Gregorio Valencia que el director del Fibazi, Joaquín González Ramírez, que es ejidatario y al que señala como operador del gobernador Ángel Aguirre, pretende que no se publique la convocatoria, ordenada por un tribunal, para la elección de nuevas autoridades ejidales

Brenda Escobar

Zihuatanejo

Campesinos del ejido Barrio Nuevo, en el municipio de Zihuatanejo, demandaron que el gobernador Ángel Aguirre Rivero “saque las manos” del conflicto interno que mantienen los ejidatarios en ese núcleo agrario, “pues a través de su operador, el también ejidatario Joaquín González Ramírez, pretendió impedir una diligencia ordenada por el Segundo Tribunal Colegiado de Materia Penal y Administrativa del 21 Circuito con residencia en Acapulco”.
El abogado Gregorio Valencia Bracamontes, representante legal de un grupo de campesinos que mantienen una controversia legal contra la actual mesa directiva del ejido que preside Santos Valencia Blanco, denunció que el jueves 20 por la tarde, el jefe de visitadores de la Procuraduría Agraria con sede en Tecpan de Galeana, Mario Palomera; el visitador de la Procuraduría Agraria en esta región, Gustavo López Nájera; y otros funcionarios más de esa dependencia, acudieron a la casa ejidal para dar cumplimiento a una ejecutoria del Segundo Tribunal Colegiado de Materia Penal y Administrativa del 21 Circuito con residencia en Acapulco, la cual consistía en publicar la convocatoria para elegir a las nuevas autoridades ejidales.
El ejido Barrio Nuevo se ha caracterizado por ser un núcleo ejidal con permanentes disputas internas que ha llevado a los ejidatarios a polarizarse en dos grupos que luchan por el control de la dirigencia ejidal, toda vez que en este núcleo agrario es donde se encuentran ubicados los pozos que abastecen de agua potable a Ixtapa y al puerto de Zihuatanejo, razón por la que por muchos años, sólo un grupo selecto de campesinos se han visto beneficiados con el cobro de ese recurso natural al gobierno municipal.
El grupo que asesora legalmente Gregorio Valencia, desconoció ante los tribunales agrarios a la actual mesa directiva que encabeza Santos Valencia Blanco, porque éste se eligió en una asamblea llevada a cabo el 28 de abril de 2012 con un padrón de 91 ejidatarios de 144 que conforman el núcleo ejidal y a esa asamblea solamente asistieron 70.
De ahí que el Segundo Tribunal Colegiado de Materia Penal y Administrativa del 21 Circuito con residencia en Acapulco, certificó mediante una sentencia que se violó la ley al sustentar una asamblea con 91 ejidatarios, sabiendo que existen 144, razón por la que instruyó al delegado de Procuraduría Agraria en Guerrero, Ezequiel Zúñiga Galeana, que se publique la convocatoria para llevar a cabo la elección de nuevas autoridades ejidales, diligencia que a nombre del gobernador pretendió impedir Joaquín Gonzá-lez, quien es director del Fideico-miso Bahía de Zihuatanejo (Fibazi) y también síndico del primer ayuntamiento perredista del municipio.
Valencia agregó que en la diligencia del jueves 20 de febrero estaba presente un grupo reducido de ejidatarios que apoyan a Santos Valencia, entre ellos, Joaquín González, quien “tiene un cargo público importante aquí en Zihua-tanejo, pues este señor, es ejidatario de Barrio Nuevo y en la diligencia, en todo momento trató de impedir que se llevara a cabo, se jactó de ser amigo del gobernador e incluso se dirigió a Mario Palomera directamente y le dijo ‘tú sólo tienes que hacer las instrucciones que te dijo el gobernador’, eso es algo sumamente grave”.
El abogado señaló que por eso acudió a los medios de comunicación, para preguntarle públicamente al ciudadano gobernador “cuáles son los intereses que él tiene en el ejido de Barrio Nuevo, puesto que a través de su amigo Joaquín Gon-zález intentó impedir que se cumpliera esa sentencia ejecutoria”.
“A nombre de los ejidatarios que represento legalmente, le pido al gobernador de la manera más respetuosa que saque las manos de los conflictos internos del ejido, que nos informe cuáles son los intereses que él tiene, ya que así lo dejó ver su amigo personal Joaquín González, a quien hago responsable públicamente de cualquier agresión que sufra en mi persona o mi familia”.
El abogado añadió que los ejidatarios le piden al gobernador que le pida mesura a González, porque “en esa diligencia continuamente se jactó de ser su amigo y con su grupo se opusieron al cumplimiento de la ejecutoria de agosto de 2013 del Segundo Tribunal Colegiado, y doy por hecho que don Ángel Aguirre sabe de leyes, sabe que eso es mucho más grave todavía”.