Tlachinollan

Las batallas contra el hambre

Centro de derechos humanos de la Montaña, Tlachinollan

Para los pueblos indígenas hay luchas que no necesitan ser alentadas por actores externos ni promovidas por grupos políticos. Estas surgen desde las mismas entrañas de la vida comunitaria. Son imperativos éticos orientados a defender los derechos de la colectividad. Es la capacidad del pueblo para tomar sus propias decisiones por encima de lo que puedan decir o pensar los gobernantes. Es el ejercicio a su libre autodeterminación. Este derecho es lo que define a los pueblos como entidades autónomas, que saben construir su propio proyecto comunal a contrapelo del proyecto hegemónico impuesto por las élites que tienen el control político y económico del país.
Históricamente los pueblos indígenas han tenido que batallar contra los gobiernos criollos y mestizos, que no solo se asumen como razas y culturas superiores, sino que imponen leyes que legitiman el sojuzgamiento, el despojo y el uso de la fuerza. De diferentes maneras  han querido desparecer a los pueblos originarios; imponiendo políticas etnocidas, fragmentando sus territorios, despojándolos de sus recursos naturales, desplazándolos de manera forzada, ocupando militarmente sus territorios, implantando políticas integracionistas y combatiendo sus sistemas de gobierno, seguridad, justicia y  formas comunitarias  de tenencia de la tierra.
A pesar de ser una lucha desigual los pueblos no se arredran, resisten, enfrentan al Estado con la calidad moral y política que han acumulado por siglos. No hay gobierno que tenga la suficiente autoridad y legitimidad ante los pueblos indígenas, porque han actuado como capataces, déspotas y caciques. Sus acciones llevan siempre un dejo de racismo y desprecio, teniendo como regla el engaño, la manipulación política y el trato inequitativo.
Las brechas de la desigualdad social son obra y gracia de los malos gobiernos; los grandes contrastes sociales retratan de cuerpo entero a los gobernantes que deifican la corrupción, y las antípodas de la opulencia y la indigencia son un legado que las autoridades  no han querido combatir, a pesar de la gesta histórica de luchar por un jornal justo y acabar con la explotación económica, como lo hizo hace 200 años el general Morelos.
Esta disparidad de intereses entre las elites gobernantes y los amplios sectores empobrecidos nos ha ubicado como un estado sumergido en la pobreza, la corrupción, la inseguridad y la violencia. Estamos ante un estado “hobbesiano”, donde sobrevive el más fuerte y gobierna quien tiene más poder y dinero. Se desnaturaliza el ejercicio del poder y se transforma al gobernante en un semidios que requiere del culto de los gobernados para que funcione un sistema autárquico más que democrático.
Este desvarío de los políticos que  sienten que están más allá de los simples mortales les impide poner los pies en la tierra y tener la sensibilidad que posee todo ser humano, para comprender la situación que enfrenta la población que ha sido vulnerada en sus derechos básicos, y que por mandato constitucional les toca atender y proteger.
Con motivo de las tormentas de septiembre, los pueblos de la Montaña reactivaron sus sistemas de organización comunitaria para hacer  frente a la devastación de sus cultivos, de sus  viviendas y sus caminos. El trabajo comunitario fue clave para reabrir sus brechas y salir en búsqueda de alimentos. A los siete días de la lluvia inclemente en la comunidad de la Cienega, municipio de Malinaltepec, más de 40 autoridades llegaron caminando entre el lodo y la lluvia para crear el Consejo de Comunidades Damnificadas de la Montaña (el Consejo). Sabían que por iniciativa propia las autoridades no irían a sus comunidades a documentar los desastres y atender con prontitud sus demandas más urgentes.
Como ya es costumbre los pueblos de la Montaña quedaron al margen de las preocupaciones nacionales, no recibieron la atención que requerían, por el contrario, los presidentes municipales además de minimizar los daños,  de manera torpe se desentendieron de las familias damnificadas. Fue el momento propicio para que arremetieran contra la población afectada que los ha  cuestionado e interpelado por sus formas pendencieras de gobernar y de manejar los recursos públicos.  Salieron a relucir los membretes partidistas, así como las fobias y descalificaciones contra las autoridades comunitarias por haberse organizado como Consejo. Los presidentes municipales no toleraron que los pueblos asumieran un rol protagónico, que pusiera en entredicho su investidura,  y que además  exigieran a las autoridades federales y estatales una interlocución directa.
El Consejo, a pesar de ser vilipendiado por quienes tenían la obligación de atender a la población damnificada, tuvo la fuerza y la capacidad para romper con los controles clientelares que han impuesto los presidentes a los comisarios municipales y tuvo la visión para construir una agenda común que logró colocar a las comunidades damnificadas como tema prioritario, ante el gobierno federal, a través de la secretaría de desarrollo social (Sedesol).
La visita de Rosario Robles a la primera asamblea del Consejo fue una demostración de la capacidad de convocatoria y del manejo de información de primera mano, evidenciando que el mejor diagnóstico sobre los daños ocasionados por las tormentas lo tenían las mismas comunidades damnificadas.
Más allá de la diversidad de problemáticas causadas por los desastres, la principal preocupación que motivó al Consejo a elaborar una propuesta a la Sedesol  federal fue el tema del desbasto de maíz, un problema que cada ciclo agrícola se torna más complejo por la falta de apoyos  para rehabilitar productivamente los suelos de la Montaña.
Esta batalla contra el hambre llevó a las comunidades del Consejo a salir de sus comunidades para manifestarse públicamente y exigir una respuesta pronta. Sedesol, a través del subsecretario Javier Guerrero, se hizo el escurridizo y se  desentendió de la propuesta, sin embargo, por parte del gobierno del estado, se obtuvo una respuesta positiva al aceptar  el gobernador Ángel Aguirre de reunirse con el Consejo  en Casa Guerrero, contando con la presencia de la secretaria de desarrollo social Rosario Robles.  Fueron dos reuniones difíciles, tensas, con visiones y lenguajes diferentes; con formas de ver los problemas y de darle solución que resultan incompatibles para las autoridades del Consejo, que tiene un planteamiento inédito  basado en la pertinencia cultural.
A pesar de la tirantez, prevaleció la tolerancia y el respeto a las posturas divergentes. Pesó mucho la inercia en las autoridades,  de ver a la población de la Montaña como un sector excluido al que solo hay que tomarlo en cuenta dentro de los programas ya existentes. También prevaleció la idea de que las instituciones han atendido a la casi totalidad de comunidades damnificadas y que una mínima parte es la que realmente no ha recibido algún apoyo. Para ello los funcionarios se encargaron de comentar una letanía de acciones que supuestamente han realizado en la Montaña y que las autoridades del Consejo desconocen. Se habló también de inversiones millonarias que nadie sabe donde se han aplicado.
Las autoridades del Consejo con gran sapiencia lograron plantear al gobernador el sentido profundo de su propuesta, del por qué de la dotación extraordinaria de maíz, frijol y arroz. Desde su cosmovisión como pueblos de la lluvia y del fuego, y con un lenguaje sumamente sencillo y práctico hicieron ver una realidad muy profunda: el motor de la vida comunitaria es el maíz, su organización para el trabajo agrícola, festivo y comunal gira en torno a esta planta civilizatoria. Es la base material de su subsistencia y su resistencia. Es la fuerza, la energía y  parte de su espíritu combativo. Con ello mostraron el verdadero rostro de su identidad; son pueblos del maíz, se entienden y definen desde esa cultura mesoamericana, y su movimiento no tiene razón de ser si no logran rescatar para los pueblos la cosecha que se perdió, así como contar con un fondo vital para enfrentar las difíciles tareas de la reconstrucción comunitaria y la rehabilitación productiva de sus tierras.
Salió a relucir la palabra verdadera y honorable de los pueblos; la palabra sabia, eminentemente comunitaria, que no sabe de dobleces ni traiciones; la palabra que es como el agua de sus cascadas, cristalina e impetuosa, llena de vida.
La pertinencia de los planteamientos formulados por el Consejo logró convencer el ejecutivo del estado, quien el pasado lunes 17 de febrero se comprometió a atender la demanda central de la propuesta para dotar de manera extraordinaria de maíz, frijol y arroz a más de 18 mil familias damnificadas de 12 municipios de la Montaña aglutinadas en el Consejo de Comuni-dades Damnificadas.
El pasado miércoles 19 de febrero el Consejo se reunió en Tlapa con funcionarios de la CDI, Sedesol federal, Sagarpa, Diconsa, SDR, Dif estatal y  Sedesol del estado para firmar el acuerdo de dotar 750 kilos de maíz a cada familia por seis meses, cantidad correspondiente a la mitad de la propuesta original planteada por el Consejo, quedando sujeta  a una evaluación antes de que concluya el primer semestre.
Los funcionarios que participaron en la firma del acuerdo tuvieron la oportunidad de conocer la fuerza y el vigor de la población indígena que reconstruye su vida desde el tlacolol, desde las faldas de los cerros y que están dispuestos a luchar con todo. A los funcionarios nadie les tuvo contar como se manifestaron las y los representantes de las comunidades indígenas. En sus mantas y carteles se dieron cuenta de los reclamos y  las exigencias que tienen. Fue  una buena señal que el gobierno del estado haya hecho suya la demanda central del Consejo. Por el momento la batalla contra el hambre en esta temporada de secas, que ya se resiente en la Montaña, los pueblos la están ganando. Los primeros días de marzo serán definitivos para saberlo.