Niegan un amparo al núcleo agrario de Río Verde, Chilpancingo; podrían ser desalojados

*La comunidad está asentada dentro de las 784 hectáreas en conflicto con el ejido de San Miguel. Recrimina el abogado Gabriel Alonso de Jesús la falta de atención de las autoridades agrarias

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito de Acapulco, negó un amparo al núcleo agrario de Río Verde, municipio de Chilpancingo, y desde la semana pasada existe una sentencia del Tribunal Unitario Agrario (TUA) número 12 de esta capital, lista para ejecutar el desalojo de los aproximadamente 400 habitantes de la comunidad, entre ellos niños, mujeres y ancianos.
El desalojo es a petición de sus vecinos del núcleo agrario de San Miguel, también del municipio de Chilpancingo, con quien tienen un conflicto agrario por 784 hectáreas y dentro de éstas están asentados los habitantes que podrían ser desalojados.
Ante el inminente desalojo, el abogado de Río Verde, Gabriel Alonso de Jesús recriminó la falta de atención al caso por parte de la delegación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), el Programa de Atención a Conflictos Sociales en el Medio Rural (Cosomer) y la Subsecretaría de Asuntos Agrarios del gobierno estatal.
El conflicto agrario ya provocó hechos de violencia; hace 50 años la gente de San Miguel entró a matar a habitantes de Río Verde, en esa ocasión, recuerdan los de esta comunidad, hubo 10 muertos, y aun así no estuvieron dispuestos a ceder las tierras.
El abogado de Río Verde recordó que el conflicto comenzó cuando el gobierno federal dotó de tierras a San Miguel pero le entregó las parcelas en donde ya estaba asentada la comunidad de Río Verde. Además a esta comunidad no le dejó más que cerros agrestes y accidentados en donde no puede sembrar.
Por eso, explicó, aunque los habitantes de Río Verde reconocen que las 784 hectáreas que reclama San Miguel les pertenecen, no quieren cederlas porque no tienen a dónde ir a vivir y a sembrar, mientras que a los de San Miguel “hasta les sobran tierras”.
El caso se ventiló en el TUA número 12 de esta capital, y el Tribunal emitió su sentencia el 26 de marzo del 2013 a favor de San Miguel. Sin embargo, los habitantes de Río Verde recurrieron al amparo ante el Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito de Acapulco, pero también resolvió en contra de Río Verde.
“Nosotros nos fuimos al amparo sólo para retardar la ejecución de la sentencia, a sabiendas que lo íbamos a perder, pero pretendimos ganar tiempo con la finalidad de que intervinieran las autoridades administrativas, en este caso la Sedatu, la Subsecretaría para Asuntos Agrarios del gobierno del estado y Cosomer, porque es un conflicto que no se resuelve con la sentencia, por el contrario, sólo lo acerca a la confrontación”, manifestó el abogado.
Dijo que nadie de Río Verde está dispuesto a dejar sus casas, sus árboles, su panteón, su iglesia o las escuelas, “¿dime quien estaría dispuesto a dejar todo eso?”, cuestionó el abogado.
Y agregó que si fueran tres o cuatro personas, a lo mejor el gobierno los mete a la cárcel, pero se trata de todo un pueblo de más de 400 habitantes en donde hay niños, mujeres y ancianos.
“Esa situación nos impide obedecer la sentencia, suena mal, pero aquí no es un conflicto de legalidad, sino un conflicto social”, explicó.
Informó que en estas circunstancias la sentencia que emitió el TUA el 26 de marzo del año pasado, al resolverse el amparo en su contra, está lista desde hace una semana para ejecutarse y que sólo falta que los de San Miguel lo soliciten para que se dé el desalojo.
Agregó que mientras tanto la Sedatu y la Subsecretaría de Asuntos Agrarios no han tomado en serio el conflicto y no han intervenido para resolver socialmente, “seguramente creen que será mucho más fácil donar ataúdes que intervenir ahorita”, dijo Alonso de Jesús.