Los funcionarios de Tixtla están desesperados porque los ciudadanos ya saben que son delincuentes, dice la CRAC

*Niega que pertenezcan a algún grupo guerrillero. Buscará asesoría de Tlachinollan y medidas cautelares de la Codehum, adelanta el comandante de la Policía Comunitaria

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

El primer comandante de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de Tixtla dijo que el anuncio de las órdenes de aprehensión que hay contra sus compañeros es un acto de desesperación de los funcionarios municipales coludidos con la delincuencia organizada, porque se sienten descubiertos ante la ciudadanía, y negó que tengan vínculos con algún grupo guerrillero.
El dirigente se identifica con el  seudónimo El Compa, y negó su nombre con el argumento de que  la Policía Comunitaria de Tixtla no confía en el Ejército ni en las policías estatal y municipal, y ahora tiene una lucha contra la delincuencia organizada; por eso también los dirigentes se presentaron con el rostro oculto en una conferencia de prensa el martes.
Ayer, vía telefónica dijo que las autoridades municipales les fabricarán delitos para detenerlos después de que han denunciado que el alcalde perredista Gustavo Alcaraz Abarca y el director de Seguridad Pública municipal Rubén Reyes Cepeda y los policías preventivos municipales son integrantes del grupo delincuencial que opera en el municipio.
El martes, Reyes Cepeda informó que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) obtuvo órdenes de aprehensión contra al menos cinco integrantes de la CRAC de ese municipio, por una balacera que hubo el lunes frente a la casa del alcalde entre la policía municipal y la comunitaria, a quienes acusó de ser “guerrilleros”.
Después los integrantes de la CRAC denunciaron que los policías municipales protegieron a integrantes de la delincuencia organizada que se refugiaron en la casa del presidente municipal y ese fue el motivo del altercado.
Afirmó que el gobierno del estado protege a las autoridades municipales coludidas con la delincuencia organizada porque tienen un fin común, que es desaparecer a la CRAC de Tixtla, pero que las órdenes de aprehensión ya las había liberado el juez “desde hace tiempo” y que son siete, pero ahora lo dicen públicamente para intimidar a la organización.
Negó que la CRAC tenga vínculos con la guerrilla y recordó que los pobladores son los que eligen en asamblea a los policías comunitarios y consideró que “es ridículo que nos quieran relacionar, esa es una muestra de su desesperación”.
Recordó que la Policía Comunitaria está amparada por la Ley 701 de Reconocimiento, Usos y Costumbres de los Pueblos Originarios, en la que se estipula su derecho a la organización y a tener su propio sistema de seguridad y justicia, “somos legales y ellos lo saben”.
Dijo que buscarán asesoría del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, aunque también podrían pedir medidas cautelares a la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum).
Reiteró que el medio hermano del alcalde José Luis Ortega Abarca, La Gringa, era líder del grupo delincuencial que opera en el municipio y que cuando lo levantaron en octubre pasado fue por “sus propios sicarios que se le salieron de control”.