No hay riesgo de que desalojen a los habitantes de Río Verde, Chilpancingo, replica Jaimes Ferrel

*El ex delegado de la Procuraduría Agraria informó que en 2004 los ejidatarios obtuvieron sus títulos de propiedad. “Es claro que el abogado quiere hacer un problema grande donde no lo hay”, acusa

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Intereses políticos y económicos son los que pretenden enfrentar a los comuneros de los núcleos agrarios de Río Verde y San Miguel, municipio de Chilpancingo, declaró ayer el ex delegado de la Procuraduría Agraria (PA), Fernando Jaimes Ferrel, quien aseguró que los primeros no pueden ser desalojados porque cuentan con títulos de propiedad de sus parcelas y solares.
El ex funcionario federal informó que los documentos les fueron entregados cuando él estaba como delegado de la PA, el 21 de octubre del 2004.
El miércoles, el abogado del núcleo agrario de Río Verde, Gabriel Alonso informó que el Tribunal Colegiado de Acapulco negó un amparo a Río Verde y que por tanto el Tribunal Unitario Agrario de Chilpancingo, está a punto de ejecutar una sentencia de desalojo de los más de 400 habitantes de esa localidad por un conflicto agrario de más de 700 hectáreas de tierras, porque en una parte de ellas está asentada la localidad.
Consultado ayer al respecto, Jaimes Ferrel, quien estuvo al frente de la delegación de la PA en los sexenios panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón, aclaró que la sentencia que emitió el Tribunal Unitario Agrario (TUA) de ésta capital seguramente está relacionada con otras tierras pero que no incluye los solares en donde actualmente viven los habitantes de Río Verde ni los solares que siembran.
Aseguró que no pueden ser desalojados, porque los comuneros de San Miguel, “de buena fe” y en una asamblea acordaron entregarles sus títulos de propiedad de las parcelas y solares donde viven y que esto ocurrió el 21 de octubre del 2004.
“Lo que pasa es que aquí el asunto lo están maquilando para lucrar con el asunto. Es verdad que en el pasado los dos pueblos tuvieron conflictos, pero para resolver el problema el núcleo agrario de San Miguel certificó las tierras en donde viven los de Río Verde para que tuvieran certeza de que no serán desalojados del lugar donde viven”, explicó.
Informó que no entiende por qué el llamado del abogado Alonso de Jesús a las autoridades de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y a la Subsecretaría de Asuntos Agrarios del gobierno estatal para que intervengan puesto que el caso está resuelto.
Y luego denunció que en el conflicto hay intereses políticos y económicos de fondo “y en esos intereses el abogado pretende involucrar a los dos pueblos para que se confronten, pues él sabe que los habitantes cuentan con sus respetivos certificados parcelarios”, aclaró.
Cuando se le pidió que precisara el señalamiento de que hay intereses políticos y económicos que pretenden confrontar a los dos pueblos, el ex delegado de la PA sólo dijo que “es claro que el abogado quiere hacer un problema grande donde no lo hay”.
Insistió que los documentos con los que cuentan los habitantes de Río Verde, cuando menos de los solares que habitan y las parcelas que siembran fueron entregados cuando él era delegado, el 21 de octubre del 2004 y que con esos documentos no pueden ser desalojados como lo advirtió el abogado Alonso de Jesús.