Octavio Klimek Alcaraz

Derivados de las diversas Conferencias de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente: la de Estocolmo en 1972, la de Río de Janeiro en 1992, la de Johannesburgo en 2002 y nuevamente la de Río de Janeiro 2012, se asume que un compromiso de todo país y sus gobiernos es que se haga efectiva la planeación del desarrollo con una política ambiental de largo plazo. Debe existir, por tanto, un requerimiento de sustentabilidad en la definición de los planes y programas en todas las áreas de la administración pública, que garanticen la atención de los grandes retos ambientales del país.
Lamentablemente con el actual modelo de desarrollo del país este concepto sigue siendo un simple buen deseo. Los datos oficiales señalan que ya se tiene comprometida la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras, esto debido al agotamiento y la degradación de los recursos naturales en México.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), indica que en 2012 los costos totales de agotamiento de los recursos naturales y el deterioro ambiental equivalen a 6.3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del país (el PIB del 2012 fue igual a 15 billones 561 mil 472 millones de pesos, de acuerdo con el INEGI, 2014. Sistema de Cuentas Nacionales de México. Cuentas económicas y ecológicas de México, 2012 preliminar. Base 2008, México.
Este valor es equivalente a los costos totales por el agotamiento de los recursos naturales y la degradación ambiental, que equivalen a un monto de 985 mil 064 millones de pesos.
Del citado 6.3 por ciento del PIB en costos ambientales, el agotamiento de los recursos naturales equivale a un 1.7 por ciento y el deterioro ambiental a 4.6 por ciento del PIB.
El agotamiento de los recursos naturales abarca el agotamiento de los hidrocarburos (1.4 por ciento del PIB), del agua subterránea (0.2 por ciento del PIB), y de los recursos forestales (0.1 por ciento del PIB). Respecto a los costos del deterioro ambiental comprende la contaminación del aire (3.4 por ciento del PIB), la degradación del suelo (0.5 por ciento del PIB), la contaminación del agua (0.4 por ciento del PIB), y la generación de residuos sólidos (0.3 por ciento del PIB).
De la información del INEGI sobre el agotamiento de los recursos naturales debe resaltarse que en el tema de los hidrocarburos se destaca lo siguiente: “Referente al agotamiento de los hidrocarburos (petróleo y gas natural), se observó que el total de las reservas probadas, probables y posibles registraron una disminución de 0.8 por ciento en promedio anual, considerando el periodo 2003-2012. Lo anterior permite observar que de persistir el mismo ritmo de explotación del recurso (mil 495 millones de barriles de petróleo crudo equivalente anuales en promedio) su vida útil será de poco más de 30 años. Por otro lado, si se consideran solamente las reservas probadas de hidrocarburos, de acuerdo con los presentes niveles de explotación, se puede estimar una vida útil de alrededor de 10 años.”
Es decir, más temprano que tarde se agotarán los hidrocarburos en México, y es de enorme responsabilidad con las generaciones futuras hacer bien la tarea y prepararse para la transición energética con base en una economía baja en carbono, que libere al país de la adicción irresponsable de los hidrocarburos. Se ratifica que los hidrocarburos son cada día menos, y cada vez más caro el obtenerlos, por lo que deben valorarse y cuidarse, aprovechándolos con inteligencia y razón.
Es importante resaltar que los gastos relacionados a la protección ambiental equivalen al 14.5 por ciento de los costos por el agotamiento de los recursos naturales y la degradación ambiental, o a sólo el 1 por ciento del PIB (143 mil 066 millones de pesos). Es decir, la inversión requerida para reducir el daño ecológico en el 2012 debería haber sido de por lo menos 5.9 veces más que la registrada en dicho año.
La información anterior muestra con claridad que la carrera en contra del deterioro ambiental del país está perdida de antemano, si sólo se apostara a aumentar la inversión en protección ambiental.
Es evidente que en las políticas públicas no se han integrado las variables ambientales, junto a las sociales y las económicas. Al contrario, diversas políticas públicas en distintos sectores han favorecido la destrucción de los ecosistemas y los recursos naturales, y no su conservación. No sólo en el sector primario se observan esos ejemplos; prácticamente en todos los sectores de la economía como la energía, el transporte, los asentamientos humanos, entre otros, se conocen la gran desvinculación de programas con la variable ambiental.
El reto necesariamente es que las dependencias e instituciones de la administración pública en los tres órdenes de gobierno –no solo el federal– sean verdaderamente responsables, más allá de la retórica, de promover el desarrollo sustentable a través de sus diversos programas. El desafío es que estas dependencias e instituciones asuman un compromiso, que incorpore la variable ambiental en sus programas y acciones específicas, además de lograr que este nuevo desempeño ambiental sea posible medirlo con un sistema de indicadores.
Finalmente, lo que se requiere es modificar el modelo de desarrollo, que privilegia solamente el crecimiento económico en detrimento del medio ambiente y los recursos naturales del país. El objetivo sería disminuir o eliminar los actuales costos ambientales, tanto por el agotamiento de los recursos naturales, como por la degradación ambiental.
Por todo lo anterior, se requiere atender de manera urgente y prioritaria la dimensión ambiental del desarrollo del país, otorgarles en los programas de la administración pública un valor de importancia similar al que se le ha otorgado a los aspectos económicos y sociales del mismo. De no ser así, se seguirán dejando crecer lo
s problemas ambientales con escenarios probables de reducción del potencial de desarrollo de México en el mediano y largo plazo.