Apoyan organismos de derechos humanos una ley de amnistía lo más amplia posible

*La propuesta es que se incorpore a todos los luchadores que se compruebe que se encuentran presos por su activismo social, adelanta la Redgro

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Organizaciones que integran el Movimiento Popular Guerrerense (MPG) y organismos no gubernamentales de derechos humanos del estado apoyan una ley de amnistía amplia, en la que se incorpore a todos los luchadores sociales que se compruebe que se encuentran procesados y sentenciados por su activismo social.
Con ello, no sólo se beneficiarían los coordinadores y promotores de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) así como comandantes y policías comunitarios de la Casa de Justicia de El Paraíso, quienes se encuentran presos en diferentes penales del estado y del país.
El secretario técnico de la Red Guerrerense de Organismos Civi-les de Derechos Humanos, Ma-nuel Olivares Hernández, quien participa en las reuniones con la Secretaría General de Gobierno para la elaboración del preproyecto de dicha ley, informó ayer que allí los representantes de las organizaciones han pedido que la ley sea lo más amplia posible y que esté lista para su discusión en el Congreso local a más tardar a partir del próximo mayo “o cuando menos que la ley quede lista antes de que termine este periodo de gobierno”.
En un inicio, los dirigentes de las organizaciones del MPG convinieron con el gobernador Ángel Aguirre Rivero, el 27 de enero, una ley de amnistía para beneficiar con su libertad a los presos de la CRAC de la Casa de Justicia de El Paraíso, que actualmente enfrentan procesos penales en cárceles federales, como Nestora Salgado, recluida en un penal de Nayarit; Gonzalo Molina, quien permanece en una cárcel de Oaxaca, y Arturo Campos, quien enfrenta su proceso en la prisión de alta seguridad de Almoloya, Estado de México.
Olivares informó que ahora se han incorporado a la propuesta otros organismos civiles de derechos humanos que no participan en el MPG, como el Centro de Derechos Humanos de La Montaña, Tlachinollan; el Frente de Organizaciones Democráticas del Estado de Guerrero (FODEG); la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), y el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), que han acordado demandar al gobierno estatal que dicha ley sea más amplia y que se incluyan todos los luchadores sociales que se compruebe que tienen procesos penales abiertos o están sentenciados por su activismo en la lucha social.
Agregó que si se toma en cuenta este planteamiento, serían más personas las que se beneficien con dicha ley.
Dijo que “nos preocupa que no nos temen en cuenta, por eso vamos a estar pendientes para que nuestra propuesta no vaya a ser excluida del proyecto de ley que el gobierno del estado envíe al Congreso local”.
Informó que en las reuniones  con la Comisión Técnica de la Secretaría de Gobierno, una de ellas la del viernes, han visto que no hay ningún avance en la elaboración de la propuesta de ley y que la parte gubernamental les ha informado que primero están haciendo un análisis de las leyes de amnistía que se han aprobado en el país; entre ellas las que están vigentes de Veracruz y Chiapas.
Olivares informó que el secretario de Gobierno, Jesús Martínez Garnelo, les dijo que la van a elaborar también tomando en cuenta estándares internacionales y lo que ha recomendado en la materia la Corte Interamericana de Dere-chos Humanos (Coidh).
Pero dijo que la opinión de los representantes y dirigentes sociales y de organismos civiles de derechos humanos, es que “serviría mucho más que la ley fuera más allá de lo que hasta ahora ha recomendado la Coidh”.
Agregó que las organizaciones  están en espera de la propuesta que presente el gobierno, “y en caso de ser necesario, vamos a exigir que nuestra propuesta sea tomada en cuenta”.