Tlachinollan

Más policías y militares o el efecto cucaracha

*Centro de derechos humanos de la Montaña, Tlachinollan

*A Tita Radilla por su fuerza inquebrantable, a 100 años del nacimiento de su padre Rosendo Radilla.
Al Centro de derechos humanos José María Morelos de Chilapa, por sus 17 años de lucha en defensa de la población Indígena de la Montaña Baja.

Con el anuncio anticipado y cantado de diferentes formas, de que la ciudad de Chilpancingo quedaría bajo el mando de la policía federal y del ejército, es obvio que los grupos delincuenciales fueron advertidos de que su modus operandi tendría que bajar de perfil y que la plaza estaría supeditada a la estrategia implantada por las fuerzas federales. Con estos mensajes emitidos por las autoridades de los tres niveles de gobierno, los miembros del crimen organizado seguramente ya tomaron  las provisiones necesarias para cambiarse temporalmente de lugar, mientras pasan los reflectores televisivos que darán cuenta  de la presencia policial y militar en la capital del estado.
El informe de 2013 del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre la situación de los derechos humanos en México, enfatizó que un problema serio que persiste en nuestro país entre las fuerzas de seguridad y el sector judicial es la extensión de la impunidad y la corrupción.  Esta situación ha provocado que elementos del Ejército, la Marina y la policía Federal estén involucrados en casos de desaparición forzada, precisamente cuando implementan sus operativos de seguridad. Esos mismos problemas fueron señalados por varios países del orbe  en el marco del examen periódico universal (EPU)   de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Más allá de estas discusiones y cuestionamientos emitidos por los Estados, en el ámbito local, las autoridades se han casado con la idea peregrina de que a mayor número de policías y militares habrá en automático una mayor seguridad, al costo que sea; sin trastocar el sistema de justicia ni depurar los cuerpos de seguridad. Tirando por la borda  los derechos humanos de la población. Este razonamiento es falso y craso, porque mientras no se implemente una estrategia integral de seguridad, donde los derechos de los  ciudadanos y las ciudadanas sean el centro de toda la acción gubernamental, lo que se haga con las armas y las vidas de las personas no tienen ninguna justificación ni fundamento.
El solo uso de las armas es muy dado en gobiernos antidemocráticos que cuentan con instituciones sumamente débiles que están permeadas por la corrupción. Este arcaísmo político lleva  las autoridades municipales, a usar para su lucimiento, el mayor número de escoltas. La misma necesidad del trabajo obliga a los policías a quedar bien con sus jefes, a esquilmar al ciudadano que se deje y a tratarlo como delincuente potencial.   Esta forma rustica de gobernar, de no rendirle cuentas a nadie, de manejar las arcas públicas en la opacidad, de establecer negocios turbios con grupos de dudosa reputación y de tratar siempre a la población con la punta del pie, cuando exigen diálogo, manejo transparente de los recursos, atención a sus demandas, es lo que ha llevado al despeñadero la paz y la tranquilidad en las comunidades y cabeceras municipales. La galopante inseguridad y la escandalosa corrupción que impera en estos espacios de poder  orillaron a las autoridades federales y estatales  a investigar a los ediles,  por sus posibles vínculos con los grupos de la delincuencia organizada.
Es inconcebible que a pesar de que existen víctimas de desapariciones forzadas y que varias de ellas fueron asesinadas; que decenas de familias se vean obligadas a desplazarse para buscar refugio en comunidades vecinas a causa de la violencia implantada por el crimen organizado, o que la misma población se vea obligada a crear grupos de autodefensa para enfrentar al crimen organizado teniendo evidencias de la colusión que hay con las autoridades municipales, no existan hasta el momento investigaciones que pongan en el banquillo de los acusados a alguna autoridad municipal.
El mapa delictivo que cada municipio ha urdido bajo la aquiescencia de los mismos grupos políticos, es ahora la pesadilla de la población. Las autoridades en su afán de poder dejaron que fragmentos del territorio entraran en disputa entre los mismos grupos del crimen organizado y que varios giros comerciales quedaran bajo el control de la delincuencia. Las cuotas, las extorsiones y los secuestros son las exacciones  del crimen que cobran ante la incapacidad de las autoridades para gobernar. El vacio del poder es un alto dividendo para el crimen organizado que suele cobrar hasta con la vida de muchos  ciudadanos y ciudadanas.
Es tiempo de que las autoridades del estado informen con la verdad sobre lo que está pasando en varios municipios de la Tierra Caliente, Zona Norte, Centro,  Costa Grande y Acapulco, donde cada semana se registran decenas de asesinatos. Se están ocultando realidades que  nos hablan de una guerra silenciosa que está desangrando la vida de las comunidades rurales y que lo más inverosímil es que ninguna autoridad se hace responsable de atender y proteger a la población indefensa. Por el contrario, se distorsiona y trivializa la información. Se busca mostrar los hechos como diminutos y aislados, sin presentar indagatorias que den certeza de lo que se afirma en los medios.
La aparatosa estrategia de seguridad corre el riesgo de dejar en segundo plano todo el ámbito de las investigaciones ministeriales que la autoridad competente  tiene la obligación de dar con el paradero de los responsables de los crímenes que se han cometido en la capital del estado así como  en otras cabeceras municipales donde se han consumado asesinatos de dirigentes sociales que por su trabajo tuvieron diferencias y conflictos con los presidentes municipales.
Son los grupos de autodefensa y los mismos familiares de las víctimas quienes han hecho sus propias investigaciones y han descubierto cómo se urden los intereses de la delincuencia organizada con los grupos de poder municipal. La radiografía delincuencial les ha permitido dar con el paradero de grupos y personas que trabajan para el crimen organizado. Conocen sus rutas, sus escondites, sus centros de acopio, distribución, procesamiento y consumo de droga. Saben los giros comerciales que controlan y cómo reclutan a los jóvenes, así como su carrera delictiva.
A pesar de no contar con equipos sofisticados para la obtención de información ni con aparatos y grupos especializados en tareas de inteligencia, los grupos de autodefensa o policías ciudadanos, que son de origen campesino, han demostrado estar a la altura de cualquier agencia de investigación.  La diferencia estriba en que la población investiga a fondo y actúa de manera contundente y por su parte  las autoridades burocratizan la investigación, si es que no la tergiversan y la obstruyen. Esto sucede cuando se trata de casos donde se afectan intereses económicos lícitos e ilícitos de los grupos de poder. Pero cuando se trata de casos donde se encuentran involucrados  líderes de organizaciones sociales que son incómodos para las autoridades o que contravienen a los planes y proyectos económicos planteados por las elites, el órgano investigador integra averiguaciones de la noche a la mañana, o si no, se usa  a las fuerzas represivas del estado para amedrentar y reprimir a la población que defiende sus derechos.
La población ya tiene su propio diagnóstico sobre cómo están tejidas las redes de la delincuencia en sus comunidades y sus municipios, sabe que los grupos que atentan contra los ciudadanos y ciudadanas son reducidos, comparados con la ´población que se ha adscrito a las autodefensas, que en los hechos son miles en diferentes regiones. La gente sigue esperando que las autoridades actúen, que en verdad se deslinden de los grupos del crimen y que las autoridades competentes investiguen a las autoridades que están involucradas en hechos delictivos. Estará a la expectativa para ver qué resultados arroja la presencia de policías federales y militares en Chilpancingo. Sabe que por sí sola lo único que provocará es el efecto cucaracha, como ha sucedido en otros estados y municipios como Acapulco, donde los grupos se mudaron a las comunidades rurales y lograron expandir más su poder y su control territorial.
Las autoridades están más preocupadas por poner un dique a las autodefensas, porque es más importante cuidar la imagen de un estado donde supuestamente impera el derecho y que necesita demostrar su poder y su fuerza a ´propios y a extraños, que ser un verdadero garante y protector de los derechos de una población que yace sumergida en la violencia y la inseguridad.
Ya quedó al descubierto que el crimen organizado funciona siempre y cuando esté bien conectado con las redes del poder público, sobre todo con  las subterráneas; las que operan en los sótanos de los palacios de gobierno y también la de los túneles y los drenajes. Son las que interactúan abajo del escritorio, a tras mano, las que se hacen con total hermetismo.  Esto no se extirpará mientras sigan gobernando autoridades que le apuesten a la simulación, al doble lenguaje, a la demagogia pura, a tratar a la población como ignorante y retrasada mental. Seguirá si se mantiene intocado el sistema de corrupción, si se toleran acuerdos soterrados, alianzas encubiertas y pactos ocultos entre las autoridades locales y los grupos delincuenciales. Así es como crecen los engendros del mal, los imperios de la muerte como el del chapo  Guzmán que logró un maridaje idílico con un sin número de personajes siniestros del poder público, hasta que dejó de ser el personaje imprescindible para un sistema político decrépito,  que se ha robustecido gracias a la corrupción.