La crisis de los estudiantes asesinados sacudió al gobierno de Ángel Aguirre

Zacarías Cervantes / segunda parte

Chilpancingo

Una de las crisis más fuertes que sacudieron al gobierno de Ángel Aguirre Rivero en su primer año de gobierno, fue la que provocó el asesinato de dos estudiantes de la Normal de Ayotzinapa el 12 de diciembre de 2011, en el entronque de la Autopista del Sol y la carretera federal México-Aca-pulco, al sur de esta capital.
Allí, aproximadamente 300 estudiantes iniciaron a las 11 y media de la mañana un bloqueo a las dos vías. Pedían una audiencia con el gobernador para insistirle en la solución de un pliego petitorio que le habían entregado tres meses antes.
Solicitaban el mejoramiento de las instalaciones de su escuela, y exigían que se incluyera dentro de la convocatoria para los jóvenes de nuevo ingreso del próximo ciclo escolar un incremento a la matrícula escolar.
Pero 20 minutos después de haber instalado el bloqueo, comenzaron a ser presionados por agentes de la Policía Federal para que se retiraran, hasta que, posteriormente, reforzados con policías de la Preventiva Estatal y Ministerial del estado se consumó un violento desalojo con el uso de armas de fuego de alto poder.
De acuerdo con las investigaciones que realizó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre el caso, en el desalojo participaron 168 agentes; 61 de la Policía Federal,  73 de la Po-licía Ministerial de la Procura-duría General de Justicia del estado, y 34 a la Policía Estatal Preventiva adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública.
En el desalojo fueron asesinados a balazos los estudiantes Ale-xis Herrera Pino y Gabriel Eche-verría de Jesús. Tres más resultaron heridos, el más grave Edgar David Espíritu Olmedo, quien estuvo internado dos semanas en la clínica del ISSSTE.
De acuerdo con la CNDH, durante el desalojo se cometieron agravios contra 52 personas, incluidos los dos jóvenes asesinados y un trabajador de la gasolinera Eva II, Gonzalo Rivas Cámara, quien sufrió quemaduras durante el incendio de una bomba despachadora y falleció la madrugada del primero de enero del 2012.
Asimismo, 24 personas más fueron detenidas y según el organismo nacional fueron sometidos a golpes y agredidos con toletes.
También acreditó que un estudiante de 19 años fue victima de tortura y acusado “indebidamente de haber disparado un arma de fuego de las conocidas como cuerno de chivo”.

El famoso boletín del gobierno

En sus primeras declaraciones sobre el caso, el gobernador dijo que “nuestra vocación no es la represión, sino el respeto de los derechos de todos”. No dijo más. Fue escueto y omiso, ante las preguntas de los reporteros.
La noche del mismo 12 de di-ciembre, en un boletín se informó que el gobierno de Guerrero “reitera lo que ha planteado desde el inicio de la administración: como gobierno democrático nuestra vocación no es la represión, sino el respeto de los derechos de todos”.
Y agregó: “En lo que va del gobierno nunca se ha impedido la manifestación pública de las ideas que consagra la Constitución federal, mucho menos se han limitado las expresiones públicas de protesta”.
Aseguró que “con la base estudiantil” de la Normal de Ayotzina-pael gobierno ha propiciado una “total voluntad de diálogo para la solución” de sus demandas.
Seguidamente dio cuenta de las acciones del gobierno estatal a favor de la normal de Ayotzinapa.
Y concluyó que el gobierno de Aguirre “reitera su disposición para que los problemas y demandas de los diversos grupos de la sociedad guerrerense se resuelvan mediante el diálogo, el entendimiento y la concertación, con pleno respeto a la libre expresión de las ideas y manifestaciones, y sin más limitante que el respeto al marco normativo que nos rige, siempre con el indeclinable propósito de preservar la paz social que prevalece en la entidad”.
Sin embargo, en el comunicado, no se hizo ninguna mención de los dos estudiantes asesinados y de los cuatro heridos, ni de las 24 personas que fueron detenidas, algunas de ellas que nada tenían que ver en la movilización.
Por eso el incidente violento provocó conmoción social a nivel nacional e internacional y organismos civiles de derechos humanos condenaron los hechos y demandaron justicia. Incluso, organismos civiles estatales y nacionales exigieron juicio político en contra del gobernador Aguirre Rivero.
La petición, finalmente, fue presentada por la dirigencia estudiantil de la normal, asesorada por el área jurídica del Centro de Derechos Humanos de La Monta-ña Tlachinollan, ante el Congreso de la Unión, en donde permanece aún sin resolverse.

Ruedan algunas cabezas

Mientras tanto, Aguirre previendo consecuencias legales y políticas en su contra, determinó al día siguiente del desalojo la destitución del procurador  Alberto Ló-pez Rosas y del secretario de Se-guridad Pública y Protección Civil, Ramón Almonte Borja, dos de los responsables directos del desalojo, pero protegió a los presuntos responsables indirectos o intelectuales, el secretario de Gobierno, Humberto Salgado Gómez, de quien habría salido la orden para el desalojo,y la secretaria de Educación Guerrero, Silvia Romero Suárez, responsable de atender las demandas de los normalistas, motivo del bloqueo del que fueron desalojados.
También fueron destituidos el mismo 13 de diciembre, el director de la Policía Ministerial  Anto-nio Valenzuela Valdez, y el subsecretario de Control Policial de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil, el general Ramón Miguel Arreola Ibarria.
Paralelamente, la Procuraduría estatal liberó a los 24 detenidos durante  desalojo.
En los círculos políticos, mientras tanto, el violento desalojo encontró una reacción fría de las dirigencias del PAN, PRI y PRD, que apenas se manifestaron en rechazo a los modos.
A la pifia del boletín, que de mostraba una gran insensibilidad, el gobierno sumó la actuación del titular de la Procuraduría. En conferencia de prensa, por la noche del mismo 12 de diciembre, Alberto López Rosas dijo que durante el desalojo, los agentes ministeriales decomisaron un arma AK-47 cuerno de chivo a un manifestante de 19 años, “quien ya se encuentra detenido, primero se le decomisó un cartucho y luego fue él quien los llevó al lu-gar donde tenía escondida el arma”.
Pero todo fue una mentira, pues después se conoció que se trataba de Gerardo Torres Pérez, estudiante de Ayotzinapa, quien fue torturado luego de que le sembraron el arma para que se declarara culpable de haber disparado.
Incluso, Torres presentó una denuncia ante la misma PGJE el 19 de enero por el delito de tortura contra agentes de la PGJE.
Asimismo, organismos civiles de derechos humanos, en coordinación con la CNDH, solicitaron medidas cautelares para el estudiante, mismas que no han sido aplicadas, según los solicitantes.
La CNDH, en las conclusiones preliminares de su investigación, documentó las torturas contra Gerardo Torres, además de los tratos crueles e inhumanos aplicados a otras 23 personas.

Crimen de lesa humanidad

El episodio violento, ocurrido a nueve meses de haber iniciado la administración de Aguirre Rivero, ha sido calificado como un crimen de “lesa humanidad” por organismos civiles nacionales e internacionales de derechos humanos.
Tres meses después, la CNDH emitió un informe final de su investigación, y resolvió que con el desalojo se cometieron “graves” violaciones a los derechos humanos, pues se incurrió en la criminalización de la protesta social,  privación de la vida, se lesionó con arma de fuego y hubo detención arbitraria y tratos crueles, además de tortura e imputación indebida de hechos.
En su recomendación 1VG/2012 del 28 de marzo, el organismo nacional expidió 30 recomendaciones: 13 de manera conjunta al secretario de Seguridad Pública federal Genaro García Luna y al gobernador Ángel Aguirre; cuatro solamente al secretario; 11 al gobernador, y dos al presidente de la Mesa Directiva del Congreso local.
La CNDH reconoció la legitimidad de la protesta de los normalistas, la existencia de las violaciones graves a derechos humanos a 52 personas atribuibles a autoridades federales y estatales como  el uso irracional de la fuerza y empleo excesivo de las armas de fuego, así como la muerte de los estudiantes Jorge Alexis Herrera y Gabriel Echeverría.
También, que se torturó al es-tudiante contra el cual se intentó realizar una falsa imputación, las lesiones por disparo de arma de fuego infligidas a tres más, los tratos crueles y detenciones arbitrarias contra otros normalistas y personas ajenas al conflicto.
Asimismo la CNDH encontró que hubo una inadecuada atención a las víctimas y que la muerte del trabajador de la gasolinera no habría ocurrido si las corporaciones policiales hubiesen actuado respetando los protocolos relativos al uso de la fuerza pública en entornos de conflictividad social.
Sin embargo, en la resolución del organismo no se endosa responsabilidad alguna al gobernador, al secretario de Gobierno, Humberto Salgado, y a la secretaria de Educación, Silvia Romero, por acciones y omisiones que derivaron en esas “violaciones graves” a las garantías.
Y hasta ahora, la PGJE solamente ha consignado ante el juez y mantiene formalmente presos, a los policías ministeriales Rey David Cortés Flores e Ismael Matadama Salinas, por los delitos de homicidio, homicidio en grado de tentativa y abuso de autoridad.
Mientras tanto, un juzgado federal dictó auto de formal prisión contra el ex procurador López Rosas, por obstrucción de la justicia y encubrimiento.
También se ha dictado auto de formal prisión contra los subprocuradores Alejandro Hernández Paz y Puente y César de los Santos Mendoza, así como contra las agentes del Ministerio Público, Gloria Rocío Cruz Méndez, María Seberiana Peña Flores y Magdalena de Jesús Cruz.
Además del ex director de averiguaciones previas, José Vélez Zapata, todos por el mismo delito contra la administración de la justicia; sin embargo, los procesados se encuentran en libertad provisional bajo caución.