Tomás Tenorio Galindo

OTRO PAÍS

*Si El Chapo habla…

Pareciera que la captura de Joaquín El Chapo Guzmán está llamada a convertirse para el gobierno federal en uno de esos casos que generan más problemas de los que solucionan. En la conflictiva textura que empieza a adquirir esta detención se halla la explicación al hecho de que el jefe del cártel de Sinaloa haya podido permanecer intocado durante trece años después de su fuga del penal de Puente Grande, pues es posible que con ello haya sido pagado su silencio. Hoy en cambio, las autoridades están obligadas a explicar de forma convincente y exhaustiva cómo escapó El Chapo de una prisión de alta seguridad, y a revelar quiénes en el gobierno de Vicente Fox facilitaron esa increíble operación, y quiénes en el gobierno de Felipe Calderón patrocinaron su libertad. Más aún: quiénes en el sector empresarial y el mundo de los grandes negocios le ayudaron a consumar sus actividades ilícitas. Todo eso es lo que no se sabe más que por indicios y conjeturas extraoficiales, pues el gobierno no ha investigado ni castigado a los responsables de esos hechos, excepto a funcionarios menores y trabajadores operativos de Puente Grande.
“Vamos a conocer y a exhibir a quienes lo ayudaron a huir de la cárcel”, dijo el vocero presidencial Eduardo Sánchez el pasado 25 de febrero, tres días después de la captura de El Chapo Guzmán. “A los ciudadanos no nos es suficiente con que se detenga (a El Chapo)… hay una instrucción precisa, ahora que tenemos la posibilidad de la captura de esta persona, tenemos acceso a él y podemos interrogarlo, poder tener datos duros. También tenemos acceso a colaboradores y cómplices”, dijo el funcionario en una entrevista con Carmen Aristegui.
Es de aplaudirse tal compromiso, pero es de temer que se trate de pura retórica engañabobos. Un compromiso presidencial similar pero de proporciones infinitamente menores –la investigación de los permisos para construir en zonas inundables de Acapulco y el castigo a los responsables– no ha sido cumplido por el gobierno de Enrique Peña Nieto aparentemente porque resultan implicadas personalidades políticas del PRI (y varias del PRD). En consecuencia, ¿cómo conceder credibilidad al anuncio de que una vez que El Chapo suelte la sopa, el gobierno irá contra sus cómplices?
Un individuo que sin duda resultaría involucrado o por lo menos tendría mucho qué explicar en relación con El Chapo, es el ex secretario de Seguridad Pública de Calderón, Genaro García Luna, que también sirvió en posiciones de primerísimo nivel en la gestión de Fox, como la dirección de la AFI que sustituyó a la Policía Judicial Federal. Pero pese a la existencia de otros motivos y casos que lo implican –el aún no aclarado atentado de policías federales contra agentes de Estados Unidos en la zona de Tres Marías, por ejemplo–, García Luna disfruta de un placentero exilio en Miami, con la anuencia del gobierno estadunidense. Lo mismo podría decirse de los procuradores foxistas y calderonistas, uno de los cuales es el actual embajador de México en Washington, Eduardo Medina Mora. ¿A cuántos de estos peces gordos de los gobiernos panistas está dispuesto el gobierno de Peña Nieto a llamar a cuentas?
El imperio criminal y financiero de El Chapo no habría podido prosperar y expandirse sin la complicidad y participación de sus pares en el ámbito gubernamental y empresarial. La revista Forbes estima en mil millones de dólares la fortuna de Guzmán Loera, e información divulgada por el gobierno estadunidense afirma que poseía ramificaciones en diez países de América y España, en una red que involucra a 288 empresas, desde una tienda de ropa hasta aerolíneas, inmobiliarias, mineras y gasolineras. Para mantener activa esa compleja red, El Chapo tenía 230 operadores. Era un auténtico consorcio multinacional en el que él se desempeñaba como presidente del consejo de administración. (“Muestran imperio de El Chapo Guzmán”, El Universal, 28 de febrero de 2014).
Es posible que ante la dimensión de ese imperio, cuando Eduardo Sánchez dijo “vamos a conocer y a exhibir a quienes lo ayudaron a huir de la cárcel”, se refiriera en realidad a los custodios de la prisión, o al ejército de policías, comandantes municipales y agentes federales que brindaban protección y servicios ordinarios a El Chapo. Siempre estará al alcance de las autoridades esa salida para dar la apariencia de que cumplen con el compromiso de castigar a los cómplices del capo del cártel de Sinaloa, mientras ponen a salvo de la justicia a los verdaderos patrones de la estructura criminal.
A costa de la justicia, el silencio de El Chapo sobre su fuga y la identidad de sus cómplices fue en la práctica un factor de estabilidad a lo largo de los dos sexenios del PAN, y dado el cinismo que distingue al PRI, es impensable que el gobierno de Peña Nieto esté dispuesto a ventilar esas complicidades de alto nivel y asumir las consecuencias. De ser así, García Luna estaría en la cárcel. Una cosa, pues, es atrapar a El Chapo, y otra dejar que hable.
Quién sabe si eso mismo ocurriría de ser extraditado Guzmán Loera a Estados Unidos, como reclama Washington, lo que a su vez explicaría la postura nacionalista del gobierno de Peña Nieto al negar una extradición inmediata. Porque en manos de Estados Unidos, El Chapo se convertiría en un delator notoriamente peligroso para el gobierno mexicano y la clase política y empresarial del país, de ahí que resulte imperativo retrasar su extradición, a la que al final no podrá negarse Peña Nieto. Después de todo, la captura de Mazatlán se realizó en gran medida gracias al apoyo de la DEA.
De Medellín a Mazatlán
El Chapo fue detenido de una manera casi idéntica a la captura de Pablo Escobar, quien murió abatido en Medellín al hacer frente a la policía colombiana en diciembre de 1993 mientras trataba de escapar por el techo de la casa en la que se escondía. Como en el caso de El Chapo, la intervención de las agencias estadunidenses fue decisiva para localizar a Escobar mediante el rastreo de sus llamadas telefónicas, que en sus días finales eran principalmente a su familia. La intervención de la DEA en la detención de El Chapo ha querido ser minimizada por el gobierno de Peña Nieto, pero cada día aparece información que confirma lo decisiva que fue esa participación. Por eso el gobierno de Estados Unidos se siente con derechos sobre el reo.

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