El IEEG busca impedir las elecciones por usos y costumbres en 2015, acusa la UPOEG

El IEEG busca impedir las elecciones por usos y costumbres en 2015, acusa UPOEG

*La intención es que se agoten los tiempos para que no se aplique el ejercicio en San Luis Acatlán, dice Bruno Plácido. El retraso en el dictamen viola la Ley 701 y el mandato del Trife, sostiene la organización

Lourdes Chávez

Chilpancingo

El Instituto Electoral del Estado (IEEG) prorrogó por tercera ocasión la entrega del dictamen para la elección por usos y costumbres en San Luis Acatlán, para evitar que los comicios de 2015 se realicen de forma diferente, denunció el dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, Bruno Plácido Valerio.
En conferencia de prensa con el abogado de la organización, Manuel Vázquez Quintero, consideró que con la elección por usos y costumbres, que podría ampliarse a 26 municipios más si se aprueba en San Luis Acatlán, podrían ayudar a combatir los crímenes en el territorio comunitario, porque desde el nombramiento de los alcaldes y diputados locales como federales, algunos llegan comprometidos con delincuentes que les financiaron sus campañas a cambio de operar con impunidad.
El líder social informó que el IEEG pidió otro plazo de 30 días para entregar los resultados de la consulta al Congreso del Estado, y añadió que “así como trabajan los diputados locales”, la intención es que se agoten los tiempos para evitar que se legisle la elección por usos y costumbres en los municipios indígenas, con base en la Ley 701 de reconocimiento, derechos y cultura de los pueblos y comunidades indígenas.
En cuanto a los trascendidos de problemas en comunidades de Chilpancingo, donde opera el Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana (SSJC) de la UPOEG, anunció que el jueves la población del valle del Ocotito en asamblea decidirá si hace una evaluación de avances o retrocesos con la llegada de la Policía Ciudadana, y afirmó que se sujetarán a lo que diga la población.
En otro tema, aceptó que antes de la llegada de la Policía Federal para hacerse cargo de la seguridad de la capital del estado, habían estudiado ingresar a la ciudad para restablecer el orden como en otras localidades de la entidad, no obstante señaló que si las autoridades resuelven este problema, se darán por satisfechos.
El abogado comunitario Manuel Vázquez Quintero dijo por su parte que desde marzo del año pasado existe un fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife) para hacer un estudio antropológico y una consulta sobre la elección de usos y costumbres en San Luis Acatlán, y a la fecha no se han visto los resultados.
Recordó que luego que el Centro de Investigación y Estudios Antropológicos y Sociales (CIESAS) entregó el estudio antropológico, el IEEG se ha dedicado a retrasar la entrega de resultados para ganar tiempo.
Señaló que el último plazo que fijó para la entrega del estudio y de la consulta fue de tres meses y se vencía el 15 de febrero, pero pidieron  un mes más, que concluiría a mediados de marzo.
Consideraron que los retrasos del procedimiento que ordenó el Trife son violatorios de la Ley 701 y de sus derechos como pueblos originarios, porque están obstaculizando el procedimiento para arribar a elecciones por usos y costumbres.
Plácido Valerio añadió que las elecciones también son un instrumento para disminuir la delincuencia en Guerrero, porque muchos candidatos llegan a los cargos financiados por la delincuencia.
Explicó que con elecciones en asambleas abiertas se terminaría con la corrupción, porque sólo intervienen los ciudadanos que se conocen en la comunidad, y en los municipios que no son indígenas deberían buscar otros mecanismos para evitar los acuerdos oscuros.
Demandó al Poder Judicial que observe el cumplimiento de su sentencia, porque los funcionarios del IEEG están actuando de mala fe, no sólo en la obstrucción, sino en la aplicación de la consulta en las comunidades.
Quintero Vázquez añadió que en el fallo del Trife se establecieron los criterios de la consulta, que no se están cumpliendo, una consulta libre, informada y pacífica, con diálogo y consenso para evitar cualquier tipo de desorden o de violencia, además de equitativa y socialmente responsable de las instituciones.
Sin embargo, aseguraron que por lo menos en Pascala del Oro, Buena Vista, Horcasitas y la cabecera municipal, nunca se informó en qué consistía la sentencia del Trife antes de la aplicación de la encuesta que ha sido manipulada.
Insistieron en que el gobierno del estado y el Congreso local acaten con fidelidad el fallo del tribunal.
Agregó que el estudio antropológico ya estableció que sí hay condiciones para la elección por usos y costumbres en San Luis Acatlán, pero el IEEG está obstaculizando su derecho para proteger intereses de partidos políticos; “siguen pensando en el viejo método, no quieren cambiar”.
Adelantó que si no hay atención a esta demanda, van a organizarse con representantes de otros municipios para hacer un solo frente y pedir al IEEG que no siga violentando los derechos.
En otro tema, informó que el próximo jueves habrá una reunión en el valle del Ocotito para decidir una evaluación sobre el SSJC, que llegó a la población el mes pasado, porque han trascendido versiones de inconformidades por la destitución de comisarios en Ocotito y Palo Blanco.
Adelantó que también va a dialogar con el alcalde Mario Moreno Arcos, antes de fijar una posición sobre el gobierno municipal frente al SSJC que opera en Chilpancingo.
De las fuerzas federales que llegaron a la capital a encargarse de la seguridad, consideró que no deberían entrar a los pueblos con presencia de la Policía Ciudadana de la UPOEG, si no hay conflictos de seguridad.
Reconoció que estaban haciendo trabajos para conformar una policía ciudadana en Mazatlán, un poblado que está a unos 15 minutos de Chilpancingo en automóvil, “pero si llegan las autoridades, que entren”.
Aseguró que no van a confrontarse con ninguna corporación policiaca, como ocurrió en Acapulco, cuando la localidad de Xlatianguis se sumó al SSJC.
Al contrario, consideró que si hay un conflicto mayor, podrían participar ciudadanos y autoridades “porque al final de cuentas, todos queremos erradicar la delincuencia”.
Aclaró que no van a salir del municipio, a menos que lo decida la ciudadanía, pues no van a responder a criterios de las instituciones.
También confirmó la versión extraoficial de que la UPOEG quería entrar a Chilpancingo con el  SSJC, pero “si ellos restablecen el orden  no hay motivo para entrar a la capital, vamos a darle la oportunidad de que restablezcan la seguridad”.
Confirmó que el martes de la semana pasada la UPOEG ofreció una disculpa pública al Ejército ante funcionarios de la Secretaría de Gobernación, el cual fue grabado por el gobierno federal, por el incidente en El Pericón, municipio de Tecoanapa, en agosto pasado, donde vecinos cerraron el paso a un convoy de militares y los mantuvieron retenidos por dos días.
Consideró que los funcionarios recibieron información desvirtuada de que estaban contra el Ejercito, “se mal interpretó por intereses oscuros… esperemos que con esta disculpa se reanude el  diálogo con el gobierno federal, para encontrar una salida pacífica al problema de seguridad”.
Añadió que la confrontación atrasa, y “queremos solución de todos estos conflictos, sin caer en la provocación”.