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La arrestó la CRAC por defender a su marido, contradice una mujer de El Capulín a Villar

*La detención de uno de sus integrantes tiene motivaciones económicas, insiste la cooperativa. Acudirán ante instancias internacionales para que se revise la actuación del coordinador de San Luis Acatlán, advierten. Él ya aceptó que el problema de fondo no es una parcela, sino la explotación de grava, afirman

Representantes de la cooperativa El Capulín de la Costa, del municipio de Igualapa presentaron a la mujer detenida por la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) en una operación el jueves pasado y que el coordinador de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, Eliseo Villar Castillo negó que estuviera con ellos, María Cortés Ruiz.
En conferencia de prensa en Chilpancingo, María Cortés ratificó que fue llevada con su esposo por los policías comunitarios porque intentó evitar que se llevaran a su marido, lo encerró bajo llave en su casa pero abrieron la puerta con una barreta y se llevaron a los dos.
También dijo que cuando su esposo pidió que se detuvieran para ir al baño en el camino y le permitieron bajar el vehículo, los comunitarios dispararon al aire como una forma de intimidación. Dijo que ella fue liberada al siguiente día.
Familiares de los detenidos e integrantes de la cooperativa denunciaron que Manuel Piza Martínez de 74 años sigue desaparecido desde el jueves que la CRAC se llevó Pedro Piza Vázquez, pero creen que se encuentra incomunicado en la Casa de Justicia de San Luis Acatlán porque no tiene celular, no sabe leer, ni conoce los números telefónicos de sus hijos.
Del único detenido que reconoció tener Villar Castillo en San Luis Acatlán, insistieron en que está incomunicado y llamaron a los demás coordinadores de la CRAC a que revisen este caso, porque tiene motivaciones económicas.
Detallaron que desde que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) les otorgó la concesión de aprovechamiento de grava del río a la Cooperativa Capulin de la Costa comenzaron las agresiones.
Señalaron que quien ahora es el primer comandante de la CRAC en la localidad de El Capulín, Eliseo Ojeda Ponce cobró por 25 años derecho de piso a los vecinos de la población que querían cruzar el camino para aprovechar la grava y vendía a las casas materialistas de la región el material pétreo sin control.
También denunciaron que el segundo comandante es papá de un hombre que violó a una niña de 11 años y aunque en el 2010 se giró una orden de aprehensión en su contra no se ejerció porque buscó refugio en la CRAC.
Dijeron que no van a ir a la Casa de Justicia de San Luis Acatlán porque saben que hay órdenes de aprehensión en su contra y mientras Villar Castillo sea juez y parte del proceso no tienen confianza.
También señalaron que si el gobierno estatal no interviene acudirán ante instancias internacionales de derechos humanos para que se revise la actuación de Villar Castillo.
Mingo Piza aclaró que no tienen nada contra la CRAC, pero sí contra el coordinador de San Luis Acatlán y el primero y segundo comandante de El Capulín, que no fueron nombrados en asamblea, sino por Eliseo Villar, que los convirtió en sus incondicionales.
Precisaron que no hay policías comunitarios en la localidad. Los comandantes trabajan con vecinos de otros pueblos porque no tienen el apoyo de la población.
María Cortés indicó que su esposo fue detenido presuntamente por quemar una huerta de sandías que, precisó, eran tres surcos de 20 metros.  Indicaron que antes de la conferencia de prensa estuvieron con el subsecretario de Asuntos Políticos Misael Medrano Baza y le demostraron con testigos que el mismo hijo del presunto agraviado, Ojeda Ponce, quemó con pesticida su siembra de sandías porque no son campesinos.
Indicaron que Ojeda Ponce era chofer de la empresa Coca Cola pero lo corrieron desde que encontraron en su camión a un hombre muerto de Cochoapa, pero en una semana Villar Castillo lo exoneró y lo nombró comandante de la CRAC.
Mingo Piza dijo que Medrano Baza confrontó vía telefónica a Villar Castillo y este aceptó que el problema de fondo no es la parcela, sino la explotación de la grava.
Aseguraron que los comandantes de su pueblo han cometido muchas irregularidades y a Villar Castillo le pueden perdonar sus fechorías, “pero tiene que reconocer que están actuando mal”.
Señalaron que la cooperativa no ha podido aprovechar grava ni arena porque el paso fue cerrado con postes, no obstante, siguen haciendo declaraciones ante Hacienda, en ceros, y dando los informes que corresponden a la Conagua.  (Lourdes Chávez / Chilpancingo).

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