Marcial Rodríguez Saldaña

Nuevo código nacional de procedimientos penales vs federalismo

Ayer miércoles 5 de marzo del 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, que cambia radicalmente la tradición jurídica mexicana en materia procesal penal en cuanto a su codificación federal y estatal que conlleva una multitud de transformaciones en nuestro sistema normativo de justicia penal.
1.- En nuestro país se ha seguido el formato de un sistema de organización de un Estado federal en contraposición al Estado centralista en cuanto a los ámbitos de competencia de la federación y de los estados en materia procesal penal, por ello hemos tenido un Código Federal de Procedimientos Penales que se ha aplicado para los procesos penales federales y cada entidad federativa tenía su propio código de procedimientos penales, para los juicios penales locales. Así el Código Federal de Procedimientos aún vigente se aprobó en 1934 y abrogó el de 1904; y en el caso de Guerrero, el Código de Procedimientos Penales vigente se aprobó en 1993 y abrogó el de 1937.
2.- El Nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales tiene un catálogo de buenas intenciones en materia de justicia penal, especialmente en los nuevos mecanismos de justicia expedita mediante los juicios orales, obligación para los jueces de dirigir personalmente las audiencias –que han sido delegadas a los secretarios de los juzgados–, fortalecer los procedimientos de investigación, presunción de inocencia, protección del inocente, sancionar al culpable, reparación del daño, publicidad de las audiencias, mejoramiento del derecho a la defensa, mecanismos alternativos de solución como la mediación, entre otras.
3.- Uno de los problemas que enfrentará la aplicación de este nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales consiste en quienes tendrán la obligación de aplicarlo, en este caso los integrantes de los órganos de administración y procuración de justicia –magistrados, jueces, proyectistas, asesores, actuarios, ministerios públicos, policías judiciales o ministeriales, toda vez que no ha existido un programa de capacitación para que se aplique correctamente este nuevo código que tiene principios y normas de una nueva justica penal, más expedita y de aplicación de justica alternativa.
4.- Otra de las dificultades que habrá de sortear la puesta en marcha del nuevo código, se refiere a la aplicación de los juicios orales, que tienen como objetivo el de hacer la justica más pronta y disminuir el rezago en materia procesal penal. Hasta la fecha sólo ocho entidades de la república han modificado sus normas para introducir los juicios orales en su legislación procesal penal: Chihuahua, Baja California, Durango, Estado de México, Morelos, Nuevo León, Oaxaca y Zacatecas, pero no en todos los casos  se llevan a cabo los juicios orales ni en forma general en estos; en todos los demás que es la mayoría, aún no se realizan, y en muchos de ellos es por falta de recursos financieros.
5.- El nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, que derogará todos los Códigos de Procedimientos Penales en los estados y el Distrito Federal, obedece al retorno del centralismo político en México en detrimento del sistema federal consagrado como como uno de los principios fundamentales del Estado mexicano, representa el regreso a la concentración del poder presidencial, en deterioro de las facultades legislativas de los Congresos de los estados.
6.- La mayor dificultad que enfrentará esta nueva legislación en materia de procedimientos penales en México, es la corrupción que existe en muchas instancias de administración y procuración de justicia, en donde el ciudadano tiene la percepción de que la justicia se vende y se compra al mejor postor, ese es el mayor reto que tiene que resolver el gobierno de Peña Nieto. No bastan las buenas intenciones de nuevas leyes, lo que se requiere es combatir a fondo las causas sociales que propician la delincuencia y las prácticas gubernamentales que cultivan la impunidad. Solo de esta forma habrá un nuevo sistema de justica en nuestro país.

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