Humberto Musacchio

No viola derechos quien acata la ley
Tradicionalmente, las fuerzas armadas han desempeñado tareas policiacas por la corrupción e ineptitud de las corporaciones policiacas o por la cortedad de miras de los gobiernos civiles. Se les ha usado para reprimir a la oposición en procesos electorales, para romper huelgas obreras e imponer líderes charros en los sindicatos, para allanar centros educativos y aplastar a sangre y fuego la rebeldía juvenil.
Pero nada se compara a la espiral de violencia desatada por la irresponsabilidad de Felipe Calderón, quien cerró los ojos ante las nefastas consecuencia de sus actos, dejó el país anegado en sangre con el resultado de que la delincuencia, lejos de debilitarse, adquirió un poder de fuego nunca visto y se metió en el tejido social del que recibe el necesario cobijo comunitario que requiere todo negocio exitoso, sea o no legal.
Paralelamente, con su dinero y otros medios persuasivos el crimen organizado influye, corrompe y esteriliza todo lo que puede significar un peligro para sus negocios en la esfera estatal. Penetra con su gente las corporaciones policiacas municipales, estatales y federales, compra a los venales y copta a los indecisos, fenómeno que se repite en la judicatura, en los partidos políticos y en todos los niveles del gobierno civil.
En esas condiciones, se hace indispensable la intervención del ejército, la fuerza aérea y la marina de guerra, hecho que también deja a la intemperie la última línea de defensa de la nación, pues frecuentemente nuestros uniformados deben operar bajo la dirección de “asesores” extranjeros, sobre todo estadunidenses, aunque también españoles y hasta israelíes, lo que implica una ofensa a nuestros soldados e incide seriamente en la moral de combate, pues todo indica que esta guerra entre hermanos resulta en beneficio de otras naciones.
Destinar a funciones policiacas a nuestras fuerzas armadas tiene otra consecuencia nefasta: desde siempre con haberes exiguos, al ponerlas en contacto con tan formidable fuerza corruptora, se inocula en todos sus niveles el germen de la corrupción, en detrimento de la disciplina, la moral de combate y el respeto a las instituciones que deben defender.
Si se desconfía de las corporaciones policiacas por corruptas, al poner a las fuerzas armadas en las calles y en las carreteras, frecuentemente se acaba por sospechar que un jefe militar fue tentado por el narco y entonces se llevan marinos de guerra a cientos de kilómetros de las playas para ejecutar una operación y suponemos que, por similares razones, en sentido contrario se habrá realizado más de una tarea. En fin, que hay explicación para los comportamientos anómalos, pero ni siquiera eso permite justificar los abusos y delitos que se cometan en el cumplimiento del deber.
La semana pasada, Alejandro Miguel Vázquez Hernández, jefe de la Unidad Jurídica de la Secretaría de Marina, compareció ante la Comisión de Justicia del Senado y calificó de “inevitables” los abusos que se cometen en el combate a la delincuencia organizada, lo que dicho así parece extender una justificación a las violaciones a la ley, y eso en todos los casos es inadmisible.
Ante la inminencia de que el Congreso reforme el Código de Justicia Militar y endurezca las penas para los delitos castrenses, Vázquez Hernández recordó a sus interlocutores que “las tropas han sido asignadas a tareas que no les corresponden: nos pidieron limpiar la casa y ahora nos reprochan que nos hayamos empolvado”. Pues sí, pero ni eso justifica el que se viole la ley.