Tiene Gonzalo Molina seis causas penales y Arturo Campos tres, informa Tlachinollan

*Un juez de Acapulco se niega a aceptar la declaración del coordinador de la Casa de Justicia de El Paraíso de la CRAC, Bernardino García, revela Vidulfo Rosales. La criminalización de la lucha social de hoy es similar a la del gobierno de Zeferino Torreblanca, afirma el abogado Hegel Mariano

El promotor de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Gonzalo Molina González tiene seis causas penales en su contra, el asesor de la Casa de Justicia de El Paraíso, Arturo Campos Herrera, tres, y un juez de Acapulco se niega a aceptar la declaración del coordinador de esa casa, Bernardino García Francisco y retrasa su defensa, denunciaron los abogados de los integrantes de la Policía Comunitaria recluidos en diferentes prisiones dentro y fuera de la entidad.
El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, informó que para dar más agilidad a los procesos se dividieron los casos con otro grupo de abogados, pero el organismo civil sigue acompañando y pugnando por la libertad de todos los integrantes de la CRAC.
El abogado Hegel Mariano Ramírez indicó que siguen reuniendo información sobre las denuncias penales que hay contra los activistas porque podría haber más causas penales, y consideró que la criminalización de la lucha social es similar a la que denunciaron en 2008 organismos de derechos humanos, durante el gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo.
Recordó que entonces señalaron que había más de 200 causas penales contra dirigentes y luchadores sociales y mencionaban como ejemplo el caso de un líder indígena de Atlamajalcinco del Monte que tenía cuatro causas penales al mismo tiempo, pero  ahora Gonzalo Molina tiene seis, “cambian los gobernantes, pero es la misma política represiva”.
Rosales Sierra informó que los casos de los detenidos de la CRAC están en proceso de instrucción, con amparos y apelaciones en trámite. Respecto al proceso de García Francisco, preso en el penal de Acapulco, indicó que con otros detenidos en el penal de Acapulco en agosto presentaron su declaración en diciembre y el juez Cuarto de lo Penal se negó a aceptarla con argumentos poco fundados.
Explicó que el juez, como pretexto, dice que se negaron a declarar en un principio, así que presentaron un amparo por la negativa que impide que su procedimiento ocurra de manera rápida.
Por otro lado indicó que hace dos semanas el Movimiento Popular Guerrerense (MPG) entregó al secretario de Gobierno, Jesús Martínez Garnelo, el proyecto de la Ley de Amnistía para liberar a luchadores sociales en prisión, donde tienen pensado incluir todos los casos de la CRAC.
Acordaron que tras los festejos del Día de la Bandera en Iguala se fijaría una nueva fecha para instalar una mesa técnica y verificar los aspectos técnicos de la ley, recordó.
Reconoció que ha habido mucha lentitud en el proceso porque han cancelado audiencias y el MPG no termina su proceso de integración, “hay muchas aristas que impiden que camine rápido la Ley de Amnistía”.
Por otro lado, en consulta telefónica, Mariano Ramírez informó que hasta ayer han ubicado seis expedientes penales en contra de Gonzalo Molina, cuatro por delitos federales y dos por delitos del fueron común.
Indicó que los procesos federales se encuentran en el juzgado Séptimo de Distrito en Chilpancingo, el primero 67/2013 por la portación de arma de fuego, el 76/2013 por delincuencia organizada, el 57/2013 por portación de arma de fuego y el 60/3012 por delincuencia organizada.
Los casos del fueron común son: 157/2013-2 por terrorismo y otros delitos en el juzgado Cuatro de Primera Instancia del Ramo penal del distrito judicial de los Bravo, y el  206/3013-2 por secuestro agravado que estaba en el juzgado Tercero pero fue remitido a Tlapa porque está relacionado a la causa penal contra la coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado García, quien fue enviada al penal federal de Tepic, Nayarit.
En su caso, indicó que hay dos amparos en trámite, el 1368/2013 contra el auto de formal prisión en el juzgado tercero de Distrito en Acapulco, y el 1746/2013 contra la orden de traslado a un penal federal fuera de Guerrero en el juzgado Tercero de Distrito en Chilpancingo.
De Campos Herrera informó que encontraron dos causas penales en su contra del orden federal y una del fuero común en el expediente 76/2013 por delincuencia organizada, radicado en el juzgado Séptimo de Distrito, el 191/2013 por secuestro en el juzgado Cuatro penal de primera instancia del distrito judicial de Tabares, en Acapulco.
Promovieron dos amparos a su favor el 1368/2013, contra el auto de formal prisión en trámite ante el juzgado Tercero de Distrito en Acapulco, y el amparo 1273/2013 contra la orden de traslado e incomunicación en la que se le mantuvo ante el juzgado Octavo de Distrito en Acapulco.
Señaló que la revisión de los expedientes los ha retrasado porque son de hasta 3 mil fojas, porque incluyen, entre otros, largos informes de Gobernación Estatal que solicitó la Procuraduría General de Justicia del Estado para hacer parecer más graves las acusaciones.
No descartó que antes de que sean resueltos los asuntos legales las autoridades estatales decidan regresar a los detenidos a Guerrero, para no verse evidenciados por el Poder Judicial. (Lourdes Chávez / Chilpancingo).